El Tribunal Supremo (TS) acaba de emitir una sentencia por medio de la cual garantiza la continuidad de tres locales comerciales situados en el Anexo II de Playa del Inglés actualmente afectados por el deslinde fijado por la Dirección General de Costas del año 1995. El propietario de establecimientos construidos en el año 1983 en los que se ubica un restaurante de comida rápida impugnó primero sin suerte esta delimitación y a continuación pidió al organismo estatal que prorrogara la concesión para ocupar este suelo donde también se encuentran más de un centenar de establecimientos. Tras la negativa de Costas a que estos negocios permanecieran en su actual ubicación, el propietario recurrió al Supremo, que ha venido a darle ahora la razón. El Alto tribunal considera que efectivamente este empresario tiene derecho a una concesión por treinta años, prorrogable por otros treinta más a contar a partir del año 1998, momento en el que el deslinde se hizo firme.
El Anexo II de Playa del Inglés se ha convertido en una de las cuestiones más controvertidas a las que ha tenido que hacer frente la Dirección General de Costas en Canarias tras la aplicación de la nueva legislación. Este centenar de establecimientos fueron ubicados en dicho lugar antes de la entrada en vigor de la ley y a partir de aquí han quedado en situación de fuera de ordenación al verse afectados por el nuevo deslinde. Ahora su continuidad parece más clara ya que esta sentencia puede sentar un precedente para garantizar su supervivencia, al menos, durante medio siglo más.Para el Tribunal Supremo quedan pocas dudas de que fue la Administración la que retrasó la resolución sobre la concesión , aunque acto seguido rechaza la petición de indemnización que había planteado el empresario. No obstante, esta nueva autorización se aplicará “sin abono de canon alguno y con respeto a los usos y aprovechamientos actualmente existentes”.
Los empresarios del centro comercial Anexo II de Playa del Inglés han emprendido desde hace años una batalla judicial para evitar que la ley de Costas les arrebate sus 118 locales de los que viven directamente 700 familias, además de los mil puestos de trabajo indirectos que generan los diferentes comercios, según indicó hace algunos meses la portavoz del grupo de afectados, Rosa Dávila. Incluso estos empresarios han acudido a Bruselas con el fin de defender los que consideran sus legítimos derechos. Anexo II cuenta con todas la bendiciones administrativas desde 1979, cuando se realizaron las obras. No obstante, en 1995 se realizó un deslinde en virtud del cual el Gobierno español amplió el dominio público marítimo terrestre y de esta forma los locales comerciales, todos ellos de titularidad privada, pasaron a estar sujetos a la petición de concesiones para poder abrir sus puertas.
A juicio de los empresarios “la Ley de Costas estafa a los propietarios del centro comercial Anexo II, pues prevé indemnizarles con un derecho que ya tenían de forma ilimitada e ininterrumpida, y que ahora queda restringido a determinados usos y por un plazo de tiempo limitado”. Los afectados reprochan el interés del Estado español en “confiscar la titularidad de los terrenos donde se encuentra el centro comercial Anexo II, y en clara vulneración del derecho a la propiedad reconocido por la legislación española y comunitaria”. A finales de la década de los años noventa el entonces alcalde, José Juan Santana, junto con el colegio de arquitectos, convocó un concurso de ideas para rehabilitar este entorno, aunque el resultado del certamen nunca se ha llegado a plasmar en la realidad.