Telde, patas arriba
Telde está patas arriba. La desidia institucional, las trifulcas políticas y la orgía de corrupción que tuvo su máxima expresión entre 2003 y 2007 y que desembocó en el conocido caso Faycán han terminado por convertir a la cuarta ciudad de Canarias en un laberinto kafkiano de casos judiciales, demandas, disputas y traiciones políticas cuyas consecuencias son una deuda astronómica, la desatención de los servicios públicos más básicos y una profunda degradación democrática.
Uno de los últimos episodios lo protagoniza el antiguo jefe de Urbanismo e imputado en el caso Grupo Europa, José Luis Mena. Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Telde acusaron al grupo de Gobierno municipal de cocinar el pliego de condiciones para la nueva relación de puestos de trabajo (RPT), tramitada por la vía de urgencia, con el pretendido propósito de recolocar a Mena en su antiguo puesto en Urbanismo, esta vez con plaza fija. Esta denuncia abortó el concurso y abrió un conflicto entre el funcionario y el grupo de gobierno que acabó con la destitución de Mena como director de Recursos Humanos y el regreso a su puesto como técnico en el área de Urbanismo.
José Luis Mena es juzgado estos días por su presunta implicación dentro del conocido como caso Grupo Europa, acusado de haber cobrado 30.000 euros en sobornos precisamente cuando ocupaba la jefatura de Urbanismo de manera interina entre 2003 y 2007. El fiscal pide para él ocho años de cárcel y catorce de inhabilitación.
De Grupo Europa, una trama desvelada en 2007 por Canarias Ahora, hay un informe exhaustivo en la edición de hace unas semanas de Canarias Ahora Semanal. El diputado autonómico del Partido Popular Jorge Rodríguez, entonces mano derecha de José Manuel Soria en el Parlamento canario, se sienta estos días en el banquillo acusado de dos delitos de tráfico de influencias como presunto mediador de la empresa Grupo Europa con el Gobierno municipal para obtener la construcción de viviendas de protección oficial en Telde. Rodríguez se enfrenta a un año y ocho meses de cárcel, cinco años de inhabilitación y una multa de 120.000 euros. El presunto pago de estas comisiones ilegales se convirtió en pieza separada del caso Faycán por la condición de aforado de Jorge Rodríguez con su vuelta al Parlamento de Canarias en 2011, después de haber dimitido en 2007 precisamente por su vinculación a este escándalo en Telde y también por el caso Góndola, en el municipio de Mogán, también bajo mandato del Partido Popular.
El fiscal del caso sostiene que el propietario del Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, efectuó pagos entre 2003 y 2006 a políticos y técnicos del Ayuntamiento de Telde por un importe de 240.000 euros, de los cuales al menos 64.000 habrían ido a parar a manos de Jorge Rodríguez cuando estaba acogido al régimen de dedicación exclusiva como miembro del Parlamento de Canarias, y otros 30.000 a los bolsillos del entonces jefe de Urbanismo municipal, José Luis Mena. El mismo al que ahora el grupo de Gobierno actual en el Ayuntamiento de Telde (PP y CC) quiere colocar de nuevo en el puesto creando la convocatoria a medida, según denuncian los sindicatos.
Es la antesala del caso Faycán, un entramado laberíntico de concesiones, comisiones y tráfico de influencias en el municipio de Telde que afecta a la mismísima alcaldesa, imputada por malversación, fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales, y para quien la Fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión y 14 de inhabilitación. María del Carmen Castellano, en aquel entonces concejal de Desarrollo Local y presidenta local del PP, se enfrenta a una acusación por blanqueo de capitales obtenidos ilícitamente y a otra de falsificación de documento público por la presunta manipulación de una serie de facturas para que el Ayuntamiento corriese con la cuenta de unas obras de reforma realizadas en la sede del Partido Popular de Telde, disimulándolas como gastos de las escuelas taller y de un programa de empleo. Esas mismas escuelas y programas que ahora sufren los recortes y la desatención presupuestaria.
La actual alcaldesa también está imputada por prevaricación en el caso de la permuta de la Finca de San Rafael, valorada en 6,3 millones de euros y que fue vendida a una empresa del constructor Santiago Santana Cazorla por 2,5 millones. Casi cuatro millones de euros menos. En esta causa están imputados, junto a Castellano (PP) y Guillermo Reyes (Ciuca), los entonces concejales Raquel León, José Suárez, Carmelo Oliva y Guadalupe López, así como Carmelo Reyes y el empresario Santiago Santana Cazorla.
Es solo la punta del iceberg de una compleja trama de corruptelas y pagos de comisiones, la del caso Faycán, presuntamente destinada a la financiación irregular del Partido Popular, según recoge la acusación de la Fiscalía. Aunque también señala que el objetivo real era obtener beneficios para el patrimonio personal de quienes dirigían la concesión de contratos de obras y servicios en el Ayuntamiento durante el mandato del PP y Ciuca entre 2003 y 2007.
Las cuentas actuales
Telde está en la ruina. El incremento diario de las deudas soportadas por los créditos ICO y las sentencias judiciales por expropiaciones de suelo generadas durante el gobierno de NC/PSOE/CCN -y posteriormente no ejecutadas por el gobierno de PP/Ciuca/CC- ha conseguido endeudar a Telde por muchos años. La suma asciende, entre unas cosas y otras, a más de 300 millones. A esta deuda habrá que sumarle en su momento la generada en el período del caso Faycán: el fiscal ya adelanta que podría superar los 30 millones de euros.
El año 2013 terminaba con un demoledor informe del Tribunal de Cuentas revelando que Telde, cuarta ciudad de Canarias en número de habitantes, es el ayuntamiento de España que más deudas no contabilizadas pagó en 2012 con cargo al plan estatal de pago a proveedores. En concreto, 30,8 millones sin contabilizar en los presupuestos. El Tribunal de Cuentas detalla que Telde pagó con cargo al fondo para proveedores una indemnización de 13,24 millones de euros concedida por sentencia judicial a Promociones Horneras, propiedad del empresario Ambrosio Jiménez, lo que representa la mayor factura abonada en toda España con cargo a ese plan. Un pago sospechosamente arbitrario, dado que había otras indemnizaciones judiciales pendientes de pago que no se vieron satisfechas. El TC considera que esa indemnización no podía pagarse con cargo a ese instrumento, como no podían pagarse tampoco 8,60 millones de euros en facturas de Sociedad de Aguas de Telde, al tratarse de una empresa participada al 50% por el Ayuntamiento. La tercera irregularidad se aprecia en los gastos cargados por Telde al fondo por importe de 2,66 millones de euros, correspondientes a indemnizaciones por expropiaciones forzosas. El TC estima que tampoco esos gastos podían incluirse en el fondo.
Telde no es el único municipio que requiere de control por parte de organismos del Estado como el Tribunal de Cuentas. La crisis económica y financiera se ha manifestado en las cuentas públicas con crecientes niveles de déficit y de endeudamiento. Los municipios debían pagar a los proveedores pendientes de cobro; para no colapsar el sistema, el Gobierno aprobó medidas para facilitar el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. Pero Telde es el municipio de España que más gastos no presupuestados ha consignado con cargo a estas medidas, lo que le ha reportado esta admonición del Tribunal de Cuentas. El propio TC lo dice: “La ejecución por parte de las Administraciones Públicas de gastos sin consignación presupuestaria, además de constituir una práctica irregular, afecta profundamente a la transparencia y a la fiabilidad de la información sobre la actividad presupuestaria de aquéllas”. Millones de euros no presupuestados.
De esta situación, lo que quedan son los lodos: Telde tiene la tasa de paro más alta de Gran Canaria, encabeza la lista de ciudades de más de 100.000 habitantes por el volumen de su deuda y aparece en primera línea de la conflictividad social, sin políticas sociales que puedan hacer frente al empobrecimiento de sus barrios más castigados, que dan lugar a situaciones de auténtica alarma. Los plenos municipales se han convertido en episodios de realismo mágico propios de las novelas de García Márquez, con ciertos toques de burocracia kafkiana que hace del ejercicio de la política una pantomima en Telde.
Una respuesta a la desidia
En el otro lado de la balanza, empieza a despuntar la reacción de una parte de la población, la más desfavorecida, que toma conciencia de que sus actuales representantes públicos andan demasiado enmarañados en asuntos judiciales e intereses partidistas como para tomarse en serio sus problemas.
En el barrio de Jinámar, cerca de veinticinco familias se han organizado en una red de autogestión, denominada Red de Solidaridad Popular de Jinámar, en sintonía con otras redes de solidaridad popular que empiezan a despuntar en diferentes partes del Estado. Como se detalla en este mismo número en un reportaje especial, el objetivo es que quienes más lo necesitan puedan organizarse para hacer frente a las necesidades vitales más perentorias recogidas como derechos fundamentales tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Constitución Española; pero que en Telde, como en otros muchos puntos de la geografía española, no se satisfacen mínimamente por parte de las instituciones. Es en el Ayuntamiento de Telde donde, al ir a solicitar ayudas, se les responde con un “aquí no hay nada que dar” y se les remite a servicios asistenciales como Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos que son los que, ante la desidia institucional, se ocupan de los más necesitados. Previo pago por parte de la Administración, que externaliza así el servicio asistencial, e incluso en ocasiones también por parte de los afectados, quienes se han visto con la sorpresa de tener que pagar hasta 18 euros para figurar en algunas de las listas del Banco de Alimentos, según denuncia Manuel ‘Lolo’ Rodríguez, de IU Telde.
Se trata de satisfacer necesidades básicas como el acceso al alimento, la luz eléctrica o el agua corriente. La mitad de estas 25 familias no tienen siquiera acceso al servicio de abastecimiento de agua, puesto que su condición económica es tal que no han podido hacer frente a las facturas y se les cortó el suministro.
La red de solidaridad popular cuenta con otra figura, la Despensa Popular, ubicada en la sede de la Asociación de Vecinos La Concepción de Jinámar, donde se recogen alimentos y otros productos de primera necesidad que puedan requerir estas familias. La idea surgió a raíz de una convocatoria del Movimiento contra el Paro y la precariedad, pero han sido los propios afectados quienes han ido tomando las riendas de su red popular para desarrollar el proyecto. “Lo más interesante de la red” -cuenta Lolo Rodríguez- “es que no se trata de una cuestión caritativa o benéfica, sino de una organización autogestionada que permite a las familias afectadas tomar conciencia de que la situación en la que se encuentran no debe ser motivo de vergüenza o descrédito social”. Antes bien, comienzan a asumir que ante el descalabro institucional en lo que a Asuntos Sociales se refiere ha llegado la hora de reclamar sus derechos y organizarse para resolver sus problemas más básicos. No tienen dinero o trabajo, pero cuentan con tiempo y conocimientos y eso es lo que pueden aportar al resto de componentes. La red se fundamenta en el empoderamiento de sus integrantes, en la participación y en la fuerza de la organización social frente al sufrimiento individual y el desamparo en el que se encontraban hasta la creación de la plataforma, el pasado diciembre de 2013.
A finales de diciembre pasado se celebraron en Jinámar unas jornadas de solidaridad para recaudar alimentos y bienes de primera necesidad no alimentarios. Fueron las familias las que elaboraron un listado de productos que se adecuara a la realidad, en la que la higiene juega un papel fundamental que muchas veces se olvida a la hora de cubrir las necesidades de los más necesitados. Más de una tonelada de alimentos y productos no perecederos fueron el resultado de esta jornada solidaria, que se convirtió en el primer depósito de envergadura de la recién creada despensa popular. Este almacén de productos está gestionado por las familias de la Red, aunque cuenta con supervisión de la asociación de vecinos. La red se convierte así en un colectivo autosostenible, lógicamente con apoyos solidarios de otros vecinos y colectivos implicados, pero con total autonomía.
Atiende por igual a cualquier vecino de Jinámar que lo necesite sin considerar a qué término municipal pertenece, pues lo mismo da ser de Las Palmas de Gran Canaria que de Telde, cuando lo que está en juego es un plato de potaje que poner sobre la mesa, un jabón para la ropa o incluso la ropa que poner a los chiquillos. Fiel reflejo de un municipio, desvalijado primero y abandonado después, donde ya no se atienden ni las necesidades más básicas.
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