La Confederación Española de Policía (CEP) reclama un “refuerzo urgente” de los efectivos del cuerpo nacional destinados en la provincia de Las Palmas. El sindicato recuerda que hace un año ya remitió una carta al Ministerio del Interior en la que reclamaba que tomara “medidas inmediatas” para “reforzar las capacidades en todas las plantillas y garantizar así una prestación eficaz de un servicio esencial”.
La CEP señala que las cifras de infracciones penales del primer semestre de 2022 confirman un aumento del 15,9% sobre el mismo periodo del año pasado en toda la provincia. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el incremento fue del 22,7; en Puerto del Rosario, del 25,9%, y en Telde, del 4,3%. Solo Arrecife, de entre los municipios con presencia del Cuerpo Nacional de Policía, mejoró las cifras con un descenso del 0,7% en los delitos, señala en un comunicado.
El sindicato explica que la capital grancanaria ha alcanzado la mayor cifra de infracciones penales contabilizadas en el primer semestre de los últimos siete años, con 9.562, un dato que se sitúa por encimade las estadísticas de criminalidad previas a la pandemia. En Puerto del Rosario, los 1.035 delitos registrados hasta junio suponen “la segunda mayor cifra desde 2016” (solo superada en 2019). En Telde, los 2.553 del mismo periodo de este año representan ya la segunda mayor cifra en siete años (solo superada en 2020).
Según CEP, a esta situación se le suma el incremento de los flujos migratorios. Hasta el 15 de agosto ha aumentado un 25,8% el número de personas llegadas de forma irregular al Archipiélago con respecto al mismo periodo del año anterior. “Los 10.347 inmigrantes contabilizados este año constituyen la cifra más alta desde que el Ministerio del Interior difunde estadísticas y las 229 pateras interceptadas hasta el momento constituyen idéntico récord”, señala la nota.
El sindicato policial sostiene que esa presión migratoria “hipoteca las capacidades de las plantillas” del cuerpo nacional, que “se vuelcan en la atención a los inmigrantes y en las actuaciones policiales de las áreas de extranjería y fronteras y policía científica, con un esfuerzo muy notable para atender más servicios con los mismos efectivos”.
En el caso de las unidades de seguridad ciudadana, su asignación a cometidos de custodia y vigilancia de migrantes alojados en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Gran Canaria, Fuerteventura y Arrecife supone “debilitar despliegues preventivos ordinarios en las calles, al asignar a la Unidad de Prevención y Reacción (que es un recurso policial especializado en la prevención de cualquier tipo de delincuencia, la intervención en orden público de media intensidad o la vigilancia de espacios de ocio) y los Grupos de Atención al Ciudadano (los patrullas que atienden las llamadas de los ciudadanos y vigilan las calles de forma permanente) cometidos ajenos a sus funciones ordinarias, esenciales para evitar la comisión de delitos y proteger vidas y bienes de los ciudadanos canarios”.
El CEP recuerda que la plantilla de policías nacionales en la provincia de Las Palmas ya descendió un 9,15% en cinco años, pasando de 2.360 efectivos en 2011 a los 2.144 en 2016. Desde entonces “se ha ido recuperando la capacidad operativa sin llegar a aquella cifra de partida” -a 31 de diciembre de 2021 había 2.341 efectivos- y “sin tener en cuenta un dato esencial: en 2011, año con mayor número de policías, no había ni estos datos de criminalidad ni esta presión migratoria.
El sindicato policial reclama dos tipos de medidas. Una, “la más urgente”, y que “ya se aplica en otras zonas de España como el Campo de Gibraltar o las demarcaciones afectadas por la Operación Paso del Estrecho”, es la convocatoria de una atribución temporal de funciones (ATF), que es un mecanismo excepcional previsto para reforzar plantillas durante un periodo de tiempo y ante circunstancias como las relatadas.
“Esto permitiría comisionar a la provincia de Las Palmas -y también a la de Santa Cruz de Tenerife, en la que ha habido un aumento del 28% en la criminalidad del primer semestre de 2022, con un 20,4% de incremento en su capital- a funcionarios interesados de otras plantillas de España”, explica.
Otra actuación, a medio y largo plazo, tiene que ver con el “aumento del catálogo de puestos de trabajo” de Policía Nacional en Canarias, de tal forma que “se pueda incrementar el número de efectivos disponibles en todas sus plantillas y unidades, teniendo en cuenta la importancia estratégica del Archipiélago y de los cometidos que realizamos”.
El CEP también reclama la creación de un módulo de custodia en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para reducir el número de policías “hipotecados en este cometido”. “Se han llegado a dar casos de hasta una decena de agentes de seguridad ciudadana empleados en la vigilancia de cinco presos”, remarca. El sindicato apunta que este complejo dispone de instalaciones adecuadas para evitar “retirar de la calle a tantos agentes para esta función”.