La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán – Coalición Canaria), ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento no pagará el entierro de las personas que fallezcan en la ruta migratoria canaria y sean trasladadas al Muelle de Arguineguín. “Nosotros no vamos a asumir ningún enterramiento más porque lo debe pagar el Gobierno de España. Sí cedo mis nichos para que haya un enterramiento, pero no los gastos que ocasiona ese enterramiento, porque no son uno, ni dos, ni tres…”, ha dicho la regidora sureña en declaraciones a Televisión Española.
“Son gastos que yo detraigo de los impuestos de mis vecinos. Ni siquiera el Gobierno de España, por medio de la Delegación del Gobierno, se interesa por nada”, ha añadido Bueno. Según fuentes vinculadas con servicios funerarios, el coste de las sepulturas oscila entre los 600 y los 1.000 euros.
El denominado reglamento de Política Sanitaria Mortuaria, que data de 1974, establece que deben ser los ayuntamientos quienes se hagan cargo de los gastos de los entierros por beneficencia de las personas sin recursos fallecidas dentro del término municipal. Sin embargo, el gobierno moganero sostiene que las muertes de los migrantes se producen en alta mar y que, en consecuencia, debe ser el Gobierno central quien se haga cargo.
Desde la Delegación del Gobierno de Canarias, en cambio, inciden en que es el juez o la jueza de guardia quien certifica la muerte de las personas migrantes y que lo hace en el muelle al que son trasladados. En el caso de Gran Canaria, el de Arguineguín. Las sepulturas son, por tanto, “competencia directa” de los ayuntamientos, subrayan, incluso en el caso de que los fallecidos tengan que ser trasladados al Instituto Anatómico Forense de la capital para su autopsia.
Las Palmas de Gran Canaria es el único municipio de la isla que tiene adjudicado por concurso los servicios funerarios para la sepultura de personas sin recursos. El resto de los ayuntamientos contrata a las empresas mediante contratos menores.
En mayo de este año, el Ayuntamiento de Mogán pagó a través de esa fórmula el entierro de Francisco Artiles, un conocido policía local al que apodaban Harry El Sucio y que había sido condecorado meses antes por el gobierno municipal con la cruz distintiva de permanencia en el cuerpo pese a haber sido condenado en varias ocasiones. En un decreto al que ha tenido acceso este periódico, el gobierno municipal justificaba la necesidad de acudir al contrato menor en que la familia no quería hacer frente a los gastos de sepultura al no tener relación con el fallecido. Artiles tenía tres hijos. Uno de ellos es el exfutbolista de la Unión Deportiva Las Palmas Aythami Artiles. Otra, Grimanesa Artiles, que en las elecciones celebradas el 28 de mayo fue elegida concejala por Juntos por Mogán, el partido de la alcaldesa, y que ahora ostenta responsabilidades en el área municipal de Servicios Sociales.
El Ayuntamiento de Mogán adjudicó esos servicios funerarios a la empresa Mejor en el cielo por un importe de 625 euros.
Los antecedentes de la alcaldesa
Durante la crisis de acogida de finales de 2020, Bueno ya se opuso a que el municipio de Mogán alojara a los migrantes que llegaban a la isla de Gran Canaria. La alcaldesa llegó a fletar tres guaguas para trasladar, sin alternativa habitacional ni comida, a unas 200 personas hasta la plaza de La Feria de la capital, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias.
En esas fechas, y después de lamentar las condiciones en las que se encontraban los migrantes hacinados en el Muelle de Arguineguín, amenazó con sanciones de hasta 300.000 euros a los establecimientos turísticos que ofrecieron sus instalaciones para que estas personas se pudieran hospedar en ellos. Decenas de vecinos de Mogán organizaron entonces concentraciones xenófobas en las que insultaban a los migrantes alojados en esos hoteles.
La alcaldesa de Mogán participó en manifestaciones que ligaban el aumento de la presión migratoria con el descenso de la actividad turística, en un contexto marcado por la pandemia de Covid-19 y por las restricciones de movilidad en los principales países emisores de turistas del Archipiélago.
Meses después, el Ayuntamiento resolvió los expedientes sancionadores contra los establecimientos hoteleros con multas de entre 900 y 6.000 euros, cantidades muy alejadas de las que anunció Bueno para tratar de disuadir a los propietarios.
La alcaldesa también se ha opuesto al uso de un hotel del municipio como recurso de tránsito para los pacientes sociosanitarios del Servicio Canario de Salud. Es decir, para que se pudieran alojar en ese establecimiento personas que llevaban meses, e incluso años, viviendo en los hospitales públicos de la isla con el alta médica porque no tenían casa a la que acudir o familia que pudiera hacerse cargo de ellas.
La alcaldesa también anunció hace poco más de un mes su intención de sacar del municipio las dos embarcaciones de rescate de Salvamento Marítimo que tienen su base en el Muelle de Arguineguín. “Estas embarcaciones estrangulan la actividad comercial y turística del que es el puerto más rentable de la red de Puertos Canarios en Gran Canaria”, dijo en esa sesión.
Onalia Bueno gobierna Mogán desde 2015. En las elecciones del pasado 28 de mayo revalidó y amplió la mayoría absoluta que ya había logrado en 2019. En los últimos comicios concurrió con una marca propia, Juntos por Mogán, dejando de lado las siglas con las que se había presentado en los anteriores, Ciudadanos por el Cambio (Ciuca). Además, fue como número tres en la lista de Coalición Canaria al Parlamento por la isla de Gran Canaria, aunque no resultó elegida.
Tras el archivo, esta misma semana, de una de las causas judiciales por las que permanecía imputada, la alcaldesa de Mogán sigue investigada en otras cuatro. Tres de ellas derivan de la original de compra de votos, archivada en marzo del año pasado por la prescripción de los hechos respecto de los comicios de 2015 y por falta de pruebas en la de 2019.