La secretaria general del Ayuntamiento de Arona ha determinado que el alcalde de este municipio, el nacionalista José Alberto González Reverón, debe dimitir o ser destituido por incompatibilidad sobrevenida, toda vez que en junio pasado fue condenado a cuatro años y seis meses de inhabilitación absoluta o especial por prevaricación, y eso aunque la sentencia no sea firme, de acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
Dicha ley, reformada en 2011, obliga al cese o dimisión de los cargos elegidos electoralmente que hayan sido condenados por delitos castigados con inhabilitación especial, como es el caso del alcalde de Arona, condenado por prevaricación por el juzgado de lo Penal 1 de Santa Cruz de Tenerife por haber contratado a dos personas en el Ayuntamiento sin haber sacado la plaza a concurso público. Es lo que se ha conocido como caso Enchufe.
La sentencia, que fue notificada por el juzgado en julio pasado, no llegó a la Secretaría General del Ayuntamiento, sino únicamente al propio alcalde, que se negó a informar de ella, lo que motivó que en los dos últimos plenos los concejales de la oposición (Ciudadanos por Arona, PSOE y PP), abandonaran la sala, tras prohibir el alcalde que se informara oficialmente de su condena y sus repercusiones.
Por su parte, la secretaria, Tania Rodríguez Regueiro, sostenía que, sin un conocimiento oficial de la sentencia no podía pronunciarse. Tras muchos vericuetos, ese conocimiento le llegó la semana pasada, con una copia testimoniada del propio juzgado que le entregaron en mano los miembros de la oposición.
La Junta Electoral Central lo ratifica
Para más inri, fue otro partido fuera del gobierno aronero, el CAN-CCN de Manuel Barrios (quien también estuvo acusado por el 'caso Enchufe' pero salió absuelto), el que solicitó a la Junta Electoral Central que aclarara si el alcalde nacionalista debía dejar su cargo tras la sentencia, de acuerdo con el artículo 172.2, en relación con los artículos 178 y 6 de la LORGE, lo que la Junta Electoral Central ratificó.
Tras la conclusión de la Junta y la copia testimoniada de la sentencia, la secretaria informó este lunes que “de una interpretación literal de la Ley, la sentencia dictada en una primera instancia, aunque no haya adquirido firmeza, determina la concurrencia de una causa de incompatibilidad”, cuando la condena lo sea “por inhabilitación especial o general, o de suspensión de empleo o cargo público”.
Como consecuencia, el Ayuntamiento ha tomado conocimiento de la sentencia “por la que se condena a José Alberto González Reverón como autor penalmente responsable de un delito de prevaricación(?)que consecuentemente determina la concurrencia de una causa ex lege, produciéndose el cese en el cargo público”.
Pleno suspendido “in extremis”
Ese pronunciamiento de incompatibilidad debería llevarse a cabo en el próximo pleno municipal, previsto para este jueves, pero la convocatoria ha sido suspendida por el propio González Reverón. Cuando se produzca el cese, deberá ser comunicado a la Junta Electoral Central.
Ahora queda otro camino por recorrer, ya que todos los acuerdos, firmas y decretos del alcalde serían nulos de pleno derecho desde el mismo día en que fue condenado, el pasado 28 de junio. Y no solo eso, sino que Intervención ya advirtió de la nulidad de las nóminas cobradas por González Reverón, que son cuatro desde el fallo que emitió la magistrada de lo Penal 1, Cristina Guerra Pérez, y que debería devolver a las arcas públicas.
No solo eso, sino que el abogado Felipe Campos ya prepara una denuncia ante Fiscalía por posible prevaricación por estos meses de “alcaldía ilegal”.
José Alberto González Reverón es el único alcalde ejerciente en Canarias, y uno de los pocos cargos públicos en España, con una condena de inhabilitación a sus espaldas. Ocurrió un caso similar el Galicia, pero el alcalde dimitió por propia voluntad.