Conflicto en la Policía Canaria con la protección de datos de fondo
La Justicia ha suspendido cautelarmente la orden que dejaba sin empleo y sueldo a varios agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria hasta que culmine la investigación de los expedientes recurridos por los policías que, según señala el sindicato Cobas Canarias, formaron parte de la denuncia por el denominado caso Ladrillo.
Según explican a Canarias Ahora fuentes del sindicato, los expedientes recurridos por lo Contencioso Administrativo derivan de una serie de actuaciones que se desarrollaron el pasado mes de marzo consistentes en la recogida de datos de conductores que no habían cometido ninguna infracción.
Desde Cobas Canarias afirman que los agentes recibieron el pasado año instrucciones por parte de la Jefatura para realizar una serie de controles a vehículos y, posteriormente, recoger la documentación y fichar a los conductores. Acto que, según precisan, se realiza cuando estos han infringido la ley, ya sea por posesión de armas, sustancias estupefacientes u otros delitos semejantes.
Al no poder explicar a los ciudadanos los motivos por los que se les tomaban tanto nombre, como DNI, entre otra información de carácter personal, el sindicato recuerda que una serie de agentes solicitaron a los órganos superiores del Cuerpo la orden por escrito, para conocer la razón de la misma, dónde se estaban guardando los datos recogidos y si dicho fichero se encontraba dado de alta en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
“La orden por escrito se pidió, porque es un derecho del policía para saber que está trabajando bajo la supervisión y responsabilidad de su mando y, en segundo lugar, es una obligación del mando, para que quede constancia de que ha dado esa orden, porque tal y como hemos visto, las palabras se las lleva el viento”, apostillan.
Tras no obtener respuesta y teniendo en cuenta que podían ser objeto de denuncias por parte de los ciudadanos ante la AEPD, los agentes decidieron no hacer constar el nombre y apellidos de los conductores que así lo manifestaron, motivo por el que se les interpuso una falta grave y fueron expedientados, denuncian fuentes a este digital. “También se les acusa de desobedecer la orden de firmar, todos los componentes del control, el estadillo en cuestión, cuando nunca existió esa orden”, afirman.
Sin embargo, desde el Gobierno de Canarias aseguran que la orden dada se centraba en el control de vehículos para la prevención y que los expedientes se interpusieron debido a que varios miembros del Cuerpo se negaron a realizar el servicio, algunos incluso por más de 15 días.
Asimismo, indican que los datos recogidos se introducían en la aplicación de gestión policial Sigesca, una herramienta corporativa que facilita el cumplimiento de las funciones y objetivos del Cuerpo General de la Policía Canaria y de las policías locales.
Cobas Canarias puntualiza que la sección de Seguridad Ciudadana de la Policía Canarias continúa realizando controles a los vehículos esporádicamente. A su juicio, los agentes pueden negarse a firmar las fichas “al entender que la toma de datos es ilegal, pero aquí influyen las interpretaciones de cada uno, la Administración ha interpretado que los agentes no han querido trabajar y han desobedecido y mi entender es que temen que después las denuncias de ciudadanos carguen contra ellos”.
Sin medidas
La llegada de un nuevo inspector procedente de Tenerife a la base de Gran Canaria parece haber sosegado la tensión interna que vivía el Cuerpo tras la interposición de la denuncia por el conocido caso Ladrillo, en el que están implicados varios agentes, entre los que se encuentra un subinspector, a los que la Fiscalía pide penas de entre 4 y 6 años por falsear presuntamente las diligencias practicadas a un detenido para imputarle un delito de atentado a la autoridad en los carnavales de 2013 en Las Palmas de Gran Canaria.
Sin embargo, desde el sindicato no se entiende cómo la Administración regional no ha tomado cartas en el asunto y ha apartado de sus funciones al mencionado subinspector.
