Arena saharaui para remodelar una playa en el sur de Gran Canaria

El buque 'DC-EEMS' descarga dos veces por semana arena proveniente del Sáhara Occidental en el Puerto de Arinaga

Iago Otero Paz

Las Palmas de Gran Canaria —

La remodelación de la playa de Tauro, en el suroeste de Gran Canaria, ha vuelto a levantar la polémica de la compra de arena saharaui por parte de empresas canarias, que la destinan mayormente al sector de la construcción y para crear playas artificiales o modificar las ya existentes. En este caso concreto la empresa Anfi, a través de la constructora Santana Cazorla, convertirá en arena rubia unos 300 metros de costa de callaos y arena negra.

Se trata de un proyecto que está previsto que concluya a finales de este año y en el que la empresa ha invertido siete millones de euros. Según comenta el departamento de comunicación de Anfi, con esta iniciativa buscan hacer una playa “más segura y acogedora para el uso de todos”. Una renovación que busca que el visitante se bañe “con todas las garantías y la seguridad evitando posibles caídas por culpa de los desniveles”. Además de la renovación de la playa, el proyecto está acompañado de un paseo que unirá Playa Amadores y Playa del Cura.

En un principio querían traer la arena rubia del banco de arena situado en Pasito Blanco, en el sur de Gran Canaria, pero se les negó esta posibilidad. Por tanto, tuvieron que recurrir al exterior y decidieron comprar la arena al mismo proveedor de la Playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife.

“En total son 50.000 toneladas de arena que se ha analizado para contrastar su calidad con un grado de humedad que hace que se cimente mejor en el fondo y que no sea arrastrada por las corrientes”, explican desde Anfi. De este modo, dos veces por semana un barco trae 4.500 toneladas de arena desde El Aaiún y la desembarca en Arinaga, y de ahí en camión hasta Mogán.

El hecho de desembarcar en el municipio de Agüimes, en el este de la isla, ha hecho que la obra se haya encarecido en un 20%, ello a pesar de que en Mogán existen hasta tres puertos, Mogán, El Pajar y Arguineguín, intentándolo en estos dos. “En Arguineguín se nos dijo que era imposible que el barco pudiese entrar por falta de calado, pero vamos a presentar un escrito argumentando que sí es posible desembarcar la arena ahí. Respecto a nuestro intento de atracar en El Pajar se nos negó de forma rotunda, lo que nos llevó a optar por Arinaga como última opción”, anuncian desde la empresa, que resalta que otro hecho que ha encarecido la obra es que la Autoridad Portuaria de Las Palmas les obliga a llevar el barco hasta Las Palmas de Gran Canaria para que un práctico esté presente a la hora de entrar en el puerto de Arinaga, con el consecuente gasto de combustible. Esto lo ven ilógico porque entienden que sería más barato que el práctico esperara en el mismo puerto agüimense.

Expolio de recursos naturales

Para Sergio Ramírez, que fue miembro del Observatorio de los Recursos del Sáhara Occidental (WSRW por sus siglas en inglés Western Sahara Resource Watch), este caso es un ejemplo más de “expolio” al pueblo saharaui, sobre todo después de que en diciembre del año pasado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anulara el acuerdo pesquero con Marruecos en el Sáhara Occidental.

“Hay múltiples resoluciones internacionales que dicen a las claras que el territorio del Sáhara Occidental tiene una situación concreta pendiente de referéndum y que mientras ese referéndum no llegue, la protección del pueblo saharaui está bajo el manto de las Naciones Unidas”, sostiene Ramírez, y añade que “si la ONU dijo que en cuanto a la protección de los recursos naturales y a la posibilidad de negociar o no negociar con los recursos naturales del pueblo saharauis, esto no se puede hacer sin que los beneficios de este comercio reviertan en el pueblo saharaui, ni siquiera tiene que revertir en los colonos”.

En la misma línea se expresa Carmelo Ramírez, consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, una de las instituciones más comprometidas con la causa y la defensa de los derechos del pueblo saharaui. Ramírez recuerda que traer arena del Sáhara Occidental es “una vulneración de la legalidad internacional y de los derechos que tiene el pueblo saharaui” y apunta que “es una violación de los derechos que tiene el Sáhara ocupado”.

“Los recursos naturales como la pesca, los fosfatos o la arena no le corresponde gestionar al Gobierno de Marruecos. Es un territorio sujeto a un proceso de autodeterminación y que Marruecos no tiene la soberanía en ese territorio. Cualquier empresa canaria que saque recursos naturales de ese territorio está yendo en contra de la legalidad internacional, los acuerdos y los intereses saharauis” sentencia el consejero de Nueva Canarias.

No obstante, el Cabildo no puede hacer nada más que “denunciar políticamente” esta práctica, pero señala que desde el movimiento solidario presente en la isla, al que él pertenece, van a promover acciones jurídicas para denunciar la extracción de áridos. “Vamos a ver ante quién tenemos que denunciar el asunto, pero ante la propia ONU en primer lugar y ante las propias autoridades españolas. No puede ser que una empresa española se beneficie de una actividad delictiva”, exclama.

También la Delegación Saharaui para Canarias envió a los medios de comunicación un comunicado en el que consideraban como un acto “delictivo e ilegal el saqueo de esta riqueza, al igual que la pesca y la agricultura” y solicitaron a Anfi Tauro S. A. a desistir de esta actividad “como lo han hecho muchas empresas europeas y atenerse a la legalidad internacional”.

Por contra, una fuente pertenecientes al proyecto que lleva a cabo Anfi en Tauro lamenta que se ponga el ojo en esta playa cuando es una práctica que se lleva haciendo años en las Islas, una arena que ya se empleó en Las Teresitas, cuando se construyó hace más de 40 años, y que se sigue utilizando diariamente en Canarias en la construcción. Así, defiende que Anfi es “un consumidor más de un servicio que presta una empresa canaria” y que los activistas tienen que protestar contra los que tienen la concesión en el Sáhara Occidental.

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