La fiscal delegada de Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valverde de El Hierro que cite a declarar en calidad de imputado al alcalde de Valverde, Agustín Padrón Benítez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos en el caso piscina, según ha informado este lunes www.diariodelhierro.es.
El alcalde de Valverde, Agustín Padrón Benítez (PP), deberá declarar en calidad de imputado este martes, tras el aplazamiento solicitado por el primer edil capitalino el pasado 17 de diciembre.
La denuncia de la que es objeto Padrón Benítez fue interpuesta por un vecino de la capital y que tiene que ver con supuestas irregularidades en la compra de los terrenos donde hoy se construye la piscina cubierta municipal.
El informe elaborado por la Policía Judicial de la Guardia Civil, según el digital herreño, es contundente. En el documento, los agentes aseguran, textualmente, que “el caso presenta las características de lo que vulgarmente se conoce como pelotazo”.
El informe policial recoge que Enrique Armas Lima, por su condición de destacado miembro del PP de El Hierro, “pudiera haber tenido acceso a información privilegiada que le indicaran la posibilidad de reclasificación de la finca, debido a la adquisición para equipamiento de ésta por parte del Ayuntamiento de Valverde”.
La Guardia Civil sentencia en su informe que “la compra del terreno en Cuba (por parte de los socios de la empresa que lo adquirió-entre ellos, Enrique Armas Lima), pocos meses antes de la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) de Valverde por parte del Ayuntamiento, es un tanto sospechosa e indicaría la existencia de esa información privilegiada”.
En el informe elaborado por la Policía Judicial de la Guardia Civil se expresa que Enrique Armas Lima y su socio (ambos regentes de la empresa que vendió los terrenos al Ayuntamiento tras su compra en Cuba), adquieren los terrenos por 48.080 euros (8 millones de las antiguas pesetas) y se lo venden al Ayuntamiento de Valverde, tras su reclasificación dos años después de la compra, por 372.627 euros (más de 60 millones de las antiguas pesetas).
El informe policial recoge, entre otras cosas, que el 17 de julio de 2002, el Ayuntamiento envía una comunicación escrita a Enrique Armas Lima donde se le informa que la Comisión de Gobierno municipal admite el expediente de adquisición de suelo para equipamiento por importe de 372.627 euros.
El 19 de julio de 2002, Enrique Armas Lima comunica al Ayuntamiento que acepta la oferta del Consistorio. El 29 de julio de 2002-relata el informe policial-se emite una certificación por parte del secretario del Ayuntamiento donde se indica la adquisición de suelo en Asabanos para equipamiento, finca de 13.141 metros cuadrados por un precio de 372.627,50 euros.
En 2 de agosto de 2002-prosigue el informe-se emite un cheque por parte del Ayuntamiento de Valverde a favor de la empresa de Enrique Armas Lima y su socio por ese importe.
Una compra desaconsejada por los técnicos
Pero algo olía raro, al menos para los expertos en esta materia. Así, el informe elaborado por la Policía Judicial recoge que “también llama la atención sobremanera que cuando se emiten los informes técnicos y del Interventor, donde desaconsejan el método de adquisición de los terrenos y la compra por el valor que piden los administradores de la empresa que quiere vendérselos al Ayuntamiento (entre los que se encuentra el miembro del PP herreño, Enrique Armas Lima), se haga caso omiso de los mismos sin ninguna explicación, ni razonamiento por parte de la Comisión de Gobierno municipal”.
El informe agrega, asimismo, que “también se desoye la propuesta de la Secretaría del Ayuntamiento de Valverde, donde le dicen que existiendo disparidad entre el valor oficial y la oferta de los propietarios, la Administración queda sujeta a los principios de economía, eficacia y buena administración en el gasto público”, recoge el informe.
El informe elaborado por el secretario del Ayuntamiento de Valverde, Juan Pablo Martín, fechado el 8 de julio de 2002, señala, entre otras cosas, que “debido a la clasificación del suelo y teniendo la parcela, o al menos parte de ella, la condición de USNO (Urbanizable Sectorizado no Ordenado), el suelo a adquirir no es apto ni viable a los fines previstos, hasta tanto se apruebe el plan parcial que ordene ese suelo y que obligaría, una vez desarrollado ese plan parcial, a los propietarios de los terrenos a cederlos gratuitamente”, recoge el informe del secretario.
El informe del secretario concluye informado “desfavorablemente la ejecución de la operación por no ser viable urbanísticamente y debiendo proceder, en cuanto al suelo urbanizable no ordenado, a la realización de un Plan Parcial para obtener de forma gratuita los terrenos, y en cuanto al Rústico, a la expropiación forzosa”.
Una denuncia presentada en 2006
La denuncia fue presentada el 11 de diciembre de 2006 y retirada el 5 de marzo de 2007 por el vecino que la interpuso por estar “afectando a su vida personal, familiar y psicológica”, y por “estar recibiendo mucha presión social”.
No obstante y pese a la retirada de esta denuncia, el procedimiento ha continuado de oficio y ahora la Fiscalía ha imputado al alcalde de Valverde un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Tal y como ya adelantara el digital herreño, el caso se remonta a diciembre de 2006, cuando se acusaba directamente al Ayuntamiento de Valverde de un presunto delito de corrupción urbanística en la compra de los terrenos donde actualmente se construye la piscina municipal, en la zona de Asabanos, en la capital herreña.