Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas han detectado a 11 cazadores furtivos en una operación conjunta llevada a cabo el pasado día 18 en las medianías de la Isla.
La Administración insular indica en un comunicado que la operación se puso en marcha a raíz de la recepción de varias llamadas en el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria de ciudadanos que denunciaban la existencia de una abundante actividad furtiva en los parajes de Los Guaniles, Guayadeque y Temisas, ubicados en los municipios de Santa Lucía de Tirajana y Agüimes.
En el operativo intervinieron seis agentes del Cabildo y seis de la Guardia Civil, quienes se desplazaron por el agreste lugar a pie y mediante motocicletas todoterreno con apoyo de dos vehículos y de un helicóptero del Cabildo.
Los agentes identificaron e inspeccionaron a 59 cazadores de los que fueron denunciados once furtivos por distintas infracciones entre las que destacan cazar sin disponer de licencia, cazar con arma de fuego semiautomática sin taco reductor en el cargador, cazar con arma de fuego en zona de seguridad, cazar con exceso de perros de caza o cazar con arma de fuego sin llevar la documentación preceptiva.
Además, fueron intervenidas dos escopetas por carecer de permiso de armas, licencia de caza y detectarse síntomas de manipulación en el arma de fuego las cuales deben ser depositadas en la Intervención de Armas correspondiente de la Guardia Civil.
Los cazadores furtivos no cuentan con las preceptivas autorizaciones para capturar las piezas y desarrollan su actividad mediante medios o procedimientos que incumplen la normativa vigente. El cazador, por el contrario, es un ciudadano mayor de 14 años que en posesión de una licencia de caza en vigor, y demás documentación preceptiva para la caza, que cumple con los requisitos y procedimientos.
Sanciones de hasta 3.000 euros
La vigente Ley 7/1998 de Caza de Canarias prevé para la imposición de sanciones consistentes en la retirada y revocación de la licencia de caza o inhabilitación para el ejercicio de la caza y multas que van desde los 600 a 3.000 euros, así como el comiso de las artes materiales y armas utilizadas para su comisión.
El Cabildo de Gran Canaria y la Guardia Civil recuerdan la necesidad de disponer de la preceptiva documentación para el ejercicio de la caza y la obligación de llevarla consigo durante la práctica, a disposición de los agentes de la autoridad competentes en materia de vigilancia de la caza, y respetar durante su ejercicio la normativa vigente en la materia como medio para la conservación de la riqueza cinegética.