Televisión Canaria oculta informes jurídicos que cuestionan la legalidad de un concurso de 144 millones de euros
Si usted está interesado en participar en el concurso público “para la contratación por procedimiento abierto, por parte de la Televisión Pública de Canarias, S.A., del servicio de prestaciones técnicas y materiales para la ejecución y emisión de programas informativos y servicios complementarios”, sepa que no va a tener acceso a toda la documentación necesaria para comprobar si los pasos dados por el ente público Radiotelevisión Canaria tienen aval jurídico suficiente.
El presidente del consejo rector de RTVC, constituido en administrador único de la Televisión Pública de Canarias, ha contestado por escrito a este periódico que los informes jurídicos del catedrático Martín Orozco acerca de la idoneidad de que este mismo administrador único sea además órgano de contratación no están a disposición de los interesados. Y eso, entendiendo que el órgano de contratación admita como “interesado” al administrador único de una sociedad con epígrafe fiscal suficiente como para estar interesado en presentar una oferta a esa licitación, porque ni siquiera eso ha sido consentido.
De acuerdo con la contestación por escrito que aparece firmada por Santiago Negrín, los informes jurídicos de Martín Orozco según los cuales pudo constituirse en órgano de contratación sin contar con el aval del consejo rector que preside no son “información complementaria” que haya que aportarse a los interesados, sean estos licitadores o personas físicas o jurídicas que las reclamen al ente público.
Esos dictámenes contienen algunos puntos contradictorios que pondrían en tela de juicio el modo en que se ha conducido Negrín en este proceso, lo que se convirtió en el detonante para que el jurista que los elaboró pidiera formalmente la liquidación del contrato de asesoramiento que le unía a RTVC.
Para no tener que incluirlos en el pliego de condiciones administrativas, a pesar de ser el de la capacidad del órgano contratante unipersonal la cuestión más controvertida de esta convocatoria, Santiago Negrín ha decidido no considerarlos ni “información relevante” a aportar durante el proceso de licitación ni “documentación complementaria” necesaria para configurar adecuadamente el expediente.
El concurso para la provisión de los servicios informativos de la Televisión Canaria tiene un montante de 144 millones de euros durante su vigencia de ocho años. El actual vence el próximo verano, lo que ha conducido a Negrín a publicar las bases de una nueva convocatoria sin someterse al consejo rector de RTVC alegando que quien convoca es una empresa pública dependiente del ente, la Televisión Pública de Canarias, lo que le exoneraría de someterse al control del órgano designado a tales efectos por el Parlamento de Canarias y hacerlo de modo unipersonal.
Negrín está en minoría desde que el único consejero que hasta ahora le apoyaba, el economista Alberto Padrón, designado a propuesta del PP, recibiera instrucciones de ese partido de dejar de hacerlo.
Además, Negrín está actuando completamente a espaldas del Parlamento de Canarias, que lo eligió, contando solamente con el apoyo del grupo parlamentario de Coalición Canaria (18 diputados de 60).
Los próximos días serán cruciales para conocer si el PSOE cumplirá con su compromiso de sumarse a toda la oposición (PP, Podemos y Nueva Canarias) para removerlo y, acto seguido, constituir un nuevo consejo rector que convoque de inmediato un concurso con respaldo democrático suficiente.
