La Confederación Española de Policía (CEP) en Canarias ha reclamado a la Jefatura Superior de Policía del Archipiélago el inicio de una valoración psicosocial de la unidad de conducciones de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Las Palmas tras “el trágico suicidio” de un agente el pasado 11 de febrero en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria.
El sindicato policial considera que las condiciones de trabajo en las que desarrollan su labor los funcionarios policiales destinados en esa unidad exigen abrir una investigación que “delimite los riesgos potenciales que sufren, amparada en la legislación sobre riesgos laborales”.
Según el CEP a la elevada carga de trabajo se suman “la falta de previsión en los cuadrantes, denegaciones de todo tipo de permisos, cambios de servicio sin respetar el tiempo de comunicación y detracción de efectivos para prestar servicio de seguridad en los calabozos de la Jefatura Policial”.
Para el sindicato, el suicidio de un policía nacional en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria “no puede quedar en algo aislado” y se deben adoptar “todas las medidas preventivas para evitar que algo así pueda volver a repetirse”. El fallecimiento del agente, adscrito al grupo de conducciones de detenidos, conmocionó el pasado 11 de febrero a sus compañeros. A.J.M.R., de 40 años, se quitó la vida en los calabozos de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria utilizando su arma reglamentaria.