El octavo presidente

Fernando Clavijo ya ha sido investido por el Parlamento de Canarias presidente del Gobierno de Canarias, sucediendo a Paulino Rivero y convirtiéndose en la octava persona en ocupar ese cargo en la historia de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, la Cámara ha tenido que depositar 14 veces su confianza en los distintos jefes del Ejecutivo.

Desde este martes, a la Comunidad Autónoma de Canarias la habrán dirigido cinco presidentes de Coalición Canaria, (Fernando Clavijo, Paulino Rivero, Adán Martín, Román Rodríguez y Manuel Hermoso), dos del Centro Democrático y Social (Lorenzo Olarte y Fernando Fernández) y tan solo uno del PSOE (Jerónimo Saavedra), si bien este último tiene el honor de estar inscrito en la Historia como el primero de todos ellos.

Aunque serán ocho los presidentes, la Cámara regional ha tenido que mostrar su confianza a los mismos en 14 ocasiones, siendo Saavedra el que más se ha sometido a la misma (1983, 1985 y 1991). El palmero Fernando Fernández, los tinerfeños Manuel Hermoso y Paulino Rivero y el grancanario Román Rodríguez tuvieron que recabar dos veces el apoyo del Parlamento, tanto con motivo de las propias investiduras como por cuestiones de confianza y mociones de censura.

Saavedra, además, detentó el cargo provisionalmente desde enero de 1983, continuando en el puesto desde junio, cuando se celebraron las primeras elecciones. En su discurso de investidura ante el Parlamento hizo un llamamiento a la solidaridad y a la colaboración de todos los sectores para que “Canarias sea posible”. También aludió a la gravedad del paro en el Archipiélago (la misma que existe 32 años después) y pidió a la iniciativa privada su contribución para luchar contra el mismo.

Asimismo, anunció un plan de desarrollo económico regional y puso fecha para informar al Parlamento sobre la negociación de Canarias con la Administración central respecto a la incorporación de las Islas a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE).

Precisamente, esa cuestión también ha convertido a Saavedra en el primer presidente que dimitió del cargo, en junio de 1985, tras perder una votación parlamentaria sobre el Tratado de Adhesión, pero en julio la Cámara lo invistió de nuevo al frente de un acuerdo de fuerzas de izquierda y nacionalistas que se conoció como el Pacto de Progreso.

Pero volviendo a su primera investidura de 1983, en la misma expuso la intención de su Gobierno de ejercer un control público de las extracciones de agua y la socialización de los canales de distribución de la misma.

Fue la famosa Ley de Aguas (la única “ley ideológica” que ha existido en las Islas, según el propio Saavedra) que además de provocar que el vicepresidente Juan Alberto Martín recibiera un paraguazo en la cabeza propiciado por Fernando Fernández (el futuro segundo presidente de Canarias) fue directamente responsable de la bajada de votos que el PSOE tuvo en 1987 y del ascenso electoral fulgurante de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) y, por ende, de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC).

Confianza perdida

El 29 de julio de 1987 fue Fernández (CDS) el investido como presidente con el apoyo de su partido, las AIC, Alianza Popular (AP) y la Agrupación Herreña Independiente (AHI). Un ex líder de la rama sanitaria de la UGT que había militado anteriormente en el Partido de Acción Democrática de Francisco Fernández Ordoñez.

Un piloto de rallyes y radioaficionado que insistió en su discurso de investidura en que el paro era el problema más importante que debía resolver y defendió una política de consenso para consolidar una idea de región que combatiera los “demonios” del pleito insular. Curiosamente, su frase fue juntos, podemos, adelantándose décadas a los emergentes del 15-M.

Sin embargo, no pudo, y los mismos demonios que denunció lo devoraron 16 meses después, cuando el 30 de noviembre de 1988 perdió una cuestión de confianza en la Cámara fruto de su impulso a la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias (LRUC) que creaba la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). “Un 10 para el Gobierno y un 0 para su presidente”, dijo en aquella ocasión el líder de las AIC, Manuel Hermoso.

Por tanto, si Saavedra ha pasado a la Historia como el primer presidente de Canarias, Fernández lo ha hecho como el único que, hasta el momento, ha perdido la confianza del Parlamento.

La turbulenta investidura de Olarte

Fue sustituido por su compañero de partido y hasta entonces vicepresidente del Ejecutivo, Lorenzo Olarte, que fue investido el 27 de diciembre de 1988, con el apoyo del CDS, AP, AIC y AHI. Una investidura que no estuvo exenta de emoción y suspense, pues hasta última hora peligró que fuera por mayoría absoluta en primera votación.

Y es que el comité ejecutivo regional de AP empató en su reunión para decidir su postura en relación a su inclusión en el organigrama del Gobierno o su apoyo al mismo desde fuera. Sólo la firma a última hora de un documento respecto al pacto permitió que hubiera 31 diputados apoyando a Olarte.

Pero no solo tuvo Olarte que hacer frente a la incertidumbre de su elección en primera vuelta, sino a una dura campaña de Izquierda Canaria Unida (ICU), que le acusó de ocultar sus negocios inmobiliarios a la Cámara y de incurrir en un posible delito fiscal.

Durante el debate de investidura, el portavoz de ICU, Antonio González Viéitez, acusó a Olarte de haberse supuestamente beneficiado de un crédito de 1.080 millones de pesetas concedido a Puerto Marena, una sociedad inmobiliaria de la que era accionista, por la Caja Insular de Ahorros de Canarias.

Todos esos movimientos telúricos hicieron que pasara desapercibido el mensaje de Olarte durante su investidura, cuando definió su programa de Gobierno como “de continuidad, pero no continuista” para tratar de “sacar adelante a Canarias de la única manera que es posible: trabajando, trabajando y trabajando”.

Pero no fue el escándalo de Puerto Marena (no investigado por el Parlamento gracias al voto del propio Olarte y, posteriormente, archivado por los tribunales) lo que impidió que el centrista repitiera en 1991, sino un desencuentro en el seno de las AIC (entre ATI y AM) para elegir a Victoriano Ríos como presidente del Parlamento. El bloqueo en las dos primeras votaciones molestó a Hermoso, que en ese mismo momento pactó con Saavedra.

El voto de Dimas

Así pues, Saavedra volvió a la Presidencia del Gobierno de Canarias cuatro años después, siendo investido el 10 de julio de ese año, esta vez con el respaldo del PSOE, AHI y AIC, partido que puso a Hermoso, su líder, al frente de la Vicepresidencia del Ejecutivo.

En ese debate, se comprometió a exigir más autogobierno y asumir más competencias. El inicio de la reforma del Estatuto de Autonomía, la negociación del Régimen Económico y Fiscal (REF), la financiación autonómica o las inversiones en carreteras, todo ello formaba parte del corpus del discurso de Saavedra y todo ello fue, además, lo que Hermoso blandió para presentar la moción de censura contra el socialista

El 31 de marzo de 1993, Saavedra fue sustituido por su vicepresidente Hermoso, que censuró al Gobierno con el apoyo de las AIC, AHI, Asamblea Majorera (AM), Iniciativa Canaria (ICAN) y Centro Canario Nacionalista: había nacido Coalición Canaria (CC).

Una investidura que estuvo a punto de no producirse, tanto por la ‘desaparición’ de dos diputados de las AIC, que estuvieron ausentes durante la primera jornada del debate y buena parte de la segunda, como por la pretensión del PSOE de impedir votar al líder del PIL, Dimas Martín, que había sido condenado dos semanas antes a seis años de inhabilitación, dos meses de arresto mayor y una multa de 500.000 pesetas por un caso de cohecho que se produjo en 1983, siendo alcalde de Teguise. La Mesa del Parlamento elevó una consulta al Tribunal Supremo sobre la situación legal de Martín, que finalmente no estaba inhabilitado para votar.

Hermoso inauguró en ese momento un periodo histórico ininterrumpido de presidentes nacionalistas que continuará ahora con Clavijo. Fue el 11 de julio de 1995, tras las elecciones cuando Hermoso afrontó su segunda investidura como presidente del Gobierno de Canarias, pero esta vez no pudo contar solo con el respaldo de CC y tuvo que pactar con el Partido Popular (PP), liderado por José Miguel Bravo de Laguna.

Una colaboración política entre CC y PP que perduró durante 16 años, cuando precisamente los nacionalistas se aliaron con quienes habían echado del Gobierno en 1993: los socialistas.

La otra censura

Tras Hermoso, le tocó el turno a Román Rodríguez, que fue investido el 15 de julio de 1999 con el apoyo de CC y PP en base a un programa de gobierno en el que se incluía negociar con el Estado la cogestión de los aeropuertos canarios y el traspaso de las competencias de Costas; el endurecimiento legislativo para permitir un mayor control sobre la ordenación del suelo (la famosa Moratoria); la participación de Canarias en las decisiones estatales que afectaran a la energía, al agua y a los transportes; la puesta en marcha de la Televisión Canaria y la creación de la Policía Autonómica.

No fue esta la única vez que Rodríguez tuvo que someterse al apoyo parlamentario, pues tuvo que superar una moción de censura en noviembre de 2001 por Juan Carlos Alemán para “regenerar el sistema democrático y la política” en las Islas y relevar en el “agotado” Ejecutivo a “seis fuerzas políticas mal avenidas”, en referencia a CC.

El PSOE suspendió ese examen y el pacto CC-PP renovó la confianza depositada en Rodríguez, aunque apenas años y medio después los nacionalistas cambiaron otra vez de candidato y Adán Martín, que había sido vicepresidente con Rodríguez, fue investido como presidente del Gobierno de Canarias el 4 de julio de 2003, de nuevo gracias al pacto de CC y el PP más los votos del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).

Una investidura en la que el ya fallecido ex presidente se comprometió a “poner los medios para hacer más felices a las personas”.

Las dos investiduras de Rivero

En la investidura de Paulino Rivero en 2007, el año en que CC perdió por primera vez las elecciones ante el tsunami que supuso los 26 diputados conseguidos por el PSOE liderado por Juan Fernando López Aguilar, se repitió el mismo pacto entre CC y PP, acuñándose por primera vez el lema Pacto de Perdedores que ya se ha extendido por toda España en similares circunstancias que aquellas.

Fue Rivero, en contra de lo que puede pensar la futura vicepresidenta del Ejecutivo, la socialista Patricia Hernández, quien mencionó por primera vez en su intervención ante la Cámara que iba a “situar a las personas en el centro de la política”.

“El Ejecutivo que presidiré si esta Cámara me otorga su confianza, será el Gobierno de las personas, el Gobierno de la gente que vive y siente esta tierra, el Gobierno de todos”, dijo entonces Rivero.

Un aserto que no compartía, evidentemente, López Aguilar, que ya anunció que no le iba a otorgar los 100 días de gracia a un Ejecutivo que, al ser fruto del mismo pacto ininterrumpido desde 1995, “lleva 5.000 días de aburrimiento, quince años de clientelismo y enchufismo”.

En su segunda investidura, esta vez de la mano de los socialistas, que volvían al Ejecutivo 16 años después de la moción de censura a Saavedra, Rivero dijo que “Canarias necesita un Gobierno fuerte, serio y responsable. Capaz. Austero. Dialogante. Un Gobierno fuerte, que garantice la estabilidad y cohesión que nuestras Islas necesitan” en unos tiempos que, por los efectos de la crisis, se aventuraban difíciles.

“Un Gobierno que tendrá en lo alto de su agenda la recuperación económica, la creación de empleo, el rigor presupuestario, la defensa de los servicios públicos, el equilibrio social y territorial y las reformas necesarias para contar con una Administración más eficaz y eficiente”, insistió.

Un Ejecutivo que, quizás por la impronta de tener un nuevo socio, iba a tener “en la honestidad, el esfuerzo y el compromiso social sus señas de identidad”.

Por ello, se comprometió a actualizar el pacto por la economía y el empleo; relanzar el pacto por la calidad y la competitividad del turismo; seguir impulsando medidas para avanzar con la estrategia de desarrollo industrial; poner al día el Régimen Económico y Fiscal; articular un gran pacto social por la Educación e impulsar un gran acuerdo por la Sanidad.

Además Rivero se comprometió a abordar la reforma de las administraciones; aprobar una nueva ley que aclare el régimen competencial en materia de protección del territorio y del medio ambiente, aprobar una nueva ley de Función Pública y concretar la reforma del Estatuto de Autonomía, articulando una actualización y desarrollo del sistema electoral canario.

Ahora le toca el turno a Clavijo. El Parlamento ha depositado por decimocuarta vez su confianza en un candidato a presidir el Gobierno regional que, en virtud del pacto suscrito de nuevo con el PSOE, ha presentado un programa de gobierno “para hacer frente a los retos del crecimiento económico, generar nuevas condiciones para que las empresas y los autónomos creen empleo y mejorar las políticas públicas en los Servicios Sociales, la Sanidad y la Educación como pilares de la calidad de vida”.

Acciones prioritarias que no olvidan, como ha sucedido desde que Canarias es una Comunidad Autónoma, “el fortalecimiento de nuestro autogobierno y las relaciones con el Estado y la Unión Europea”. Nada nuevo bajo el sol.

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