Recuperando la desigualdad
Luis y Carmen antes pertenecían a la denominada clase media. Tenían trabajos estables y bien remunerados. Contrataron una hipoteca en su banco de toda la vida para comprarse un pisito en una zona bien. Y podían permitirse un viaje al año para disfrutar de sus vacaciones. Hoy el piso ya no es suyo sino del banco, viven con la madre de Carmen y tienen que acudir a comedores sociales para buscar alimento. Ambos son parados de larga duración. Luis y Carmen son el rostro de la pobreza en España. Donde el espejismo de la clase media prácticamente ha desaparecido y solo está al alcance de unos pocos.
Imagina que estás jugando al popular juego Monopoly. Frente a ti, un solo jugador. Bajito, bigotudo, con traje, pajarita y sombrero de copa. En lugar de billetes de pega, dinero de verdad. Para tu sorpresa, tu contrincante ya ha comprado todas las casillas (incluidas las más caras) y ha construido hoteles de cinco estrellas en cada una de ellas. Te cede amablemente los dados para que comiences a jugar. Los lanzas y caes, como no, en una de sus casillas. Y le pagas. Él lanza los dados. Cae en una de sus casillas así que no ocurre nada, vuelve a darte los dados. Y así durante un rato. Tu dinero va menguando y le explicas que no tienes más. Que has puesto sobre la mesa todos tus ahorros. A tu contrincante parece no importarle e insiste en que sigas jugando.
En otro ejercicio de imaginación, piensa que el jugador es un ciudadano normal y su contrincante el Gobierno. El ciudadano, que quizás esté en paro, tenga familia, hipoteca y la despensa vacía nota como su pobreza se extrema, se intensifica y se convierte en crónica. Esa es la situación que se vive en España desde hace unos años. Lejos de mejorar, empeora, aunque el Gobierno insista en decir lo contrario.
A principios de agosto, Mariano Rajoy afirmaba orgulloso que España es el país que ha tenido más crecimiento de la zona euro en este segundo trimestre de 2014 y que eso es “fruto del esfuerzo que ha hecho el conjunto de la sociedad española en circunstancias muy difíciles a lo largo de estos últimos años, pero al final todo ese esfuerzo, todo ese trabajo y ese entender muchas de las decisiones que han tenido que tomar todas las administraciones, demuestra que se hizo lo que había que hacer”. Mientras el Gobierno se llenaba la boca con su particular manera de hacer las cosas y su recuperación económica, la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejaba que el 20,4 % de los españoles vive en riesgo de pobreza, frente al 20,8 % de 2012. Un descenso que no responde a una mejora de la situación sino a que, al disminuir los ingresos de la población, también lo hace el límite que marca el riesgo de pobreza.
Canarias es la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza de España, un 28,4 %. La tasa de desempleo en las Islas asciende al 33,2%. ¿Estamos saliendo de la crisis?
Las cinco personas más ricas del Archipiélago manejan en un año el 4,7% del Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias. Como media pueden gastarse al día cinco millones trescientos mil euros. 5.869 personas poseen 42% del PIB.
Durante 2013 Cáritas atendió a más de dos millones y medio de personas en España (600.000 más que en 2012). En gran medida gracias a aportaciones privadas, ya que los fondos públicos recibidos fueron los más bajos de los últimos años.
Lo que se traduce en que cerca de un millón de familias están recibiendo apoyo de la organización católica y que han aumentado las personas atendidas porque los hogares son cada vez mayores y sus miembros tienen más problemas.
Consecuencias y riesgos
La renta media de la población española es, en términos reales, inferior a la que había en el año 2000. España se ha convertido en uno de los países de la Unión Europea donde la renta se reparte de manera menos equitativa, según se desprende del documento ‘Análisis y perspectivas 2014’ elaborado por la Fundación FOESSA y Cáritas.
Además, las formas más severas de pobreza son las que más han aumentado con la crisis, haciendo que España ocupe uno de los primeros puestos del ranking europeo en cualquier indicador de pobreza. El hundimiento de las rentas más bajas junto al reparto desigual de la riqueza está produciendo un empobrecimiento de la sociedad española que deriva en una mayor exclusión social. En el último trimestre de 2013 el porcentaje de hogares sin ingresos alcanzó los 700.000.
47.000 hogares en Canarias no reciben ningún tipo de ingresos. El 39% de la población del Archipiélago se encuentra en riesgo de exclusión. Lo que significa que de cinco personas, una está integrada y cuatro tienen algún problema de precariedad y exclusión.
Actualmente hay más de once millones de personas que atraviesan distintos procesos de exclusión social en España. Aunque la incidencia de la exclusión social es igual en hombres y en mujeres, las más perjudicadas siguen siendo las mujeres. Los hogares encabezados por una mujer son los más afectados.
Los jóvenes son los grandes perjudicados, junto a los niños, en esta crisis. El 44% de las personas excluidas tiene menos de 29 años. Los hogares más jóvenes: aquellos encabezados por menores de 29 años se ven afectados en un 30,8% en situación de exclusión social, “el triple que en 2007, y la evolución todavía ha sido peor en cuanto al aumento de las situaciones de exclusión más severas, que suponen un 13% de estos hogares más jóvenes”, según el informe.
A grandes rasgos, se podría decir que cinco millones de personas se encuentran en una situación de exclusión severa, un 82,6% más que en 2007.
En hogares donde hay personas con discapacidad las pensiones se han mantenido, pero su nivel de protección social no ha mejorado. Como resultado, la incidencia de la exclusión social en estos hogares no ha empeorado, pero sigue siendo superior a la media.
Además, destaca el elevado número de desempleados que han pasado de ser recientes a ser de larga duración. La pobreza se ceba con los inmigrantes, las personas con poca formación y los parados.
Pobreza infantil
En España hay 2,5 millones de niños en riesgo de pobreza. Murcia, Andalucía y Canarias, por este orden, son las comunidades autónomas con mayor riesgo de sufrir pobreza infantil, situación que, en general en toda España, aumenta en un 50% si una pareja tiene más de dos hijos. Estas son dos de las principales conclusiones del informe ‘Los niños y niñas, los más vulnerables en todas las comunidades autónomas’, realizado por la ONG de cooperación Educo.
En el Archipiélago el 38% de los menores se encuentra en esta situación. Riesgo que aumenta en familias con más de dos hijos, monoparentales o con progenitores en situación de desempleo.
Ante estos escandalosos datos, la directora general de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Ángeles Fernández, se apresuró en señalar a Madrid como causante de esa lamentable tercera posición de Canarias en el ranking.
Afirmó que Canarias es la comunidad peor financiada por el Estado y culpó al gobierno central de elaborar un plan contra la pobreza infantil de 16 millones de euros, de los cuales solo 1,3 van destinados a las Islas.
En su defensa, Fernández expuso que el Archipiélago es el único territorio que ha creado una estrategia contra la pobreza, desde junio de 2013, “que pasa inicialmente por la apertura de comedores escolares, también durante el periodo de verano”. Medidas, que más de un año después se han mostrado insuficientes para paliar esta lacra.
Para Koldobi Velasco, portavoz de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan), el Plan contra la Pobreza elaborado por la Consejería de Cultura, Deportes, Política Social y Vivienda, cuya titular es Inés Rojas, es un conjunto de “mentiras presupuestarias y sin novedad”.
Considera que tanto las medidas como la financiación eran insuficientes desde el principio, ya que no llegan a dar la cobertura que se necesita. “No cumple el objetivo y no se han llevado adelante las medidas que se planteaban”, asegura.
Renta básica
La renta básica es un ingreso pagado por el Estado a cada ciudadano de manera incondicional y suficiente (645 euros al mes) que sirve para satisfacer sus necesidades básicas. Se percibe de manera individual y es universal. Varios colectivos en todo el Estado recogen firmas para presentar esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
Los primeros en percibirlas serían aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingresos o con ingresos por debajo del umbral de la pobreza. En el caso de Canarias afectaría a más de 140.000 personas. “Se trata de crear una herramienta que acabe con la estigmatización de las personas empobrecidas y que genere condiciones de vida justas y dignas”, aclara Velasco.
Pero resolver la cuestión de la desigualdad y la exclusión no se acaba con una transferencia económica. La portavoz de Redesscan asegura que“hay que favorecer la inversión en lo social, que todo el mundo pueda acceder a la sanidad, a la educación a la justicia, alimentación, agua y luz”.
La inversión social de España está por debajo de la media europea. Y especialmente se invierte en prestaciones para desempleo quedando cantidades ínfimas para todo lo relacionado con el apoyo a las familias, a la infancia, para vivienda y la erradicación de la exclusión social. “La inversión del estado para servicios sociales es tres euros por cada persona que acude a los servicios sociales, que son más de 8 millones”, explica Velasco.
La otra cara de la pobreza: el trabajador social
Canarias es la segunda comunidad autónoma después de Murcia donde más se redujo el número de trabajadores sociales, con una bajada de un 44,6%, según los datos del Informe de los Servicios Sociales en España elaborado por el Consejo General de Trabajo Social.
Al mismo tiempo, Canarias es la comunidad en la que más se incrementó la demanda de Servicios Sociales, un 87%. Lo que se traduce en que por cada trabajador social hay 24.075 habitantes. Velasco afirma que “la inversión que se hace desde las administraciones canarias de 213 euros por habitante, es completamente insuficiente para abordar la situación de emergencia y desigualdad en la que estamos”.
Este descenso en el número de trabajadores sociales, que en la mayoría de las ocasiones se debe a los recortes, es uno de los factores que contribuyen a la desigualdad y al desmantelamiento del sistema público de servicios sociales. Según la portavoz de Redesscan esto provoca que la atención sea más asistencialista y residual cuando la vocación de los servicios públicos es que sea para todos, no para la gente más pobre. “Si se desmantela lo público, sube la privatización y se acaba con la concepción de que los servicios sociales son un derecho”, concluye Velasco.
Los colegios profesionales de Trabajo Social de Canarias han mostrado su preocupación por la reforma de la ley reguladora de la Prestación Canaria de Inserción. La Consejería de Políticas Sociales quiere limitar a un máximo de un año el cobro de la PCI.
Según esa información, el Gobierno canario quiere eliminar la posibilidad de renovación de la ayuda de forma inmediata. En la reforma pretende que deban transcurrir al menos doce meses desde el último mes en que se cobró la prestación.
“El presupuesto se acaba en mayo y luego se deniegan todas las solicitudes”, asegura Velasco. Además, desde Redesscan se critica que la definición del concepto de exclusión social que ha incluido el Gobierno de Canarias no ha seguido ningún marco teórico.
La PCI llega a uno de cada 233 personas que tendrían derecho a percibirla. “Ha aumentado el ratio de personas a las que no les llega y tendrían derecho. En el país vasco llega a uno de cada 48. Una comunidad que tiene más o menos la misma población que Canarias. De los 47.000 hogares que tendría que llegar, en 2013 llegó a unos 5 mil hogares. La espera sigue siendo de un año”, explica Velasco.
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