Cáritas Diocesana de Canarias ha denunciado este jueves las decisiones tomadas por el Gobierno de España con respecto a la atención de las personas migrantes llegadas a las costas canarias.
Por un lado, el texto afirma que cuando los menores migrantes que residen en los centros de acogida cumplen la mayoría de edad o cuando los que están en hoteles y apartamentos destinados a la acogida humanitaria salen de ellos, estas personas se quedan “en una situación de desamparo” que les obliga a vivir en la calle, sin recursos, sin comida y sin acceso a la atención sanitaria.
Asimismo, esta situación de desamparo hace que muchos de ellos vayan a Cáritas a buscar ayuda “con moratones y contusiones afirmando haber sido agredidos, insultados y vejados en la vía pública por su condición de migrantes”, señala la nota.
“Esta situación ha determinado que el incremento del número de personas migrantes que acude cada día a los comedores y servicios de Cáritas en la Avenida de Escaleritas y en San Fernando de Maspalomas (CAIPSHO), haya sobrepasado la capacidad de nuestras cocinas para elaborar los menús necesarios diariamente. Sólo en el mes de enero, el número de personas que se han acercado a nuestros comedores se ha incrementado en un 72%”.
El colectivo humanitario se queja de que las medidas diseñadas por la Unión de Europea para controlar los flujos migratorios tienden a convertir territorios, como Canarias, “en cárceles para migrantes” y no atienden a las razones por las que estas personas huyen de sus países: conflictos armados, pobreza y desigualdades, cambio climático, expolio de los recursos naturales, etc., reza el texto.
Ante esta situación de “grave crisis social y humanitaria” Cáritas Diocesana de Canarias solicita a las administraciones públicas la habilitación de recursos que permitan la atención a las personas sin hogar, en condiciones dignas y de respeto a los derechos humanos, para dar respuesta al incremento de personas en esta situación que ha desencadenado la crisis sociosanitaria por la pandemia y la crisis migratoria.
Por su parte, pide al Estado restablecer la libre circulación de las personas migrantes a la Península y al resto de la Unión Europea para que puedan reunirse con sus familias y “continuar su ruta huyendo de la guerra, de la pobreza, de la miseria y buscando la mejora de sus condiciones de vida, que es el objetivo de un arriesgado viaje, en el que se juegan la vida”, señala.
Además, solicita que “los programas de acogida humanitaria desarrollen un acompañamiento integral de las personas migrantes, dotándoles de los medios necesarios para poder resolver la situación en la que se encuentran (asesoramiento jurídico en su lengua materna, conocimiento del español para su convivencia y comunicación en España o atención psicológica)”.
La institución católica también quiere acabar con la xenofobia, el racismo y los discursos de odio, en ascensos durante los últimos meses en Canarias. Por lo que defiende que a los canarios hay que “recordarles” que no solo se trata de migrantes, “también se trata de nuestros miedos, y esto se nota particularmente hoy día, frente a la llegada de migrantes y refugiados que llaman a nuestra puerta en busca de protección, seguridad y un futuro mejor”, concluye.