Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno (CC-PNC-CCN y PSC) han votado en contra de la propuesta del Partido Popular (PP) de “reconsiderar la estructuración orgánica” del Ejecutivo hasta dejarla en tan solo seis consejerías: Turismo y Estructura Económica; Finanzas y Hacienda; Sanidad y Dependencia; Infraestructura y Territorio; Enseñanza y Formación y, por último, Presidencia, Seguridad y Justicia.
“Aquí si estamos hablando de ajustes y de desinflar la Administración pública”, aseguró el diputado Asier Antona durante la defensa de su propuesta de resolución.
Para Antona, “estos seis departamentos recogen una organización coherente” del gabinete que permite un “ajuste presupuestario que repercuta en beneficio de las políticas esenciales” como la Educación, la Sanidad y la Dependencia.
Sin embargo, para el portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, la demagocia del PP se demostró desde el momento en el que en su propuesta “no refleja el discurso de disminuir empresas públicas, entes y sociedades”, a la que la propuesta de los conservadores ni siquiera hace mención.
“No dudamos que seis consejerías con personas afines a José Manuel Soria pueda funcionar, pero no nos sirve”, dijo Barragán.
Por tanto, y con la abstención del Grupo Mixto, el Pacto sacó adelante el visto bueno del Parlamento al considerar “apropiada” la estructuración orgánica del gabinete, que ha reducido catorce altos cargos en las Consejerías, lo que supone un “ejercicio de austeridad y eficiencia en la gestión pública”.
En los que sí hubo unanimidad es en aprobar las propuestas del Pacto y del PP que hacen referencia a que, “dentro de las disponibilidades presupuestarias”, el Ejecutivo garantice “las políticas públicas de cobertura social y a los sectores de la población en riesgo de exclusión social”, además de la Educación, la Sanidad y la aplicación de la Ley de Dependencia.
El Grupo Mixto sí apoyó la propuesta del Pacto mediante la que la Cámara conmina al Gobierno “a continuar con el redimensionamiento de la estructura pública empresarial”, de tal forma que la acción de las empresas públicas canaria “no suponga un desincentivo para el tejido empresarial canario” y para “su capacidad emprendedora”.