Otoño de 'marea blanca' en la Sanidad canaria

El anuncio de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias pidiendo a las gerencias de las diferentes áreas de salud del Archipiélago un “esfuerzo extra de ajuste máximo posible al gasto reflejado en los presupuestos” de la Comunidad Autónoma para 2016 ha encendido todas las alarmas, hasta el punto de que los sindicatos ya han anunciado un otoño de movilizaciones para defender la sanidad pública y en protesta por los recortes que volverán a traer las mareas blancas a las calles del Archipiélago.

Los  ajustes que se avecinan ya han tenido sus primeras previsiones y varios representantes del sector sanitario advierten que mermará la calidad asistencial en la Sanidad pública y se traducirán en un incremento de las listas de espera, sin obviar la incertidumbre que provoca en la renovación de los contratos de una plantilla que en verano ha trabajado más de lo habitual porque no se han cubierto las plazas de aquellos que tuvieron vacaciones.

Unas reivindicaciones que no son nuevas en un sector que, en las Islas, ha sido especialmente reivindicativo desde que el 11 de marzo de 1994 el Consejo de Ministros aprobara el traspaso a Canarias de las competencias del entonces Instituto Nacional de la Salud (Insalud), lo que supuso que las Islas asumieron la gestión de 60 centros sanitarios y, por aquel entonces, 10.000 trabajadores. Un sector que está en conflicto casi perenne con el Gobierno desde el año 2001. 

Hace 22 años, Julio Bonis, capitán de jet-foil convertido en consejero de Sanidad y uno de los personajes políticos claves para entender el devenir de Coalición Canaria (CC) y de Canarias como autonomía en sus primeros años de historia, reclamaba en las reuniones negociadoras no solo 111.000 millones de pesetas anuales (667 millones de euros actuales) para gestionar el traspaso de competencias sino que preveía una necesidad de inversión de 94.000 millones de pesetas (595 millones de euros) hasta 1999.

Un presupuesto escaso

En 2016, el presupuesto del departamento asciende a 2.643 millones de euros, bastante más del doble de lo que pedía Bonis, aunque ya advirtió el consejero Jesús Morera en su comparecencia parlamentaria para explicar las Cuentas de su departamento, que ese dinero no iba a resolver todos los problemas de la sanidad de Canarias de los últimos años, que vieron como su presupuesto se fue reduciendo desde 2009.

Eso sí, el primer consejero socialista responsable de la Sanidad desde 1993 aseguró que con esa partida se podría contratar más personal en urgencias, acabar las infraestructuras sanitarias ya comenzadas, abordar un plan para reducir las listas de espera y reducir la partida destinada a la concertación con clínicas privadas en 4 millones de euros que se redirigirían a “centros públicos”.

Pese al esfuerzo de Morera, lo cierto es que  Canarias es la tercera comunidad autónoma que más presupuesto para la salud destina a conciertos sanitarios con la sanidad privada: 271 millones de euros. El Archipiélago, según el estudio elaborado por el Instituto para el desarrollo e integración de la Sanidad, se sitúa con un 10.5% por detrás de Cataluña y Madrid, con un 10.6% ambas.

El encargado de anunciar los recortes fue el propio presidente Fernando Clavijo en unas declaraciones realizadas a la Cadena Ser,  al afirmar que de continuar la proyección de los primeros ocho meses del año en Sanidad, el desajuste en las arcas públicas isleñas ascendería a 150 millones de euros, con lo que triplicaría el déficit que el Ejecutivo es capaz de encajar y lo situaría en una posición “absolutamente insostenible” porque “más dinero no hay”.

Está claro, por tanto, que el salto cuantitativo del gasto sanitario dado en las Islas para los problemas de atención sanitaria que afrontaba antes de tener competencias plenas no ha servido para que la Sanidad deje de estar apuntada a varias listas de espera: falta de personal sanitario y de camas y descoordinación en la gestión política del SCS.

Con todo, no deja de ser cierto que esas listas de espera se han agravado en los cinco últimos años con el subterfugio de que la crisis económica y los límites al endeudamiento público establecidos por la Unión Europea (UE) han obligado a reducir gasto público. 

Con esa justificación, el Gobierno central ha dado un gran impulso al copago para los medicamentos de los pensionistas, traslados no urgentes en ambulancia, prótesis, órtesis, sillas de ruedas o alimentos especiales; la vinculación del derecho a la asistencia a las cotizaciones laborales (potenciando el aseguramiento privado); la exclusión de colectivos de población de la cobertura del sistema sanitario; y el fraccionamiento de la cartera de servicios financiados y prestados por la sanidad pública, estableciendo en una el básico de acceso gratuito y otras dos a financiar mediante copagos.

Todas esas medidas han repercutido en Canarias, por más que el Ejecutivo regional intentó paliarlas con los escasos recursos que tuvo y el poco margen de maniobra legal que posee.

Altibajos presupuestarios

Pese al actual recorte que se avecina en una Consejería dirigida por el PSOE, bueno es recordar que los presupuestos del Servicio Canario de Salud (SCS) para el año 2012, los primeros que se hacían con los socialistas en el Gobierno desde el año 1993, mostraban un incremento del 2,64% respecto al año anterior, mientras que en 2011, la variación respecto a 2010 fue negativa (-11,09%).

Es decir, que el cambio del PP en la dirección de la Consejería, sustituyendo la nacionalista Brígida Mendoza a la conservadora Mercedes Roldós, supuso en términos absolutos un aumento en 2012 de 66.445.061 euros frente al año 2011, cuando se vio reducido el presupuesto del Servicio Canario de Salud (SCS) en 314.373.650 euros respecto al 2010, que asimismo había sido reducido un 2,45% respecto a 2009.

De 2010 a 2011, los recortes más abultados se los llevaron las partidas de Investigación Sanitaria (-49,78%) y Atención Primaria (-21,48%), que es, según los expertos, la ‘puerta al sistema’ por parte de la población.

El primer presupuesto del Pacto CC-PSOE con Paulino Rivero como presidente centró precisamente su mayor incremento en la Atención Primaria (11,09%), mostrando así en Sanidad una tendencia similar a la que hubo desde 1999 a 2003, años en los que los conservadores, aún cogobernando con CC, no estuvieron al frente de los designios de la Consejería de Sanidad.

Sin embargo, no hay que olvidar que los dos primeros años de Mendoza al frente de la Sanidad canaria se caracterizaron por bajada de sueldos, ampliación de la jornada laboral, prescindir de más de mil trabajadores eventuales, cierre de plantas hospitalarias y quirófanos en verano y reducción al mínimo el gasto farmacéutico.

Un panorama que puede volver a darse tres años después, pues la Consejería ha anunciado una regulación para acompasar la ejecución presupuestaria a la dotación, es decir, que el capítulo de personal se verá afectado por el ajuste y ya las gerencias de los hospitales canarios han trasladado a los diferentes servicios que los contratos que expiren antes de finalizar 2016 no serán renovados y que se limitarán las sustituciones.

La larga huelga de 2001

Los sindicatos ya han anunciado conflictividad laboral en el horizonte. Una conflictividad que no es nueva, pues en 2001, en plena crisis política por el caso Tindaya, la sanidad se vio sacudida por ocho meses de huelga.

No estaba fortalecido el Gobierno de Román Rodríguez, médico para más señas (tuvo que someterse a una moción de censura en septiembre por parte del socialista Juan Carlos Alemán), para afrontar el conflicto laboral planteado por los especialistas adscritos a los centros sanitarios del SCS, que colapsó el sistema de tal manera que limitó considerablemente la atención dispensada en los hospitales canarios, sobre todo en la provincia grancanaria.

Una huelga de esas características supuso, para muchos analistas, la creación de esa gran bolsa de listas de espera que aún continúa quince años después, pues se produjeron retrasos en las intervenciones quirúrgicas y un progresivo deterioro de la sanidad pública que incluso reconocieron los propios huelguistas, aunque insistiendo en que sus reivindicaciones eran justas.

Un conflicto que afectaba a la remuneración de 1.900 profesionales y que no estuvo respaldado por el conjunto de la ciudadanía, pues consideraron varias asociaciones de vecinos que el bloqueo de las urgencias y las altas hospitalarias vulneraban los derechos fundamentales de los pacientes.

Incluso la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, que tan beligerante es ahora contra los Ejecutivos central y autonómico, se manifestó en contra de los profesionales sanitarios al considerar falso que sus sueldos eran reducidos y que no podían librar tras las guardias.

Por ello, los representantes ciudadanos exigieron una y otra vez al Ejecutivo regional que no incrementara la oferta económica ofrecida a los profesionales sanitarios, y que fue rechazada por éstos, porque sus reivindicaciones estaban más que satisfechas. Pero una sentencia del Tribunal de Luxemburgo fijaba que a partir de la tercera guardia, ésta debía ser voluntaria.

En base a ello, los especialistas sanitarios lograron que el Ejecutivo regional desembolsara 14 millones de euros en tres años para incrementar las percepciones de las guardias y se acordó implantar la carrera profesional y otros incentivos. Sin embargo, no todos los centros sanitarios aceptaron el acuerdo y la conflictividad se prolongó durante todo aquel año.

Los ajustes que vienen

Todo, al final, es cuestión de dinero. Y el funcionamiento óptimo del SCS depende de la cantidad de euros invertidos en infraestructuras y personal. En concreto, la Consejería asegura que la partida destinada al personal (1,3 millones de euros), representa el 49,2% del presupuesto del SCS, por encima de la media nacional, que se sitúa en el 46%.

Por tanto, y para que, parafraseando a Clavijo, “haya dinero”,  los ajustes en materia de personal se realizarán “donde no sea imprescindible la cobertura de los puestos de trabajo” y no incidirá en Urgencias o en aquellas especialidades donde el número de profesionales sea reducido. Además, se revisará la contratación de suministros y servicios para rebajar su coste en un 5%.

Poco se puede hacer con un presupuesto que solo crece unos “escasos”, como apuntó el propio consejero de Sanidad, 25 millones de euros respecto al año 2015, es decir, un incremento del 0,96%, lo que impide reducir las listas de espera, la saturación de las urgencias, la mejora de las infraestructuras y equipamientos y la planificación eficiente de los recursos humanos y materiales, Por tanto, y como al perro flaco, todo son pulgas, menos se podrá hacer en lo que resta del año si hay que aplicar ajustes.

Así que todo parece indicar que, de nuevo, la Sanidad canaria se pondrá en la cresta de las olas de las mareas blancas que se avecinan y será un ariete con el que los grupos de la oposición arremeterán este otoño contra el Gobierno que preside Fernando Clavijo y un departamento que gestiona el PSOE, quizás con la vista puesta en provocar la fisura en el buque del Pacto para hacerlo naufragar.