La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado nulas las concesiones para los canales de televisión digital terrestre (TDT) que el Gobierno que preside Paulino Rivero concedió en 2007, según publica el digital Elblogoferoz.com. Esta nueva sentencia se une a otras tantas falladas a lo largo de la presente legislatura en las que el TSJC considera que el concurso de adjudicación de 48 licencias es nulo debido a que la Mesa de Contratación hizo dejación de sus responsabilidades.
La nueva sentencia, fallada el martes, 19 de abril, hace por primera vez mención a la nulidad de todas las concesiones otorgadas por el Gobierno en su conjunto, y no por las distintas demarcaciones insulares, comarcales y regionales, como hasta ahora había fallado.
Por tanto, el TSJC anula el Decreto 377/2007 del 16 octubre del primer año de la legislatura de Rivero como presidente, que fue el que adjudicó las concesiones para la explotación de canales de TDT, de ámbito local, con cobertura municipal o insular.
Según informa Elblogoferoz.com, la Asociación (ONG) Ojos Solidarios ha sido la impulsora de este procedimiento judicial número 351/2008, y a pesar de ser adjudicataria en la demarcación de Mogán, presentó el recurso judicial por entender que también debía de ser concesionaria en toda la isla de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura por ser el área de cobertura donde realiza su actividad audiovisual.
Ojos Solidarios, representada por Diez & Romeo, es la única entidad que ha obtenido 2 sentencias favorables a la nulidad del concurso, consiguiendo así el mantenimiento de sus emisiones.
“La declaración de nulidad de pleno Derecho del Decreto 377/2007 supone su abrogación del mundo del Derecho, en el cual únicamente pudo revestir una mera apariencia de legalidad en tanto no resultó formalmente anulado”, afirma la sentencia.
Y, una vez más, se manifiesta por el Tribunal que “es también doctrina jurisprudencial reiterada la que declara que la eliminación del acto impugnado en vía jurisdiccional da lugar a la desaparición del presupuesto necesario para la formulación de pretensiones que pudieran ser objeto de ulteriores recursos, de suerte que no resulta viable hacer pronunciamientos sobre aspectos del contenido de un acto que ha desaparecido del mundo jurídico por virtud de la sentencia anulatoria”.
Incongruencia
Respecto al aluvión de sentencias, el 10 de marzo de 2010 el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno, José Miguel Ruano, tachó en el Parlamento de Canarias de “incongruente” la sentencia que anulaba el concurso regional de adjudicación de los canales de TDT.
Ruano afirmó en sede parlamentaria, a instancias del Grupo Socialista, lo que cuestionaba el TSJC era que el Gobierno recurriera a una empresa externa para evaluar las ofertas presentadas, “y eso es una práctica habitual que han hecho otras comunidades como Baleares, Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana”.
Por tanto, y tras anunciar que el Ejecutivo había recurrido ante el Tribunal Supremo, reiteró que era una “incongruencia” que el TSJC basara su sentencia en algo que además no había alegado ninguna de las empresas que recurrieron el concurso.
Daños y perjuicios
Esta nueva anulación sitúa a todos los licitantes en el momento anterior a la valoración de los proyectos técnicos por la Mesa de Contratación, con las consecuencias jurídicas de no tener por concesionarios a las empresas que ganaron las licencias televisivas en el 2007.
Varias adjudicatarias ya están preparando la reclamación al Gobierno de Canarias por los daños y perjuicios causados al repartir unas licencias que han sidoanuladas en los Tribunales de Justicia.