La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) se ha reunido este lunes en La Palma con la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y le ha exigido “mantener las cantidades de referencia durante las siguientes dos campañas para el plátano y eliminar del requisito de porcentaje de producción y comercialización de plátanos para las campañas inmediatamente posteriores a las afectadas”.
En esta reunión también se ha abordado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 y la asociación ha trasladado a la ministra la necesidad incorporar una enmienda a la actual propuesta que rectifique esta partida, dado que con la cuantía actual de 10 millones de euros se incumple con lo establecido en el REF de Canarias y lo aprobado por todas las fuerzas políticas, cuando se acordó compensar el 100% del coste efectivo del transporte del plátano desde las islas, lo que resultaría en un importe total de 30 millones de euros.
El presidente del grupo, Domingo Martín, ha expuesto el “grave impacto” que la erupción ha tenido sobre el sector del plátano de Canarias, motor económico para la isla de La Palma, causando daños que, lejos de detenerse, continúan incrementándose cada día y afectando a la práctica totalidad de la producción de la isla. Más de 128 hectáreas de plataneras han sido arrasadas por la lava.
El paquete de medidas propuesto tiene un doble objetivo. Por un lado, indemnizar las pérdidas causadas por la erupción volcánica, y por otro, sostener el tejido productivo, el empleo y la actividad empresarial, tanto directa como indirecta, asociados al plátano en La Palma para posibilitar una “más pronta recuperación social y económica de la isla”.
Así, el sector ha presentado un paquete indivisible de tres medidas que incluyen un sistema de ayuda a la producción perdida, que garantice la indemnización hasta completar el histórico de kilos correspondiente al final de la campaña 2022; ayudas a los productores y empaquetados para el mantenimiento de la actividad laboral y el tejido productivo -susceptible de incluirse en los fondos ya aprobados para el plan extraordinario de empleo-; así como ayudas e indemnizaciones a las pérdidas en infraestructuras y equipamiento tanto a productores como a empaquetados.