El nuevo concurso de ambulancias perpetúa la precariedad laboral en los servicios con las urgencias más graves
El concurso de transporte sanitario terrestre convocado el pasado 28 de enero por el Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (GSC), prolonga la situación de precariedad laboral que padecen los médicos y enfermeros que prestan el servicio en las dos ambulancias medicalizadas (de soporte vital avanzado) del sur de Gran Canaria, destinadas a resolver las urgencias más graves que se producen desde el municipio de Telde hasta la zona turística de Maspalomas.
El procedimiento abierto por la Consejería de Sanidad permite que se perpetúe una fórmula de contratación, la del falso autónomo, que ha venido aplicando el Servicio de Urgencias Canario (SUC) desde 1998 en este concreto sector y que en abril del año pasado tumbó el Tribunal Superior de Justicia de las Islas (TSJC) en una sentencia (recurrida al Supremo) que estimaba la demanda presentada por una trabajadora. El Gobierno regional ha vuelto a excluir esas plazas del concurso, una decisión que sigue abocando a los profesionales asignados a esas ambulancias a trabajar en peores condiciones que compañeros que cuentan con idéntica formación pero con contrato laboral.
En las dos últimas décadas, y sin que haya mediado concurso alguno, GSC ha adjudicado a cuatro empresas distintas, por la vía de urgencia, la prestación de los servicios médicos y de enfermería en las ambulancias medicalizadas del sur de Gran Canaria, al margen del contrato general de transporte sanitario terrestre vigente desde 2008, que se ha mantenido hasta ahora en precario a pesar de que fue anulado por el TSJC en 2012 y que debió vencer, con prórrogas incluidas, en 2015.
Las prestatarias han sido Manuel Guerra (de octubre de 1998 a diciembre de 2010), Aeromédica (hasta abril de 2011), San Roque (hasta febrero de 2018) y, en la actualidad, Atlantic Emergency. Los médicos y enfermeros se vinculan a estas empresas a través de contratos mercantiles, no laborales. Es decir, facturan guardias de 24 horas (normalmente, seis al mes) a un precio que estipula la propia empresa y están obligados a darse de alta en el régimen de autónomos (RETA) y a pagar su correspondiente cuota mensual, que en 2019 se sitúa en un mínimo (sin contar la tarifa plana del primer año) de 283,3 euros. A esta situación se le unen los inconvenientes de todo trabajador autónomo: la ausencia de dietas, de vacaciones retribuidas, de finiquito, del derecho a un subsidio por desempleo, de complementos salariales...
En la actualidad continúan tramitándose en los juzgados cinco demandas presentadas por trabajadores de la anterior adjudicataria (San Roque) que consideraban que el vínculo que les unía a ella era laboral, no mercantil, que eran lo que comúnmente se denomina falsos autónomos. La Sala de lo Social del TSJC dio la razón en abril del año pasado a una de ellas. La sentencia remarcaba que la demandante se servía de los medios y los materiales de la empresa, que se limitaba a cumplir las misiones que le encomendaba el SUC, que estaba obligada a solicitar autorización previa para todos los movimientos que realizaba, que no elegía a los pacientes ni los pacientes a ella, que los listados diarios con los turnos debían ser comunicados a primera hora o que debía notificar cualquier modificación de los cuadrantes tanto al contratista como a la empresa pública responsable del servicio. La resolución estimaba, en definitiva, que la trabajadora no ejercía por cuenta propia, sino que realizaba labores por cuenta ajena, para la empresa que se ahorraba a través de esta fórmula los costes sociales, las cuotas de la seguridad social y posibles indemnizaciones.
Desigualdad retributiva
Este vínculo mercantil ha situado a estos trabajadores en una posición de clara desigualdad retributiva con respecto a los profesionales que sí están incluidos en el contrato general de transporte terrestre. El concurso prevé tres tipos de servicios. El primero, de soporte vital básico, con conductor y técnico de emergencias. El segundo, las llamadas sanitarizadas de soporte vital avanzado, dispone de enfermero, pero no de médico. El tercero, medicalizadas de soporte vital avanzado, cuenta con enfermero y médico. Las empresas que aspiren a la adjudicación deben contratar (o subrogar) a los trabajadores de los dos primeros. El personal de la medicalizada (a excepción del conductor) queda fuera del concurso, por lo que se mantiene el sistema actual, el del falso autónomo. Hay una salvedad. Además de las ambulancias con base en Telde y Maspalomas, Gran Canaria dispone de otras dos medicalizadas que están adscritas a los dos hospitales de referencia de la isla, el Doctor Negrín y el Insular. En este caso, los médicos y enfermeros pertenecen al propio SCS.
Según consta en el listado de personal subrogable que figura en un anexo de las bases del concurso, un enfermero contratado cobra 295 euros brutos por guardia. Un falso autónomo que tiene la misma cualificación y presta el mismo servicio percibe unos 275 euros brutos, 20 euros menos por día, cifra a la que además hay que descontar la cuota de autónoma, dietas, complementos... “Nadie quiere trabajar allí”, asegura una enfermera con amplia experiencia en las ambulancias medicalizadas del sur de Gran Canaria que lamenta el deterioro del servicio que se está prestando a los ciudadanos debido a estas y otras carencias, como el estado de la flota, con la mayoría de los vehículos con el certificado para circular a punto de vencerse.
Los trabajadores consultados por este periódico consideran que el Gobierno de Canarias ha perdido una nueva oportunidad para regularizar, con el nuevo concurso, una situación que arrastra desde hace dos décadas y que sigue minando el servicio y la atención a los ciudadanos de la isla en casos de emergencia máxima. De hecho, la Consejería de Sanidad resolvió en febrero de 2018 la concesión a la antigua adjudicataria del servicio de personal médico y de enfermería de las ambulancias medicalizadas del sur de Gran Canaria, San Roque, la empresa de la que procede el actual consejero, José Manuel Baltar, después de que durante 2017 las bases de Telde y Maspalomas se quedaran hasta en cinco ocasiones sin facultativos como consecuencia de los mencionados problemas laborales.
Los sanitarios denuncian además las diferencias “inexplicables” que existen entre trabajadores que prestan los mismos servicios, con la misma cualificación y para la misma empresa y recuerdan que los profesionales contratados para el transporte sanitario aéreo sí que mantienen un vínculo laboral con la administración, al igual que los médicos de sala del 1-1-2, a raíz de una sentencia dictada en octubre de 2012 que dictaminó que la relación entre la empresa GSC y un trabajador que ejercía como autónomo y que falleció tras un accidente de helicóptero durante una intervención en Gran Canaria era, en realidad, laboral.
Tampoco se explican cómo es posible que en el listado de personal que debe ser subrogado a la empresa o empresas que resulten adjudicatarias (se licitan un total de seis lotes, tres en Gran Canaria y tres en Tenerife) se incluyan doce trabajadores, seis de cada isla, que mantienen un vínculo mercantil con la empresa, autónomos a los que incluso se les llega a computar en el documento una antigüedad que, en algunos casos, alcanza los diez años.
Las críticas de los trabajadores al concurso convocado por GSC con nueve meses de retraso sobre la fecha prevista se unen a las de una de las principales empresas del sector, Aeromédica, adjudicataria actual del servicio en el sur de la isla, que ha recurrido el procedimiento al considerar que el presupuesto base de licitación para el transporte urgente en las islas de Gran Canaria y Tenerife (97 millones de euros para cuatro años y 149 si se contempla la prórroga permitida de dos años) es muy bajo para afrontar los costes y las exigencias del servicio.
Ni la Consejería de Sanidad ni la empresa Atlantic Emergency, actual prestataria del servicio, han contestado a las preguntas formuladas por este periódico el pasado jueves.
