Sí se puede ha pedido este miércoles la anulación del registro de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en Canarias de acuerdo al estudio encargado por el Gobierno estatal y la extensión de esta investigación a toda la etapa de la dictadura franquista.
Paco Déniz, miembro de Sí se puede y diputado autonómico por la coalición Sí Podemos Canarias, destaca que “hay más bienes de los que están incluidos en ese listado y queremos recuperar todos los bienes apropiados de manera ilícita por la jerarquía eclesiástica” y remite a la Ley Hipotecaria franquista de 1946, derogada finalmente, pero con una eficacia temporal que deja inalteradas algunas inscripciones eclesiásticas, que se mantienen de manera injustificada.
Déniz pone como ejemplo el caso del quiosco y la plaza de la iglesia de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, que fueron apropiados por el Obispado en 1985, unos 13 años antes del periodo en el que comienza el informe impulsado por el gobierno de Sánchez (1998-2015), y que forma parte de una serie de situaciones similares a las que está dando seguimiento a través de su labor como diputado autonómico en el grupo parlamentario de la coalición de la que forma parte Sí se puede, junto a Equo y Podemos.
A juicio de la organización, las instituciones tienen que intervenir de oficio y declarar la nulidad de la propiedad eclesiástica de estos bienes, por lo que llama a la FECAM y a los ayuntamientos de Canarias a actuar de manera inequívoca para deshacer este expolio. Asimismo, Sí se puede considera insuficiente el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la jerarquía católica, que solo reconoce unos 1.000 de los casi 35.000 bienes que han sido detectados como inmatriculados indebidamente a partir de 1998.
En lo que respecta a Canarias, la Iglesia solo reconoce que ha inmatriculado de manera irregular el 23% de las propiedades inscritas en las islas entre 1998 y 2015. “Los únicos bienes que son de todos son los públicos; el argumento de los obispos sobre que el control de determinadas propiedades, como capillas y templos, por parte de la Iglesia es la forma de asegurar el cuidado de los bienes de toda la ciudadanía no es aceptable”, añade Déniz.
La Iglesia Católica se basa en dos normas franquistas para justificar estas apropiaciones indebidas, que constituyen un auténtico despojo de los bienes públicos. Se trata del artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946, que equiparaba a la Iglesia con una administración como una corporación de derecho público a la hora de inscribir bienes de dominio público en el registro de la propiedad sin necesidad de demostración de la titularidad de los bienes afectados. A ello se suma el artículo 304 del Reglamento Hipotecario, que equiparaba a los diocesanos con notarios y, por tanto, los autorizaba a ejercer labores de inscripción de bienes a su nombre.
El gobierno de Aznar (PP), amplió en 1998 los bienes que podían ser registrados al suprimir la prohibición de inscribir en el registro de la propiedad las iglesias destinadas al culto, lo que facilitó la sustracción del dominio público de bienes con un alto valor histórico, cultural, patrimonial y económico. Finalmente, también un gobierno del PP, en este caso, presidido por Rajoy, cambió la Ley Hipotecaria en junio del 2015, ante el temor a un recurso de inconstitucionalidad, de manera que se eliminó este privilegio censal y se puso fin a un abuso de derecho que ha supuesto la legalización de una apropiación indiscriminada de bienes a favor de la Iglesia Católica.