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Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

Los afectados por el volcán de La Palma tiran de donaciones mientras esperan por las ayudas públicas

Damnificados por el volcán de La Palma frente a la Casa Massieu, habilitada como oficina de atención a los afectados

Natalia G. Vargas

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En dos meses y medio, la erupción volcánica de Cumbre Vieja ha asestado un golpe letal a la vida económica y social de La Palma. Viviendas, negocios y cultivos han quedado sepultados bajo la lava, que ha engullido además la idiosincrasia de los palmeros, habituados a “vivir con poco”. Los ahorros de toda una vida y las fuentes de ingresos de miles de habitantes de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte han ido desapareciendo con el paso de las semanas. Al mismo tiempo, la espera por las ayudas económicas se ha hecho cada vez más larga. Personas y entidades de todas partes del mundo han salido “al rescate” de los más de 7.000 vecinos afectados por la catástrofe recaudando más de 9 millones de euros en donaciones a los ayuntamientos y al Cabildo.

Hasta hace tres semanas, los palmeros no habían recibido “ni un euro” de esta cifra. Rosa, trabajadora de una peluquería, explicaba que solo había recibido tarjetas de Cruz Roja para invertir en negocios de la isla. “Prefiero que me den dinero para ir comprando bloques”, decía. Ana, empresaria de Puerto Naos, recibió algo de dinero para gasolina, pero le ha “salvado” la flexibilidad de los proveedores en cuanto a los pagos. Ahora, los ayuntamientos y el Cabildo insular comienzan a distribuir el dinero y los palmeros y palmeras se aferran a él mientras esperan por el reparto de las ayudas públicas que el Gobierno de España ha aprobado durante la emergencia. 

En un primer momento, el reparto del dinero recaudado por las administraciones regionales iba a repartirse a través de una cuenta común y con unidad de criterios. Incluso la máxima corporación de la isla propuso duplicar con fondos propios la suma total de donaciones. Pero las dificultades para llegar a un acuerdo hicieron que algunos ayuntamientos se adelantaran y establecieran sus propios requisitos. 

38 familias de El Paso, de las 1.000 afectadas por el volcán en este municipio, fueron las primeras en recibir su parte correspondiente de las donaciones. La cuenta abierta por la corporación municipal ha recibido más de un millón de euros. El alcalde, Sergio Rodríguez (Coalición Canaria), explicó a este periódico que el reparto distingue entre damnificados, aquellos que han perdido su vivienda, y evacuados, que han sido desalojados de casa pero aún la conservan. En el primer caso, el ingreso que reciben oscila entre los 1.000 y 3.000 euros. En el segundo, entre 800 y 1.500. Para determinar la cantidad exacta, se tiene en cuenta el número de miembros que integran la unidad familiar. El dinero recibido debe ser invertido en un plazo máximo de seis meses, que puede prorrogarse. Además, las personas deben justificar en qué se han gastado la donación. 

Las razones que empujaron a El Paso a adelantarse en la distribución de las recaudaciones pasan por “la necesidad y la ansiedad de la gente”, así como por la “lentitud” del Cabildo de La Palma para reunirse con el Ayuntamiento. “Habíamos quedado en sentarnos para fijar criterios comunes y la reunión no se produjo en diez días. Eso se sumó a las llamadas de donantes que no querían que el Cabildo gestionara el dinero”, cuenta Rodríguez. 

A veces es solo una calle la que divide los criterios por los que se rigen los vecinos. Los 5.000 habitantes afectados de Los Llanos no deben justificar en qué gastan las donaciones ni tienen la obligación de utilizarla en un margen temporal de medio año. Asimismo, este municipio, que había recaudado 1.865.248,54 euros hasta el momento de la entrevista, no distingue en el reparto entre damnificados y evacuados, y repartirá cantidades de entre 1.000 y 4.000 euros en función del tamaño de la unidad familiar. “No es que te vayas a comprar una casa con ese dinero, pero es para las necesidades urgentes de alimentación y de alquiler. Me parece lógico que las personas sean tenidas en cuenta con el mismo criterio”.  

Hace una semana, en una entrevista concedida a este periódico, la alcaldesa, Noelia García (Partido Popular), confirmó que no habían comenzado aún a ingresar las donaciones. “Teníamos que darles las mismas oportunidades a las personas que perdieron su casa hace 60 días que a las que la han perdido en los últimos días. Por eso no lo hemos hecho antes”, aseveró. Este sábado, la corporación insular anunció que ya había empezado a abonar las donaciones.

Que los vecinos dispongan de liquidez tiene, según ambos alcaldes, más de una ventaja. Por un lado, evitan tener que desplazarse a pabellones a pedir comida, ropa o productos de higiene. “Los pabellones siguen abiertos, pero nuestro deseo es cerrarlos y darle dignidad a las familias, dándoles tarjetas para que puedan ir a comprar directamente”, explica la alcaldesa de Los Llanos. Para Sergio Rodríguez, estas ayudas “paliativas” tienen, además, un impacto positivo en el comercio local.

El Cabildo de La Palma ha asegurado a este periódico que el pasado 9 de noviembre comenzó a abonar los  7 millones de euros recibidos de manera solidaria para los afectados por el volcán. La consejera de Acción Social, Nieves Hernández, ha explicado que las ayudas irán desde los 2.000 a los 3.000 euros. “Si la unidad familiar está compuesta por una persona se le abonarán 2.000 euros. Si se compone por dos o tres, 2.500 euros. Mientras que si está compuesta por más de tres, se les abonarán 3.000 euros”. 

A este dinero que recibirán los afectados, se suma la cifra de 320.000 euros del Gobierno de Canarias que se pretende reforzar con otros 900.000 euros. A esto se suman los cinco millones de euros del Estado para equipamiento de viviendas y compra de enseres.

Reparto de viviendas 

Hasta el momento, el Gobierno de Canarias ha instalado 17 viviendas: cinco en Fuencaliente y doce en Tazacorte. Según datos ofrecidos por el Ejecutivo regional, las casas han sido compradas con los 10,5 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros el 28 de septiembre. Se prevé que al finalizar este año se hayan adquirido 116 viviendas y 200 modulares. De estas, 30 ya están compradas y se instalarán en El Paso, con un presupuesto de 1,7 millones de euros. Los pisos entregados hasta el momento en Tazacorte tienen entre uno y tres dormitorios y miden entre 60 y 90 metros cuadrados. Las personas son seleccionadas por un comité técnico después de un análisis llevado a cabo por las trabajadoras sociales de la Casa Massieu. 

Además de las casas, otra inversión que ya se ha materializado es la obra de las dos desaladoras instaladas en Puerto Naos para el riego de cultivos (4,7 millones de euros). El Gobierno de Canarias también ha invertido 300.000 euros para abrir la oficina de atención al afectado por la erupción instalada en la Casa Massieu y gastará 2 millones de euros en este año en la factura de las 600 personas desalojadas que duermen en hoteles. Por otro lado, 1.664 trabajadores se han visto afectados por la erupción y se han acogido a los ERTE especiales para La Palma. 

Ayudas estatales 

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha viajado a La Palma en siete ocasiones desde que comenzó la erupción. Hasta allí también se han desplazado once ministros. Entre ellos el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra; la ministra de Ciencia, Diana Morant, y el de Agricultura, Luis Planas. En varias de estas visitas, el líder socialista ha anunciado la aprobación de partidas destinadas a reconstruir La Palma. 

En su última visita, Sánchez recordó que los daños materiales provocados por la erupción volcánica ascienden ya a 74,45 millones de euros. Las ayudas prometidas por el Ejecutivo central se dividen en dos grandes bloques: 10,5 millones de euros para adquirir viviendas y enseres y 214 millones de euros dirigidos a infraestructuras, agua, empleo, agricultura, turismo y beneficios fiscales. 

Para que todas estas ayudas lleguen con fluidez a los damnificados por el volcán, falta que las administraciones locales definan sus protocolos y se conecten al registro único del Gobierno regional que recoge a todas las personas afectadas, con el fin de filtrar en esta vía la convocatoria y reparto del dinero.

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