La empresa pública que adjudicó el concurso de ambulancias carece de competencias para contratar

La empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias (GSC) tramitó el concurso para renovar las ambulancias en las islas sin tener competencias para contratar. En un informe de marzo de 2022, la Audiencia de Cuenta reveló que la sociedad tenía encomendada la prestación del servicio del transporte sanitario desde el año 2000, fruto de un convenio con la Consejería de Sanidad. Pero después del 31 de diciembre de 2008, cuando llegó a su fin el convenio, “no consta que exista instrumento jurídico alguno por el que se efectúe el encargo para la prestación del servicio” y, por lo tanto, añade “que la sociedad carece de competencia para llevar a cabo la contratación”, que se inició en enero de 2019 y se cerró a finales de 2021 por un importe que superó los 185 millones de euros.

La Audiencia de Cuentas también señala en su informe que, según los estatutos de GSC, su Consejo de Administración tiene facultades para “contratar en general”. Y la aprobación de las bases del concurso de ambulancias (enero de 2019) corrió a cargo del director del Servicio Canario de la Salud (entonces Conrado Domínguez), aunque “sin especificar la condición con la que actúa en relación a la sociedad”. El director actual del SCS es Conrado Domínguez y, según la web de GSC, es vocal en la mercantil que preside Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

El gerente de GSC, Elías Castro, (desde marzo de 2020) defiende que la cuestión a la que se refiere la Audiencia de Cuentas es “un elemento de carácter formal” y niega que la mercantil haya tramitado el concurso del transporte sanitario sin tener la competencia para ello, pues a su juicio existió “soporte jurídico”. Castro recuerda que la sociedad realiza sus funciones en base a una instrucción de la Consejería de Sanidad de 1999, que “no ha sido revocada” y le atribuye el transporte sanitario, la atención a teléfonos de emergencias y el centro coordinador de seguridad y emergencias. 

Según Castro, la Audiencia de Cuentas señala que, tal y como ha fijado la Ley de Contratos del Sector Púbico (marzo de 2018), “en lugar de hacerlo por instrucción, los servicios deberíamos hacerlos mediante un encargo a medio propio”, lo que aún “no se ha hecho”. Y no se ha efectuado el cambio porque “durante estos años las prioridades han sido otras: la pandemia, la atención telefónica, todos los procesos relacionados con el incremento de seguridad en las instalaciones o la propia adjudicación del transporte sanitario terrestre”, añade.

En el caso del concurso del transporte sanitario, Castro asegura que la instrucción fijó el procedimiento a seguir: GSC debía elaborar un pliego de bases técnico-administrativo y, después, el Servicio Canario de la Salud (SCS) lo analizó con tres informes preceptivos (uno económico, otro jurídico y otro de carácter asistencial) y lo aprobó. Finalmente, “el pliego se somete al Consejo de Administración, que no es el que lo aprueba formalmente, es el que ordena publicarlo”. A juicio de Castro, “está totalmente reglado”. 

Sin embargo, reconoce que el encargo “debería mejorar las funciones de GSC desde el punto de visto formal y normativo”, porque determina con precisión cada uno de los costes. Para suplir este requisito exigido en la normativa, el gerente de la mercantil explica que cuando se aprueban los presupuestos de GSC, se reflejan los gastos de cada función, desde el transporte sanitario a la coordinación, por lo que, “ya trabajamos sobre costes reales”. 

Para poder establecer el encargo a medio propio, “la Consejería de Hacienda, la de Administraciones Públicas y la de Sanidad deben sentarse para formular el instrumento administrativo”. De hecho, Castro dice que desde hace algún tiempo están intentando “aprobar un tarifa que serviría de base para poder establecer el precio del encargo”, como “punto de partida”.

Sin embargo, hasta que esto no se logre, Castro insiste que la instrucción avala los aspectos formales de la empresa: “Por ejemplo, sacar un concurso conforme a la legislación de contratos del estado en cada momento vigente; hacer un pliego que debe aprobar la Consejería Sanidad; nombrar el órgano de contratación (...) ¿Es vieja? Sí. ¿Hay que renovarla? Sí. Pero yo entiendo que hay un soporte jurídico suficiente para hacer lo que estamos haciendo”. 

Castro no cree que lo que considera un defecto formal pueda afectar al concurso de ambulancias. “Para ser anulable por defecto formal tendría que ser cuando se publicaron las bases”, señala. De hecho, una empresa impugnó las bases alegando que los presupuestos no estaban bien establecidos, pero la Justicia no le dio la razón y la licitación continuó adelante. “Si te presentas al concurso, aceptas las normas del concurso” y, “aunque sea una empresa ajena, tuvo la oportunidad de impugnar la licitación cuando se publicaron las bases”, defiende. Pero “con las ambulancias, el concurso desarrolló toda la potencialidad desde que se publicó a principios de 2019. Después de 20.000 problemas de todo tipo terminó de cerrarse a finales de 2021”.

En cambio, sí podría impugnarse el concurso para la adjudicación del servicio de helicópteros sanitarizados, una vez se publiquen las bases el año que viene, pues el contrato actual finaliza en octubre de 2023. “Podría darse la situación de que una vez salga el concurso, alguien diga que la Audiencia de Cuentas refleja que GSC no tiene competencias. Podría ocurrir. Pero en la fase de publicación de las bases”, explica.

Un concurso eterno

El concurso para renovar la flota de ambulancias se prolongó durante más de dos años. Durante el Gobierno de Coalición Canaria se inició el procedimiento para renovar una flota que circulaba en las Islas bajo un contrato vigente desde 2008, a pesar de haber sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2012 y vencido desde 2015 (prórrogas incluidas). En las islas se llegó a ampliar la vida útil de los vehículos de los 8 a los 12 años porque estaban próximos a caducar mientras se tramitaba la licitación para poder continuar prestando el servicio.

La licitación fue recurrida casi al momento de publicarse las bases. La empresa Aeromédica, principal contratista del concurso de 2008, estimaba que con el presupuesto de licitación era imposible cumplir los requisitos exigidos y el convenio colectivo del sector. Esta empresa también denunció al exconsejero de Sanidad José Manuel Baltar, al exdirector genrente de GSC, Luis Rodríguez Neyra, y al entonces director del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez por un presunto delito de revelación de secretos, después de que GSC publicara datos económicos de su empresa, licitadora en el concurso en ese momento. Pero sus demandas quedaron en saco roto y no se presentó a la licitación.

Durante el proceso de tramitación, también estuvo sobre la mesa la desprivatización del servicio. El sindicato UGT defendió un modelo público y promovió una iniciativa aprobada por unanimidad en el Parlamento para elaborar informes jurídicos y económicos que valoraran la viabilidad de llevar a cabo esta media. El PSOE, en la oposición en ese momento, había defendido incluso la licitación de un nuevo procedimiento; si bien, una vez en el Gobierno, siguió con el concurso. Además de esta propuesta, UGT trató de frenar, sin éxito, la licitación en el Tribunal Administrativo de Contratación Pública y la Fiscalía.

También la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Transporte Sanitario (Agetrans) pidió la nulidad del concurso porque a su juicio vulneraba la Ley de Contratos del Sector Público, que fue desestimada. Sí obtuvo una respuesta favorable una de las licitadoras que se había ido de vacío: Atlantic Emergency presentó un recurso ante el TACPC porque estimaba que se le había excluido de forma injusta su oferta para un lote en La Gomera y El Hierro. A pesar de que el concurso ya había sido adjudicado a Tasisa, el Tribunal ordenó anular la decisión y retrotraer el procedimiento hasta la valoración de ofertas.

Entre las licitadoras constan numerosos recursos, principalmente entre las dos mayores adjudicatarias: Tasisa y la UTE Acciona-ICOT, que han mantenido una batalla que incluso ha alcanzado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En la sentencia fechada del 23 de junio de este año, la Sala de lo Contencioso-Administrativo resolvía que Tasisa debía ser la adjudicataria del servicio de ambulancias no urgentes en Gran Canaria, que había recaído en la UTE. Contra esta decisión cabe recurso y el polémico concurso de ambulancias sigue eternizándose.