El exjefe de Vox en Las Palmas amenaza a una comunidad de 321 apartamentos con convertir en inhabitable el complejo
Los conflictos del exjefe de Vox en Las Palmas como administrador de fincas no paran de crecer nueve meses después de que le costaran su carrera política en el partido de extrema derecha. José Luis Moyano Fabián, quien fuera dirigente de Vox en la capital hasta su expulsión tras publicar este periódico que está siendo investigado por estafa en una comunidad de propietarios, amenaza ahora a esos mismos comuneros con convertir en inhabitable su complejo de apartamentos.
Los 321 propietarios de la urbanización Green Sea, ubicada en la principal zona turística de Canarias, Maspalomas Costa Canaria, han recibido una advertencia por escrito de su administrador, Moyano, en la que les avisa de que ya no podrá pagar los recibos de agua, luz, mantenimiento, limpieza y otro tipo de suministros porque los bancos le están cerrado las cuentas corrientes. Y todo debido al conflicto entre propietarios y juntas paralelas sobre quién ostenta la representación legal.
De ahí que el exjefe de Vox en Las Palmas haya decidido suspender los servicios, dejar sin suministros a la urbanización de la playa de El Veril y que el complejo “se torne inhabitable”. El administrador lo advierte en su escrito: “Les recomendamos que vayan buscando alternativas para sus inquilinos, pues a final de mes [actual] no podremos mantener ningún suministro ni servicio”. Se trata de una urbanización con acometidas de agua y de luz centralizadas y comunitarias para todas las viviendas, por lo que no tendrían agua y luz en sus apartamentos.
El conflicto entre propietarios y el administrador y secretario de una de sus juntas lleva años enquistado. A raíz de una derrama de casi tres millones de euros para una serie de obras hace ahora dos años se ha generado una bicefalia con dos juntas directivas enfrentadas que dirimen en los juzgados quién ostenta la representación legal de la comunidad. De fondo, las dos partes admiten que esa derrama para las obras en zonas comunes, su adjudicación y presupuesto, es la fuente del conflicto. Hay propietarios que cuestionan dónde está el dinero de esa derrama. Y Moyano asegura que “todo está en los bancos”, pero no rinde cuentas a toda la comunidad.
Un auto que le deja sin control
En su momento, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, dictó medidas cautelares en las que dejaba en manos de la junta de Moyano Fabián la gestión de la comunidad, hasta entrar en el fondo del asunto y dictar sentencia sobre cuál de las dos juntas es la legal. Ahora, y a pesar de que ese juicio se celebró en octubre sin que se haya resuelto por parte del juez de primera instancia, la Audiencia de Las Palmas acaba de anular esas medidas cautelares por defectos de forma en la notificación a las partes en litigio, y por tanto todo lo actuado desde la vista para esas cautelares en 2018, incluido el reciente juicio. El litigio debe volver al punto de partida antes de darle al grupo de Moyano Fabián todo el poder para gestionar la comunidad de propietarios.
El escrito de Moyano a los comuneros ha puesto en alerta a más de 300 familias que tienen una segunda residencia turística en explotación o directamente viven de manera habitual en un complejo ubicado en una zona de interés urbanístico. Moyano ha asegurado a este diario que el auto de la Audiencia no le preocupa “porque tengo otra medida cautelar similar del juzgado de primera instancia 5, y me vale con una” para seguir controlando las cuentas corrientes. Ese auto de la Audiencia cuestiona también, en sus fundamentos jurídicos, la legitimidad del secretario y administrador de fincas para litigar, porque no ha sido autorizado formalmente para ello por junta directiva alguna. Aunque la Sala no entró en el fondo de estas cuestiones al anular directamente las medidas cautelares.
El ex dirigente de Vox achaca a una campaña de un grupo de propietarios contra su persona el bloqueo de las cuentas corrientes, ya que las entidades no quieren saber nada de cuentas con litigios entre las partes, si una de ellas cuestiona ante el banco la legitimidad de la otra. Así, y ante el cierre de las cuentas por parte de una serie de bancos que no quieren clientes conflictivos, el administrador dice tener en su poder cheques a nombres de la comunidad a la espera de poder ingresarlos.
“Tenemos 311.000 euros retenidos en bancos. El dinero está todo ahí. Si el Banco Santander me dice que me da dos meses para cerrar la cuenta porque está hasta el culo de recibir cartas [contra su persona, cuestionando su legitimidad] o manda el dinero a un fondo judicial, e igual hace el BBVA, pues yo retiro el dinero y todo está en cheques a nombre de la comunidad”, explica Moyano Fabián. Las cantidades del BBVA “la metimos en CajaMadrid [actual Bankia], CajaMadrid también ha cerrado la cuenta y nos ha dado el cheque. Solo queda CajaMar pero también está la cuenta bloqueada y quiero hablar con sus directivos para arreglar la situación”, asegura.
Moyano Fabián calcula que “ahora solo tengo un cheque de CajaMar por valor de 21.000 euros, porque el cheque de CajaMadrid de 80.000 euros se ingresó. Hay unos 180.000 euros en CajaRural y otros 20 o 25.000 euros en Caixa…si el banco quiere puede cobrarse la luz y el agua de ahí, como si no quieren pagarme a mí mis emolumentos ni nada más”, explica un administrador de fincas con demasiados problemas que achaca a su carrera política frustrada al frente de Vox Las Palmas.
“A mí me han sacado en la prensa con unas falacias increíbles”, se queja Moyano Fabián en conversación con este diario. “Pero con las putadas que me han hecho yo me tengo que defender. Tengo una demanda [denuncia publicada por este diario en febrero] de hace 18 meses y ni me han llamado a declarar. Fue una demanda [denuncia] contra mí que es la que después sirve para que el periódico de Carlos Sosa [director de Canarias Ahora] me saque a mí de la carrera política. Con esa denuncia me habéis podido sacar en prensa, y en 18 meses no está archivada cuando hay que archivarla [tramitarla] en seis meses. Ni está archivada, ni está tramitada, ni me han localizado, ni me han pedido que vaya a declarar que es el trámite mínimo que tienen que hacer para ver si me van a procesar o no”, lamenta el administrador de fincas.
El exdirigente de Vox sostiene que “el problema no es Moyano. El problema es la derrama y a quién damos la obra”, en referencia a que entre el grupo de propietarios contrarios a su gestión “hay ingenieros que se quieren quedar con la obra”. A su juicio, la solución es sencilla: “yo me voy a la calle, las juntas se van a la calle, que somos la fuente del conflicto, pero que se vayan a la calle también los abogados que se dedican a reventar juntas e inflar a demandas a todo Dios”.
Moyano Fabián estuvo al frente de Vox en la capital isleña en una junta directiva de la que formaron parte la mujer del juez condenado Salvador Alba, Teresa Lorenzo; el abogado de confianza del juez que conspiró contra la diputada Victoria Rosell, Eduardo López Mendoza; o la esposa del excoronel jefe de la Guardia Civil en Las Palmas Ricardo Arranz, María Dolores Bardera. Vox expulsó del partido a Moyano y liquidó esa junta a raíz del escándalo provocado por la investigación judicial y las amenazas que vertía a propietarios en sus redes sociales. Quien se hizo cargo de la gestora fue el actual diputado por la provincia de Las Palmas, Alberto Rodríguez.
