MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Amnistía Internacional (AI) reconoce que “los estados tienen la obligación de proteger a la mujer frente a las presiones o la coacción para que lleven el velo integral”, sin embargo, ha advertido de que las prohibiciones generales podrían ser “contraproducentes”, pues “las mujeres que actualmente son obligadas a llevarlo corren el riesgo de ser encerradas en sus casas, con lo que tendrían incluso menos capacidad para trabajar, estudiar o acceder a la asistencia y la protección que necesitan”.
El experto de Amnistía Internacional sobre discriminación en Europa, John Dalhuisen, ha manifestado que “no se puede combatir la discriminación con discriminación”, y ha afirmado que “la igualdad de género no se promueve imponiendo las prendas que pueden o no pueden vestir las mujeres, sino garantizando que se empodere a las mujeres para que tomen sus propias decisiones y puedan llevarlas a cabo efectivamente”.
De esta forma, AI ha pedido a los legisladores de Cataluña que no adopten este miércoles una moción a favor de prohibir que las mujeres usen el velo integral en edificios y espacios públicos y ha señalado que España se ha convertido en el tercer país de Europa que considera este año la introducción de restricciones sobre el uso del velo integral, tras Bélgica y Francia.
Además, la organización cree que “no se ha demostrado que las prohibiciones generalizadas sobre el uso del velo integral sean necesarias o proporcionadas para alcanzar objetivos en torno a la protección frente al delito o seguridad pública” y, por lo tanto, “no se justifica la prohibición del velo integral en lugares públicos o en todos los edificios públicos”.
“Los motivos legítimos de seguridad pueden resolverse restringiendo selectivamente la posibilidad de cubrirse totalmente el rostro en lugares de alto riesgo bien definidos o exigiendo a las personas que se descubran el rostro cuando sea objetivamente necesario, como por ejemplo en los controles de identidad”, ha concluido Dalhuisen.
Amnistía Internacional es una organización no gubernamental (ONG) internacional. En la actualidad cuenta con más de 2,8 millones de socios, activistas y voluntarios, y está presente en más de 150 países. En España suma casi 60.000 socios. Su labor se centra en combatir los abusos contra los derechos humanos a través de la investigación, la denuncia pública y el activismo.