El Gobierno de España ha destinado en un año 330 millones de euros a la emergencia migratoria que vive Canarias. Así lo ha asegurado este viernes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El dirigente socialista responde así a las acusaciones del presidente canario, Fernando Clavijo (CC), quien asegura sentirse abandonado por el Estado en materia migratoria. ''Hemos hecho el máximo de los esfuerzos'', sostiene Torres.
Clavijo ha incendiado en los últimos meses las relaciones con el Gobierno central. El pasado 18 de septiembre, tras la visita del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, el líder de CC aseguró sentirse más comprendido por la Unión Europea que por el Estado. El presidente autonómico hizo estas declaraciones después de que Schinas anunciara una inyección de 14 millones de euros para mejorar los sistemas de acogida e las islas.
En este punto, Torres recuerda a Clavijo que el Gobierno español ha destinado ''más de 300 millones al fenómeno migratorio que ha llegado a Canarias''. ''De mayores y de menores'', aseveró el ministro en una entrevista concedida a Radio Televisión Canaria. El socialista ha defendido que el Estado diseñó un plan para acoger y derivar a la Península a los adultos, sobre quienes tiene las competencias el Gobierno central.
En cuanto a los niños y adolescentes, competencia de la comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres subraya que no pueden ''estar hacinados en los territorios frontera''. Sin embargo, defiende que el Estado puso sobre la mesa soluciones, como la reforma de la Ley de Extranjería. Esta modificación buscaba establecer un reparto obligatorio de menores entre todas las autonomías. Sin embargo, fue tumbada en el Congreso por el Junts y el Partido Popular, socio de Coalición Canaria en el Ejecutivo autonómico. ''Elevar el tono, sí, pero contra quienes votaron en contra'', insiste Torres.
''Creo que sobraba ese desencuentro permanente del Gobierno canario contra quien le está ayudando, que es el Gobierno español, y mucha tibieza con quien votó en contra el 23 de julio'', concluye.