Islas Cannabis

Poco antes de la Nochebuena, Nueva Canarias (NC) puso a andar la burra, como dice el popular villancico, “cargada de chocolate” al anunciar que promoverá en el Archipiélago el debate sobre la legalización del consumo de marihuana. Ese fue uno de los mandatos recibidos por el presidente de NC, Román Rodríguez, de los jóvenes de la organización nacionalista durante la tercera jornada abierta a la ciudadanía. ¿Las Islas se ponen en línea con otras comunidades autónomas y países que consideran necesario abolir la prohibición de consumir drogas blandas o mantiene la postura del Parlamento cuando en 2006 el Parlamento aprobó medidas para concienciar a la sociedad en general sobre “los peligros” del cannabis?

La formación que lidera Román Rodríguez no puede considerarse pionera en España a la hora de abrir el debate sobre la legalización total de la marihuana, aunque sí de hacerlo en las Islas.

Corría el mes de junio de 2014, faltaba una semana para que el Consejo de Ministros diera el visto bueno a la reforma fiscal, y la Organización de Inspectores de Hacienda presentó un sorprendente informe con más de 300 recomendaciones tributarias entre las que se reclamaba abrir un debate para legalizar la prostitución y las drogas blandas.

Actividades que son condenables socialmente pero que, al legalizarlas, los inspectores de Hacienda consideran que ingresarían ingresos fiscales suculentos que supondrían un chute financiero a las mermadas arcas del Estado.

Un mes después, el Gobierno respondía elevando las sanciones relacionadas con la tenencia y el consumo de cannabis en la Ley de Seguridad Ciudadana (la famosa Ley Mordaza) al no permitir sustituirlas por programas de rehabilitación en un país en el que, según varios estudios, es el tercero en número de consumidores del continente europeo.

En concreto, la ley contempla:

Ante tal endurecimiento, el pasado mes de octubre Izquierda Unida presentó una proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno adopte “las reformas legislativas necesarias tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana para despenalizar totalmente el consumo y la tenencia de los derivados del cannabis”.

Asimismo, la formación liderada por Cayo Lara cree que se debe crear una ponencia en el marco de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, “en aras a analizar la regulación del cannabis y sus derivados en España”, y proceder a elaborar un “estudio y desarrollo de un marco normativo claro para las asociaciones o clubes cannábicos”.

No es la primera vez que lo intentan los de IU, pues en 2007 reclamó en otra iniciativa la derogación del artículo 25 de la Ley Corcuera, para que se despenalizara la tenencia y consumo de drogas, siempre que fuesen para consumo personal y no para tráfico de estupefacientes.

La propuesta se rechazó gracias a los votos desfavorables del PSOE y PP pese a que en 1999, con José María Aznar como presidente del Gobierno, los socialistas sí votaron a favor de una proposición muy similar que fue rechazada gracias a los votos del PP y de Coalición Canaria (CC), cuyo portavoz en aquel entonces era José Carlos Mauricio.

Una decena de empleos especializados

Pero no solo los ingresos fiscales de su legalización serían óptimos para las arcas estatales, como dicen los inspectores de Hacienda, sino que al parecer podrían conseguir crear 10 nuevas modalidades de puestos de trabajo, lo que contribuiría a rebajar las altas tasas de desempleo.

Así lo cree al menos Dinafem, un banco de semillas que comercializa a nivel internacional la mejor selección de semillas de marihuana, tanto propias como de otros bancos.

Según se puede encontrar en su página web, la legalización del cannabis en el estado norteamericano de Colorado “ha creado una nueva industria que demanda nuevos perfiles laborales y oferta nuevos puestos de trabajo especializados”.

A saber: repostero/cocinero cannábico (“existe toda una incipiente corriente gastronómica que utiliza los aceites y los cogollos para crear platos exquisitos”), dependiente de cogollos (“en los clubes sociales de cannabis los dependientes se ocupan de atender a los socios, aconsejarles y proporcionarles lo que andan buscando”), técnico en extracción (“se realizan y venden extracciones de tricomas que consisten en separar estas resinas del resto de los cogollos para así obtener una sustancia purísima en THC”), periodista cannábico (“Colorado está experimentando un aumento de portales de información dedicados exclusivamente al mundo de la marihuana”) o los llamados doctores cogollo (“los médicos que saben tratar los síntomas de los pacientes con cannabis están muy demandados”).

Pero ahí no queda únicamente el análisis de Dinafem, pues incluyen al cultivador (“atender todas las fases del desarrollo de las plantas y todas las tareas (clonar, trasplantar, podar, nutrir…”), el manicurero (“empleados temporeros que recolecten los cogollos bajo la supervisión de los cultivadores y que los manicuren, es decir, que les quiten las hojillas”), el curador (“hacer inventario y supervisar el proceso de curado del cannabis”) los securitas (“profesionales de la seguridad privada especializados en vigilar las vastas plantaciones de marihuana”) y el educador (“expertos con excelentes habilidades comunicativas para impartir seminarios, talleres y cursos que proporcionen la mejor formación a los nuevos profesionales de este sector”).

De Uruguay a Estados Unidos

Como se ve, y salvo en España, está cambiando la tendencia de la lucha institucional contra el tráfico y consumo de cannabis, siempre centrada en la prohibición y las multas. Sobre todo desde el año 2011, cuando un informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas pidió a los gobiernos que experimentaran “con modelos de regulación legal del cannabis”.

Uruguay se convirtió en 2013 en el primer país del mundo en legalizar el cannabis por completo, pero el debate sigue abierto, y muchos otros países, como Jamaica, Colombia o Guatemala, siguen los mismos pasos.

Una vereda por la que también transita Estados Unidos, donde un editorial del prestigioso rotativo The New York Times abogaba en julio de 2014 por abolir la prohibición del cannabis en todo el país, al igual que ya habían hecho varios de sus estados.

“Hay un debate sincero entre la comunidad científica sobre los efectos en la salud de la marihuana, pero creemos que hay pruebas aplastantes de que la adicción y la dependencia son problemas menores, especialmente si se comparan con los que producen el alcohol y el tabaco. El uso moderado de la marihuana no parece suponer un riesgo para adultos sanos”, argumentaba el referido editorial.

Cataluña, pionera

En España, Cataluña sigue adelante como pionera en su camino abierto hace más de tres años por regular los clubes de cannabis.

En noviembre la Agencia de Salud Pública de Cataluña (ASPCAT) presentó ante la comisión de Salud del Parlament un conjunto de “mínimos” para ordenar la situación de las asociaciones cannabicas que hay en Cataluña.

La propuesta de resolución, aprobada por todos los grupos parlamentarios excepto el PP, regula que las asociaciones limitarán el acceso a personas mayores de 18 años, y que solo podrán dispensar marihuana a sus socios.

Los clubes quedarán fichados en el registro municipal de asociaciones de personas consumidoras de cannabis y tendrán que inscribirse también en el registro de asociaciones de la Generalitat.

Además, y para luchar contra el llamado turismo cannabico, los nuevos miembros de los clubs (que deben estar alejados de centros de salud y educativos) han de entrar avalados por otro socio veterano y tendrán, además, un período de carencia de 15 días, por lo que no podrán solicitar ningún tipo de substancia durante sus dos primeras semanas en la asociación.

Los propios centros (que solo podrán abrir 8 horas al día y cerrar a las 22:00 horas) tendrán que dar, además, asesoramiento a sus miembros sobre los prejuicios del consumo de cannabis y formación a sus empleados en cuestiones de salud pública.

Aunque no solamente los catalanes van en la dirección contraria al Gobierno de España, pues tras dos años de trabajo el Parlamento de Euskadi aprobó en octubre de 2014 una resolución instando al Gobierno que preside Iñigo Urkullu a regular la actividad de los clubes de cannabis en la futura Ley vasca de Adicciones y a dar soporte legal al cultivo para el consumo colectivo de las personas asociadas.

Como en Cataluña, solamente el PP se opuso a las recomendaciones y conclusiones aprobadas por PNV, EH Bildu y PSE-EE.

En Canarias aún no han existido pronunciamientos públicos sobre la propuesta del joven dirigente de Alternativa Ciudadana por Agaete-Nueva Canarias (ALPA-NC) Javier Gil solicitando a su líder “abra el debate” en la sociedad y entre los agentes sociales de las islas sobre la legalización del consumo de la marihuana.

Gil abogó por “superar” la sociedad “amurallada de prejuicios en la que vivimos”, como se ha hecho en los parlamentos catalán y vasco y en varios estados norteamericanos, Argentina, Reino Unido o Australia.

2006: Canarias y “los peligros” del cannabis

De momento, hay que quedarse con todo lo contrario, pues en 2006 el Parlamento aprobó una proposición no de ley en la que pedía al Gobierno presidido por Adán Martín que implantara medidas para concienciar a la sociedad en general sobre “los peligros” del cannabis.

La propuesta partió del PP y fue defendida por el diputado Víctor Moreno, quien expuso que la juventud “tiene una percepción equivocada de los riesgos” de consumir marihuana tales como la confusión mental, amnesia, alucinaciones, depresión y ansiedad, además de incidir en el fracaso escolar, en el paro y en la delincuencia juvenil.

Ninguno de los parlamentarios de CC y el PSC estuvo hace ocho años en contra de estos argumentos y, es más, la nacionalista Flora Marrero recordó que pese a que la consideración normal del cannabis es de “droga blanda”, en realidad constituye “una bomba de relojería para el cerebro”.

El PP, según todo parece indicar por lo que sucede en el resto del territorio nacional, permanece inmutable en sus percepciones y habrá que esperar a ver durante el debate que quiere abrir NC si socialistas y nacionalistas han cambiado de parecer respecto a 2006.

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