Claves del plan de Educación Infantil en Canarias, comunidad que arrastra un déficit histórico de plazas públicas

Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas a la cola en oferta de plazas públicas de cero a tres años, una etapa educativa que los expertos consideran clave en el desarrollo del menor, además de ser una alternativa más para que las familias puedan conciliar. Según un estudio de la plataforma por el 5% en Educación, esta comunidad presenta una brecha de 18,3 puntos con respecto a la media del Estado en escolarización de menores de dos años. Así, mientras la media de España es del 41,1%, la del Archipiélago es del 22,80%. La agenda 2030 canaria recoge entre sus prioridades que “todos los niños y niñas en edad de 0 a 3 años tendrán garantizado el acceso, de forma gratuita, a una Educación Infantil inclusiva, equitativa y de calidad”. Ante esta situación se hace necesario contar con un plan que amplíe la oferta de plazas públicas. La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, señala a este periódico que se trata de “una etapa educativa y como tal hay que tratarla”. Por ello, uno de los objetivos marcados es el de contar con 3.879 plazas nuevas en el curso 2024/2025, algo que se producirá de manera progresiva incrementando 1.293 cada año. 

La principal novedad del plan es que prevé adaptar unas 32 aulas de toda Canarias en los centros educativos para el alumnado de dos años, es decir, el curso anterior a los tres años que actualmente oferta de manera pública y gratuita la consejería de Educación. Manuela de Armas aclara que se trata de un proyecto piloto en el que se priorizará al alumnado de zonas más vulnerables por su contexto económico o cultural. “Mi obligación como responsable público es poner los servicios esenciales a disposición de la ciudadanía como lo hacemos en Sanidad o en cualquier otro servicio esencial. Nuestra batalla es que haya plazas públicas para ofertar, bien del ayuntamiento que no dejan de ser públicas, o acometiendo la entrada de niños de dos años”, por ejemplo. 

De Armas puntualiza que la Consejería ha realizado un estudio previo en el que se ha detectado que hay zonas que cuentan con niños, pero no hay plazas para ofertar y además son zonas vulnerables por sus condiciones económicas y culturales. Por ello, se adaptarán aulas de centros educativos de esos barrios que cumpla con el decreto de 2008 que determina cómo deben ser esos espacios y los niños puedan empezar a los dos años. Se trata de una iniciativa que asegura que ha tenido “una buena acogida” en los colegios porque garantiza que ese alumnado continúe el mismo proyecto educativo a los tres años. Las familias de estos menores no tendrán que pagar y por ello se priorizará esas zonas con menos recursos. 

Sin embargo, admite que “hacen falta muchas plazas en canarias porque durante muchos años no se atendió a este sector como se debía a mi entender y ahora nos encontramos con un déficit importante”. La consejera explica que serán tres las vías: además de la creación de esas 32 aulas, otra será establecer un convenio con los ayuntamientos que ya tienen escuela infantil pública. En este punto, Educación colaborará con financiación y en otros aspectos que incluyen formación, por ejemplo. En estas escuelas, las cuotas que deben pagar las familias se dividen en tres partes: un 33% lo pagará siempre el ayuntamiento, un 33% la Consejería y un 33% las familias, aunque en muchas de aquellas familias que no puedan abonar esa cuantía, la consejera apunta que Educación lo asumirá como ocurre con la cuota cero en los comedores escolares.  

El plan también recoge otros puntos como incorporar a aquellas escuelas que están construidas y están pendientes de autorización, por ejemplo, porque le falta algún trámite o algún requisito. Además, el proyecto se financiará con fondos europeos, para lo que se contará con casi 40 millones de euros y conlleva un incremento progresivo de personal, tanto de maestras de educación infantil como técnicas con el ciclo superior de FP o auxiliares, tal y como se recoge en el decreto de 2008 sobre escuelas de educación infantil.  

¿Qué pasará con las escuelas privadas?

Las escuelas privadas de educación infantil se han llegado a manifestar en las últimas semanas en Tenerife por considerar que el plan puede abocar al desempleo a muchos profesionales del sector, en especial mujeres. “No al ciclo de o a 3 años en los colegios públicos. Nosotros tenemos las infraestructuras y el personal cualificado. Personal que será despedido por no poder sustentar los centros privados”, recogía en un comunicado la Asociación de Centros Infantiles de Tenerife (Acinte) el pasado 10 de febrero. La consejera de Educación señala que sí que se ha realizado una oferta a estas escuelas para contar con ellas en su plan y que se les ha hecho llegar una contraoferta que se encuentran estudiando. 

“La necesidad de plazas es mucha en Canarias”, insiste De Armas, que añade que habrá usuarios para todos. “Nos preocupa y ocupa las zonas donde no hay oferta y donde más necesidad existe y desde luego no está ocupada por las escuelas privadas”. La prioridad, insiste, serán esos barrios populares donde no existe esa oferta y las familias no podrían permitirse pagar una cuota. El plan, que se prevé tener finalizado en la primera quincena de marzo, detallará dónde se localizarán esas aulas. 

¿Es un plan suficiente?

La plataforma por el 5% del PIB en Educación insiste en la necesidad de seguir aumentando la inversión educativa para que este reto sea una realidad. El colectivo, que se ha reunido con la Consejería, valora el hecho de que se esté trabajando en este plan y coincide en que la prioridad debe ser el alumnado vulnerable. No obstante, han trasladado una serie de propuestas al borrador de la Consejería de Educación. Entre ellas, “que se incluya una segunda fase que permita alcanzar la media de escolarización de niños y niñas de 0 a 3 años de España en el curso 2028-29, ya que el actual plan sólo reducirá el diferencial Canarias-España en 4 de los 18 puntos que aún nos separa del conjunto del país”.

Así mismo, los profesionales que componen este colectivo destacan que “para reducir la brecha educativa entre Canarias y el resto de España será necesario incrementar el ritmo de mejora y para poder llevar a cabo esa mejora la inversión en Educación debe alcanzar, como mínimo, el 5% del PIB y mantenerse a lo largo del tiempo”.