- Este caso fue elevado a los tribunales, pero el voto en contra de una jueza que cobró de un máster de los abogados de la compañía frustró la demanda
Casetas de campaña, café, comida y agua. Los trabajadores de Endesa llevan cuatro días encerrados en su sede de Las Palmas de Gran Canaria para reivindicar la firma de un nuevo convenio colectivo después de 662 días de bloqueo en las negociaciones. Esta protesta, organizada en las Islas por UGT, Sindicato Independiente de la Energía (SIE) y Comisiones Obreras, apoya a los secretarios generales de dichas organizaciones del ámbito nacional, quienes se encerraron de manera indefinida en el edificio de Madrid el pasado 15 de octubre. Además, todos los días a las 12.00 horas se convocan pitadas de cinco minutos en todas las filiales de España.
“No tener convenio supone una situación constante de inseguridad. La empresa tiene el poder de cambiar las condiciones laborales de cada uno de los trabajadores de forma individual y de un momento a otro. Puede trasladarte de centro o bajarte el sueldo”, explica el secretario general de UGT Endesa, José Ángel García Hernández. En junio de 2017, el Grupo Endesa, constituido por doce empresas energéticas de España y con un 70% del capital adquirido por la entidad italiana Enel, anunció el fin del convenio vigente y abrió una nueva fase de negociación.
Dos años y 70 reuniones más tarde, el acuerdo ha sido imposible. “Saben que los sindicatos no vamos a aceptar el descenso de los salarios, el aumento de las horas semanales o la eliminación de los beneficios sociales”, señala el secretario de organización de SIE, Lorenzo González. La reforma laboral del PP de 2012 impide que se pueda volver al previo convenio cuando no se logre firmar uno nuevo, por tanto la situación actual es de “desamparo”.
Los beneficios sociales, en riesgo
Uno de los puntos más delicados de las negociaciones es la voluntad de Endesa de suprimir los beneficios sociales que perciben desde hace más de 40 años tanto los empleados jubilados como los que cuentan con un contrato vigente. Es el caso de las ayudas escolares o el suministro energético bonificado. “Son bienes en especie que nos ofrecieron cuando no tenían cómo subirnos el sueldo”, explican los sindicatos que, además, recuerdan que desde el 1 de octubre 26.000 pasivos (jubilados, viudos, y huérfanos) ya no gozan de este derecho.
El caso ascendió a los tribunales. Donde el voto en contra de dos magistrados frustró la demanda en favor de la empresa. Según los trabajadores, la jueza María Carolina San Martín Mazzucconi debió haberse acogido al deber de abstención por haber sido profesora “durante ocho años” del Máster en Abogacía Laboral de la Fundación Sagardoy, de la que es socio el abogado de la empresa energética en este pleito colectivo, José Luis Fraile Quinzaños.
Por su parte, los trabajadores critican que Endesa obtenga millones de euros anuales de beneficio y que, en lugar de mejorar las condiciones laborales de sus empleados, “el dinero vaya directamente a los socios italianos”. Además, no tienen intención de suspender el encierro y prolongarán sus protestas hasta que la empresa les dé soluciones.