Decenas de niños de entre 6 y 14 años de edad corren el riesgo de quedarse sin cancha de entrenamiento de baloncesto si la Consejería de Educación accede a una pretensión vecinal para inhabilitar durante las tardes el pabellón deportivo del instituto La Minilla, en Las Palmas de Gran Canaria. Educación ya cerró cautelarmente el pabellón en febrero pasado y dejó en la calle durante semanas al Club Baloncesto Las Palmas, al que pertenecen los menores. En noviembre, revalidó al club el permiso para entrenar en el recinto, aunque limitando drásticamente su horario de 16.30 a 19.30 horas de lunes a viernes y eliminando los partidos de fin de semana. Aún así, vecinos del edificio anexo pretenden que la práctica deportiva se suprima totalmente en el pabellón en horario de tarde y que los niños, incluidos entre ellos varios menores que pertenecen a la misma comunidad vecinal, sean rebotados a otros centros de Schamann o Tafira.
El Club Baloncesto Las Palmas es un histórico del deporte en Gran Canaria, con treinta años de recorrido y 160 jugadores de entre 6 y 17 años en la actualidad. Se trata de un club modesto, que compensa con laboriosidad y ánimo deportivo sus carencias materiales, empezando por la propia cancha. Al mando de Pedro Cazorla, el club forma a los menores en la práctica del baloncesto. Y contribuye de camino a la integración y el desarrollo psicofísico de algunos niños con dificultades, entre ellos varios menores con trastornos de atención y síndrome de Asperger.
Hace cuatro años, el CB Las Palmas aterrizó en el pabellón deportivo del IES La Minilla. Se trata de un recinto deportivo cerrado que, como el propio instituto que lo integra, ya estaba allí cuando se construyó y ocupó el edificio colindante, Las Vistas de Urbis. Hasta entonces, el pabellón estaba infrautilizado, con un uso parcial por las mañanas por los propios alumnos del IES. La llegada del club de baloncesto contribuyó a sacar más rendimiento a una infraestructura educativa pagada con los impuestos de los ciudadanos. El consejo escolar no tardó en reconocer los valores que contribuía a afianzar el club como impulsor del deporte.
Y el club empezó a echar algunas manos al IES en pequeños equipamientos complementarios de aulas no deportivas.
Durante los dos primeros años, la práctica del baloncesto se consolidó con normalidad y sin mayores contratiempos ni quejas vecinales. La actividad incluía tres tandas de entrenamiento entre las 17,00 y las 21,30 horas de lunes a viernes y algunos partidos los sábados y domingos. En marzo de 2016, una primera queja de vecinos se hizo llegar desde Las Vistas de Urbis a la directora del IES “por los ruidos procedentes de la cancha de baloncesto, como gritos, chillidos, etcétera, que se producen los fines de semana en los que se celebran partidos”. La dirección del instituto intervino para tratar de conciliar la actividad deportiva con el derecho al descanso: los entrenamientos se limitaron y se dio al club la instrucción de no celebrar ningún partido los sábados o domingos antes de las 10,30 de la mañana. En paralelo, se tramitaba la autorización oficial de la consejería para el uso de la cancha, firmada el 2 de febrero de 2017 para la temporada en curso.
El IES La Minilla colinda con cuatro edificios diferentes. Todos ellos absorben las diferentes dosis de ruido que se suceden a lo largo del día por la actividad del instituto, desde que los adolescentes comienzan a arremolinarse junto al centro a partir de las 7,30 de la mañana. Con diferencia, los ruidos más intensos se producen entre las 10,30 y las 11,00, cuando los alumnos del IES salen al recreo y su algarabía de conversaciones, gritos y carreras toma todas las explanadas descubiertas del centro y por extensión, el vecindario. La segunda tanda más ruidosa llega sobre las 14,00 horas, cuando la calle se colapsa con el ir y venir de coches y padres que recogen a sus hijos y los bocinazos se suceden entre vehículos aparcados de cualquier manera en doble fila.
En la misma vía, la calle Concejal García Feo, la ración de ruido es doble para los vecinos situados entre el instituto La Minilla y el colegio de primaria Gran Canaria, con su respectiva aportación de recreos escolares a voz en grito y sus atascos mañaneros y de mediodía. Pero los dos centros educativos ya estaban allí cuando llegaron los ocupantes de la mayoría de los edificios de la zona y no se conocía queja de comunidad alguna, a excepción de la que salió de Las Vistas de Urbis en marzo de 2016 sin consulta previa a la asamblea de propietarios.
Pero a principios de 2017, alguien en Las Vistas de Urbis decidió que la madre de todas las molestias eran el Club Baloncesto Las Palmas y el pabellón deportivo del instituto y que había que lograr la cancelación de cualquier actividad no lectiva en el recinto. Una única persona se entrevistó por esta causa con el jefe de gabinete de la Consejería de Educación y posteriormente con el director territorial del área, Juan José Gil. Unos días después, elaboró un escrito que se pasó a la firma entre residentes del edificio y se registró en la Consejería de Educación. En él se relataban ambas citas con los representantes institucionales e incluso una visita del propio Gil al pabellón del IES La Minilla.
Este documento recogía “el rechazo firme y rotundo” a que el club de baloncesto continuara su tarea formativa en el pabellón del instituto. Pero también el mismo rechazo a que el recinto fuera utilizado para ningún otro tipo de evento no lectivo después de las 14,00 horas. En la práctica, reclamaba la inutilización total del pabellón deportivo pagado con los impuestos de los ciudadanos.
El texto se registró el 21 de febrero 2017 sin que existiera todavía un pronunciamiento oficial de la comunidad de propietarios. Con inusual celeridad, Juan José Gil firmaba en menos de 48 horas dos documentos de respuesta. El primero, suscrito al día siguiente, comunicaba al club de baloncesto un trámite de audiencia de 4 días como paso previo a una revocación unilateral del permiso para utilizar el pabellón deportivo. Esta notificación salió oficialmente de Educación a las 07,30 horas del 23 de febrero. Solo 4 horas después se notificaba un segundo documento en el que Gil imponía como medida cautelar la total suspensión de las actividades deportivas en el pabellón.
Los niños se quedaron literalmente en la calle. Entre ellos, varios menores cuyos padres o abuelos viven en Las Vistas de Urbis. De nada sirvió que algunos de los afectados, también residentes en el edificio, registraran un segundo escrito invocando la obviedad de que el deporte contribuye a una vida sana y apelando a Educación para obtener un acuerdo a través de la mediación y la negociación.
Dado que la comunidad tampoco había sido oficialmente consultada, algunos propietarios se enteraron del episodio cuando la expulsión de los jugadores saltó a las páginas de los medios de comunicación. A varios meses del final de temporada, el modesto club se quedaba sin cancha para entrenar ni para jugar. Y sus niños, en casa. Durante cuatro semanas acudieron a los partidos sin entrenar. O entrenando alguna tarde suelta en las canchas de un parque público cercano al instituto.
No fue hasta el 15 de marzo de 2017 cuando la comunidad de propietarios de Las Vistas de Urbis se pronunció oficialmente por primera vez. Su decisión fue personare en el expediente abierto por la Consejería de Educación y hacer un seguimiento de las medidas de impacto acústico que se había comprometido a pedir el club de baloncesto. Con estas condiciones, Educación levantó la suspensión cautelar y los niños pudieron volver a la cancha.
Ya comenzada la nueva temporada, Educación volvió a consultar a la comunidad y finalmente autorizó al club un horario restringido de entrenamientos y la exclusión de los fines de semana. El nuevo horario es utilizado por el club para el entrenamiento de los jugadores de menor edad. Con ambas restricciones, el ruido generado por los entrenamientos es prácticamente inapreciable y la mayor parte de los días, solo un rumor sepultado por el sonido del tráfico.
Pero en el edificio, el contencioso ha partido en dos a la comunidad. Ésta se reunió el 11 de diciembre último para decidir si se recurría o no en alzada el permiso para que el club pueda continuar entrenando. La mitad de los convocados no asistió. Y entre los que sí asistieron se registró un virtual empate entre los partidarios de permitir el baloncesto infantil (25,27% de las cuotas de propiedad) y quienes piden la total supresión de la actividad deportiva en el pabellón en horario de tarde (25,50%).
Por una pírrica mayoría de menos de tres centésimas, la comunidad exige ahora a Educación el cese total de la actividad deportiva y la expulsión del club del instituto. Entre tanto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, supuesto garante de que nadie supere los rangos de ruido permitido, ni sabe, ni contesta. La Policía Local anunció hace meses una prueba de impacto acústico de la que nadie sabe a ciencia cierta si llegó a realizarse ni qué resultados arrojó. Y el club aún espera que el consistorio le responda al escrito que presentó hace meses para que el Ayuntamiento intervenga en las medidas de control de ruidos.
Canarias tiene el horroroso honor de ser la zona europea con mayor índice de obesidad y diabetes. No solo de adultos. Un reciente estudio apadrinado por The Economist subrayó el alarmante dato de que un 44% de los niños canarios tienen sobrepeso. El resultado, niños de 12 años con hipertensión o diabetes. La mala alimentación es una de las causantes de este drama social. La otra, el sedentarismo.
Canarias acumula también año tras año los peores índices de fracaso escolar del país, conforme a los datos del informe PISA. Y eso a pesar de aquel gasto educativo (hoy descendente) que llegaba a consumir un tercio del presupuesto autonómico. Dinero invertido, entre otras cosas, en institutos y en infraestructuras deportivas anexas.
Ni lo uno ni lo otro impiden, sin embargo, que haya colegios e institutos en Canarias con canchas deportivas cerradas o infrautilizadas. En algunos casos porque al director de turno simplemente no le da la gana atender las peticiones de clubes deportivos para rentabilizar socialmente las infraestructuras que pagan los contribuyentes. En otros porque, como la mezquindad social a veces no tiene techo, hay vecinos que boicotean la práctica del deporte infantil y juvenil porque genera ruido. Pero sobre todo, porque hay gestores públicos incompetentes, incapaces de mediar, negociar, pactar y a la postre asegurarse de que ninguna cancha pública se queda cerrada porque hay un director indolente o un vecino hipersensible a las voces de los niños cuando juegan.
Ambas cosas suceden en institutos de Las Palmas de Gran Canaria, sin que a los responsables políticos de esta nuestra comunidad se les caiga la cara de vergüenza. Es una gran desfachatez social consentir la infrautilización de canchas públicas cuando cuatro de cada diez niños canarios se preparan para ser futuros enfermos del corazón. Pero pulveriza el record del surrealismo más diabólico que, con clubes animando al deporte infantil y juvenil, se les ponga de patitas en la calle y que a los niños se les dé con la puerta de la cancha en las narices.
Eso exactamente es lo que permitió el director territorial de Educación en febrero pasado cuando echó al Club Baloncesto Las Palmas del pabellón deportivo del instituto La Minilla por una protesta vecinal por ruidos. Tenía la opción de pensar y de negociar. Pero era más fácil cerrar. El cerrojazo condenó a 160 jugadores, niños y adolescentes, a volverse a casa o a entrenar precariamente en un parque público. Y quiso la mala fortuna que, en uno de esos entrenamientos, los más pequeños presenciaran una redada por drogas en unos jardines anexos. Pero eso a quién le importa, si de lo que se trata es de tirotear el deporte infantil o juvenil porque el pito del árbitro molesta.
Ya lo cantó hace mucho Serrat. Niño, ponte obeso, hazte diabético, hazte cardiópata. O vete al parque y hazte un porro. Pero deja ya de joder con la pelota.