La fisioterapia reclama un lugar en el pacto para la reactivación social y económica de Canarias. La crisis sanitaria por la epidemia de COVID-19 ha profundizado las históricas carencias que arrastra el sector de la rehabilitación en Canarias, la especialidad que antes de la emergencia presentaba la peor evolución en las listas de espera, con más de 11.000 personas aguardando por una consulta, un 21% más que el año anterior y el cuádruple que en 2015. Una cantidad a la que hay que sumar a aquellos pacientes que, habiendo sido vistos por el médico rehabilitador, permanecen a la espera de iniciar el tratamiento de fisioterapia, en ocasiones con demoras de hasta un año, según el tipo de patología, denuncian los profesionales. Hay, además, una fuerte dependencia del sector privado. El Colegio de Fisioterapeutas de Canarias calcula que el 90% de la atención ambulatoria se realiza en centros concertados.
“Urgen cambios”, señalan los trabajadores después de comprobar cómo la emergencia sanitaria ha exacerbado los problemas crónicos de esta especialidad, con plantillas que no crecen desde hace años a pesar del incremento de la demanda asistencial. Los tratamientos de rehabilitación (fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia) fueron suspendidos en su mayoría para centrar los esfuerzos sanitarios en contener la epidemia. Solo se mantuvieron los urgentes. Ante la falta del material de protección individual necesario, los profesionales se convertían en un vector de contagio de la enfermedad y muchos centros se vieron abocados al cierre temporal. Con la paulatina reactivación de la actividad en el plan de desescalada sanitaria, primero con los pacientes agudos y después con los procesos ambulatorios, los trabajadores comienzan a calibrar la repercusión del parón. A las consecuencias lógicas de la pausa terapéutica hay que sumar las limitaciones que impone la nueva realidad y la obligación de reducir la ratio de pacientes por fisioterapeuta para cumplir con las medidas de seguridad y evitar contagios. “Están empezando a citar, pero el retraso es enorme”, alertan.
Los profesionales siguen a la espera de un plan de contingencia. En el Hospital Insular de Gran Canaria, donde se acumula cerca de la mitad de la lista de espera de esta especialidad en todo el Archipiélago, se ha optado por priorizar -como ya sucediera antes de la crisis de la COVID-19- los tratamientos grupales de fisioterapia frente a los individuales en un intento de reducir las demoras, una decisión que, según varios trabajadores consultados por este periódico, repercute de manera negativa “en la calidad y la efectividad” de la rehabilitación. Es el caso de las denominadas Escuelas de Espalda, una técnica de la que, según la última revisión Cochrane (investigación de alta calidad que analiza toda la evidencia científica publicada), se desconoce su eficacia para aliviar el dolor lumbar. Los grupos se han reducido prácticamente a la mitad (de 15 a 8) con la finalidad de poder mantener la distancia de seguridad de dos metros entre los pacientes, que no usan guantes ni mascarillas cuando están dentro de la sala. Las bajas en el servicio están dificultando además las tareas de limpieza y desinfección de los materiales (colchonetas, sábanas, sillas…) entre sesión y sesión, advierten los profesionales.
El Colegio de Fisioterapeutas de Canarias remitió esta misma semana, a través de su presidente, Santiago Sánchez, un escrito al Gobierno regional con aportaciones al denominado pacto para la reactivación social y económica de las Islas, promovido por el Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres (PSOE). Unas semanas antes, en concreto el 7 de mayo, ya había remitido otra carta al consejero interino de Sanidad, Julio Pérez, para exponerle la “precaria situación” en la que se encuentra un sector que denuncia que, un año después de que el Parlamento de Canarias aprobara por unanimidad una Proposición no de Ley para la mejora de recursos en fisioterapia, apenas ha visto “una leve introducción aislada” de las cuatro propuestas acordadas. Tampoco se ha podido implementar “prácticamente ninguna” de las medidas contempladas en el denominado Compromiso por la Sostenibilidad de la Sanidad Pública, aprobado también en 2019. Se ha quedado en “una mera declaración de intenciones”.
La necesidad de aumentar la plantilla de fisioterapeutas en el sector público sigue siendo el principal reclamo. Los últimos datos publicados, correspondientes a 2016, situaban el número de profesionales del sector en 205, de los cuales 41 ejercían en Atención Primaria y 165 en Atención Especializada, números que permanecían prácticamente inalterables desde 2011. A pesar de que no existen datos oficiales de estos últimos años, el órgano colegial ve indicios que apuntan a una disminución en el número de efectivos, ya que las jubilaciones e, incluso, fallecimientos de profesionales registrados desde entonces no se han suplido “en la misma proporción” con contrataciones que permitan reponer las plazas vacantes.
Las Ofertas Públicas de Empleo, tanto la de 2007 (celebrada en 2012), como la de 2019 (aún no resuelta), han servido solamente para consolidar plazas, pero no para aumentarlas.
En el escrito remitido el pasado lunes al Gobierno de Canarias, el presidente del Colegio de Fisioterapeutas de las islas señalaba que los servicios están siendo infrautilizados, ya que la mayoría cierra por las tardes. Sánchez considera que abriendo estas instalaciones en jornadas vespertinas e, incluso, en fines de semana, hay capacidad para doblar el número de fisioterapeutas con una inversión en contratación que “conllevará un ahorro mucho mayor que la derivación de pacientes” a los centros privados concertados. La experiencia reciente con el tratamiento de pacientes con COVID-19 ha puesto de manifiesto “la necesidad de especialistas en fisioterapia respiratoria y atención fisioterápica en las unidades de cuidados intensivos” y de implantar el servicio en esos horarios, señala el presidente colegial en el documento.
“Una temeridad inadmisible”
Estas carencias de personal provocan que se realicen más sesiones de fisioterapia en los centros concertados que en los propios del Servicio Canario de Salud (SCS). En el periodo comprendido entre los años 2015 y 2018, las derivaciones al sector privado acarrearon un coste para las arcas públicas de 41 millones de euros, una partida presupuestaria “bastante mayor” que la destinada a la parte pública. El Colegio de Fisioterapeutas de Canarias lleva años denunciando que los centros concertados incumplen las ratios de pacientes. Los pliegos fijan tres por hora y profesional, uno más que en la pública. Sin embargo, algunas de estas empresas trabajan de forma simultánea hasta con cinco. En 2017 ya hubo una denuncia por este motivo en Lanzarote. “Varios años después, seguimos sin tener conocimiento de que se haya impuesto sanción alguna al centro, pese a que se adjuntaron pruebas del incumplimiento de las ratios estipuladas”.
Los fisioterapeutas se muestran “especialmente preocupados” por la falta de control sobre la actividad de los centros concertados en esta etapa de desescalada y reanudación de la actividad. De hecho, consideran que se trata de una “temeridad inadmisible” que se permita una concentración “tan elevada” de pacientes. “Es completamente necesario anteponer y primar la protección y seguridad de los profesionales y los pacientes a la viabilidad económica de la empresa”, sostiene el colegio en un escrito en el que pide que se deje de derivar hacia la sanidad privada (en manos, entre un 60 y un 70%, de un solo grupo, ICOT) hasta que existan garantías de que estos centros cumplen los protocolos.
El colectivo profesional recalca además que las condiciones laborales “son mucho peores” en el sector privado y que ni siquiera la valoración de la experiencia laboral en estos centros es similar en el baremo de méritos en los procesos selectivos del Servicio Canario de Salud (SCS). “En fisioterapia, decir que no hay diferencias entre sanidad pública y privada o concertada es faltar a la verdad”, sostiene el presidente del colegio, que advierte de que “en demasiadas ocasiones” se prima la atención en estos centros “sobre lo que se puede ofrecer con recursos propios”.
“Un tímido avance”
De las cuatro medidas incluidas en la Propuesta no de Ley aprobada el año pasado en el Parlamento de Canarias, tan solo ha habido “un tímido avance” en uno de los puntos, el que pedía la derivación directa a fisioterapia desde el médico de familia en Atención Primaria o de cualquier especialidad, sin necesidad de pasar por el médico rehabilitador para que paute el tratamiento. Esta fórmula se ha comenzado a implantar, con un proyecto piloto, en la gerencia de Fuerteventura y ya se está valorando en otras. Se trata de una las reivindicaciones históricas del sector, una posición que choca con la que mantienen los especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, que defienden que la PNL canaria promueve una invasión de sus competencias en el diagnóstico, evaluación, prevención y tratamiento de la incapacidad de los pacientes.
Frente a esta tesis, los fisioterapeutas sostienen que son “profesionales autónomos”, que tienen capacidad de diagnóstico para pautar los tratamientos y las técnicas que más convengan al paciente y recuerdan que es una fórmula que ya se utiliza en otras comunidades, como Castilla y León, por lo que “no es necesaria demostrar su eficacia”. “De no acelerar la implementación de esta medida en todas las gerencias, el tiempo de espera para acceder a los servicios de fisioterapia, y por lo tanto el número de pacientes en lista de espera, se incrementará aún más”, vaticina el colegio, que también ha pedido una actualización de las funciones del fisioterapeuta, ya que es “un derroche tener a titulados universitarios desarrollando las mismas funciones que los antiguos auxiliares de enfermería” con un modelo “arcaico basado en el principio de la jerarquía médica”.
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