La principal empresa de ambulancias de Canarias renuncia al concurso por la precariedad del presupuesto

Aeromédica Canarias, la principal empresa del sector del transporte sanitario en las Islas y adjudicataria del actual contrato, ha desistido de presentarse al concurso de ambulancias convocado por la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), dependiente de las consejerías de Sanidad y Seguridad del Gobierno regional. La mercantil, que sigue pendiente de que el Tribunal de Contratos Públicos resuelva el recurso que presentó hace más de tres meses, ha renunciado por la razón que ya expuso cuando impugnó las bases: con el presupuesto de licitación (cerca de 150 millones de euros) es imposible cubrir los servicios requeridos sin incumplir las condiciones o el convenio colectivo del sector.

La dirección de la empresa convocó este viernes a los representantes de los trabajadores para trasladarles una decisión “que no tiene marcha atrás”, puesto que el plazo de presentación de ofertas concluyó el pasado 6 de mayo. Aeromédica Canarias seguirá prestando el servicio hasta que se resuelva un concurso que, desde que se convocara el pasado 28 de enero, ha sufrido un sinfín de avatares: recursos (de la propia empresa y del sindicato UGT), cancelaciones del acto de apertura de sobres. ampliaciones de plazos...

Aeromédica Canarias sostiene que la decisión es coherente con la posición que la empresa ha mantenido desde el principio. “¿Cómo nos vamos a presentar a sabiendas de que los números no alcanzan?”, señalan desde una compañía que tiene 30 años de experiencia en el sector y resultó adjudicataria del polémico concurso de 2008, que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2012 y que debió expirar en 2015, plazo en el que finalizaba el periodo máximo de vigencia, prórrogas incluidas.

Con un presupuesto similar al recogido en el contrato en vigor, las bases del concurso exigen un aumento en el número de ambulancias, personal y materiales, además de premiar la reducción de hasta un 7% del precio de licitación. Aunque GSC no ha informado de las empresas que han presentado ofertas al concurso, fuentes especializadas consultadas por este periódico señalan que la precariedad del presupuesto ha abierto la puerta a sociedades “de capital riesgo”, a “fondos buitre que tienen más presupuesto que la comunidad autónoma”. Aeromédica Canarias considera que es materialmente imposible cumplir las exigencias del pliego y las estipulaciones del convenio colectivo del sector con el presupuesto planteado por el Gobierno de Canarias.

La empresa de mayor envergadura del sector del transporte sanitario en Canarias sigue a la espera de que el Tribunal de Contratos Públicos se pronuncie sobre el recurso presentado en febrero. Los plazos de resolución en este organismo se pueden extender hasta los 9 meses o, incluso, el año.

No es la única acción que Aeromédica Canarias ha emprendido contra el Gobierno regional. La compañía denunció en marzo por revelación de secretos al consejero de Sanidad José Manuel Baltar, en su condición de presidente de GSC, la empresa pública que colgó en el perfil del contratante los recursos presentados por la propia Aeromédica. Un hecho que, en opinión de la denunciante, le situaba en una posición “de clara desventaja” con respecto a sus competidores, ya que pudieron acceder a su previsión de costes. La denuncia puede influir en licitaciones futuras, advierten los trabajadores.

La apertura del sobre 2, que contiene las ofertas económicas, estaba prevista para el próximo lunes 27 de mayo. Sin embargo, ha sido aplazada. Aunque no han trascendido los motivos de forma oficial, fuentes del sector apuntan que se debe a la dificultad para designar al miembro de los servicios jurídicos que formará parte del tribunal. Mientras, el Gobierno de Canarias ha aprobado el decreto que alarga la vida útil de las ambulancias hasta los 12 años, cuatro más del periodo máximo de vigencia previsto en el concurso de 2008, para evitar que la flota pierda sus permisos y no pueda circular.

Menos calidad y merma laboral

La Federación de Empleados de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FESP-UGT) ha advertido de que el bajo presupuesto repercutirá en la calidad asistencial y provocará una merma en las condiciones de los trabajadores. El responsable del sindicato en el sector de las ambulancias, Iván Amador, sostiene que con ese presupuesto de licitación ninguna empresa puede prestar el servicio con garantías Recuerda que la Ley de Contratos Públicos establece que el precio debe fijarse en función del mercado, por lo que no entiende cómo es posible que el plazo para la presentación de ofertas finalizara el 6 de mayo, una semana antes de que el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicara el III Convenio Colectivo del sector.

“Cuando el Gobierno da muestras de no saber lo que hace, no es transparente, comete irregularidades, es irresponsable con la vida útil de los coches y subasta la licitación, debe apartarse y dejar que un nuevo Gobierno tome la iniciativa”, señalan desde UGT. El sindicato promovió este mismo año una iniciativa parlamentaria para devolver el servicio a manos públicas, propuesta que salió adelante con una enmienda que supeditaba este cambio de modelo hacia la internacionalización al resultado de los informes económicos y jurídicos.