Enfermería en precario antes y durante la pandemia: pocos, con contratos de días y 'esclavos' del móvil

A sus 30 años, Amanda (nombre ficticio) no ha firmado aún un contrato que dure más de cinco meses. Es enfermera desde 2013, aunque la crisis económica retrasó su incorporación al mundo laboral hasta 2015. En este último lustro ha ido encadenando trabajos temporales en la sanidad pública. Primero de horas, luego de días, los últimos de dos, tres, cuatro meses. El pasado noviembre sumó tres años de ejercicio real de la profesión, con dos de vacío, de interrupción entre llamada y llamada. Durante la pandemia de COVID-19 solo paró cuando se vio obligada a guardar cuarentena después de que se detectara un brote en la planta del hospital en el que trabajaba. En 2020 ni siquiera pudo disfrutar de vacaciones por tener que cubrir ausencias de sus compañeros. Rotó por tres servicios del centro y sufrió por los bandazos en materia de seguridad individual para hacer frente al coronavirus. Primero, sin mascarillas para no alarmar. Solo para los contactos con casos positivos. Luego vinieron las carencias, la compra de material propio para protegerse, a ella y a los suyos. Después, las quirúrgicas, las FPP2 y, por último, las pantallas faciales. En marzo se le acaba el último contrato y la ansiedad vuelve a asomar. “Te genera angustia. Piensas que probablemente te vuelvan a llamar para trabajar, pero sabes que en cualquier momento se pueden cortar esos contratos y quedarte en el paro”. 

Los profesionales de Enfermería han sido pieza esencial durante todas las fases de la pandemia. En primera línea, soportando buena parte del peso de la presión asistencial en los servicios de urgencias, cuidados intensivos y plantas COVID. En el resto de áreas de los centros sanitarios, asumiendo la sobrecarga generada por el desvío de recursos para combatir el coronavirus. En los equipos de rastreo, para identificar a los contactos estrechos de los casos positivos y contener la propagación. Y ahora, por último, en la campaña de vacunación. Esta crisis sanitaria también ha evidenciado, sin embargo, la carencia de profesionales y las deficiencias de un sistema de contratación que lleva años siendo cuestionado en el sector y que ha sumido a los graduados en Enfermería, al igual que a otras categorías profesionales, en la incertidumbre. 

El Consejo General de Enfermería publicó en 2019 un estudio que concluía que España necesitaba 124.000 profesionales más para alcanzar la ratio de la Unión Europea, que se sitúa en los 8,5 enfermeros por cada 1.000 habitantes. Para llegar a esta media, Canarias precisaba contratar más de 5.500 trabajadores, según esa investigación. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2019 pero publicados en mayo del año pasado, revelan que este colectivo sanitario, que es el mayor y que está cada vez más feminizado (más del 84% son mujeres), está formado por cerca de 15.000 personas en las Islas. La propia Consejería de Sanidad ha reconocido durante la pandemia las dificultades con las que se ha topado a la hora de encontrar profesionales para reforzar los servicios ante el incremento de la demanda. El porcentaje de contratación ha llegado al 100% de los recursos disponibles durante algunos periodos de la pandemia, señalan fuentes sindicales que hablan incluso de “peleas” entre gerencias y hospitales para hacerse con los servicios de trabajadores. 

La palabra que mejor define la situación de los profesionales de Enfermería es “precariedad”, señala Alejandro Vega, también de la promoción de 2013 y delegado del sindicato Asaca. Lo achaca al sistema de contratación. El Servicio Canario de Salud (SCS) no ha publicado aún las listas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2007, cuyo examen se celebró en 2015, cuatro años antes de la segunda y última en esta década, la de 2019. El compromiso es hacerlo este ejercicio, seis años después. Mientras tanto, los contratos se rigen por una instrucción de 1998 que establece el orden de llamada para la mayoría del colectivo (hay algunas listas específicas para servicios especiales) en función de la fecha de entrega del currículo. “No hay mérito ni capacidad. Uno puede irse a trabajar a otra profesión y, cuando vuelve, puede tener un número mejor que una persona que lleve ejerciendo seis años”, explica Jonay Morales, enfermero en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, representante de Asaca y miembro de Enfermeros por el Cambio, una de las plataformas que se han impulsado en los últimos tiempos en el sector para elevar la intensidad de las reivindicaciones históricas. 

El SCS anunció a finales de 2020 su intención de convertir en interinos a cerca de 3.300 trabajadores sanitarios de distintas categorías profesionales. En los últimos años no ha habido ningún proceso de regularización para atajar el problema de la temporalidad, lo que ha incrementado la bolsa de eventuales y, en consecuencia, la inestabilidad laboral. Durante este periodo, el contrato más ansiado para este colectivo es el de renovación anual que ofrece cada gerencia en distintos momentos del año. En Gran Canaria, por ejemplo, se dan los de Atención Primaria en febrero, los del Hospital Insular en marzo y los del Negrín, en mayo. A partir de ahí, surgen los denominados “incrementos”, con duraciones de entre seis y siete meses y que pueden ser prorrogados. Las últimas promociones son las que se quedan con los peores contratos, que pueden ser desde horas hasta días, semanas o, incluso, meses. Todo en función de las necesidades de los servicios. “Depende de la suerte y el momento en que salga”, asevera Vega. 

Leopoldo Cejas, secretario general del sindicato de Enfermería Satse, denunció a principios de este año que se había encontrado con casos de profesionales que habían acumulado hasta trece contratos en diciembre. “Y no uno, ni dos, sino bastantes, con ocho, diez, doce, trece...”, señalaba el representante de los trabajadores, que lamentaba el regreso a “los peores tiempos de contratos de lunes a viernes, sábado y domingo no cotizas y vuelve el lunes con otro”.  

Los profesionales consultados por este periódico coinciden en que este sistema de contratación les convierte en “esclavos” del teléfono móvil. “Cuando se te está por terminar el contrato, tienes que estar atento a ver si te llaman y te ofrecen un contrato. Lo pueden hacer en cualquier momento, mañanas, tardes... Incluso horas antes de tener que empezar el trabajo, te lo tienes que llevar a todos lados”. Y es que coger o no coger la llamada puede suponer quedarte sin contrato o con uno de peores condiciones. Una circunstancia que, según Alejandro Vega y Jonay Morales, se agravará cuando se publique la lista de la OPE de 2007, ya que se aplicará una orden, aprobada en 2011 y ya empleada para otras categorías profesionales, que establece un régimen que “castiga al trabajador” con una sanción de diez días hábiles sin ofrecer contrato (más de lo que suelen durar los periodos de renovación) si no responde “a la primera” comunicación y de un año si no ofrece explicaciones en el plazo estipulado para ello. “Si te llaman dos veces y no lo coges, te pueden sancionar hasta un año sin darte contrato. Además, tienes que aceptar el que te den, no te puedes negar, aunque sea de media jornada”, señalan.

Esta fórmula de contratación tampoco tiene en cuenta la experiencia o la formación en determinados servicios sanitarios. Bibiana Chinea se graduó en 2010 en Tenerife y se trasladó a Madrid a cursar la especialidad de Pediatría. Además, es doctora en Cuidados de la Salud. Desde hace una década ejerce en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) neonatal del Hospital de La Paz de Madrid con un contrato de interinidad. En los últimos tiempos, ha mostrado interés en regresar a su isla. Hace unas semanas, recibió la llamada del Hospital de La Candelaria. “Mi sorpresa fue que, cuando me ofrecen el contrato, les pregunto en qué servicio sería y me dicen que no me lo pueden decir, que acepte el contrato y ya luego me lo asignan. Tendría que dejar el interino aquí para irme a Tenerife sin ninguna seguridad de que me puedan renovar y sin tener en cuenta mi especialidad. Da rabia que no se tenga en cuenta esa formación, que ha llevado tiempo y esfuerzo”, lamenta Chinea, que sostiene que los compañeros de promoción que se quedaron en Canarias no han podido acceder aún a una interinidad.  

“Al enfermero no se le reconocen sus capacidades. El contrato es el que surja, da igual el servicio. Y no somos todoterrenos. Una persona que está un año en la UCI, cuando termina el contrato, es un experto en UCI. Pero de repente le dan otro contrato y a lo mejor va a Cardiología. Tiene que volver a empezar de cero y conocer el servicio, el tipo de procedimiento, de pacientes... Las primeras semanas está perdida y eso tiene una consecuencia en la calidad asistencial”, sostiene Alejandro Vega, que recalca que en las épocas de contrataciones los servicios se desmontan y se renuevan en un porcentaje elevado, lo que obliga a mantener en ellos a “veteranos” que puedan servir de referentes y enseñar a los que llegan. 

Reducción de contratos en La Candelaria

El Hospital de La Candelaria se ha convertido este año en epicentro de la polémica por la reducción de contratos de renovación a principios de febrero. Miguel Santovenia es uno de los afectados. Graduado en 2016, empezó a trabajar en el complejo en abril de 2019 después de ejercer durante medio año en la sanidad privada, “con un sueldo de 1.000 euros y 24 pacientes” a su cargo en cada turno, y dos años en Noruega, donde se sentía “respetado y valorado”, con un contrato estable, formación específica y unas ratios de profesionales por paciente mucho más altas. Por circunstancias personales y su interés en cursar un master regresó a la isla y empezó a entrar y salir de servicios hasta que llegó a la UCI, donde le dieron el contrato más largo, de ocho meses, de junio a febrero. “Durante la pandemia, la situación ha sido horrible. Estuvimos saturados, cerca del colapso. Tuvimos que llevar a pacientes a quirófanos”, recuerda Santovenia, que no recibió la llamada para la renovación hasta cuatro días después de que se le hubiera agotado el contrato. La oferta era de solo quince días. 

A Elena Majul le hicieron un contrato un poco más extenso, de un mes, en las mismas fechas. Está apuntada desde 2008 en la lista de Atención Primaria en Tenerife y desde 2016 en La Candelaria. Trabajó durante doce años en la sanidad privada, en un centro del sur de la isla, del que guarda un infausto recuerdo. “Llevaba mínimo 25 pacientes sola. A veces, hasta 45. Las condiciones eran pésimas. Todavía tengo pesadillas. No sé si volvería, prefiero trabajar de otra cosa”, señala. Aterrizó en 2017 en el hospital público tinerfeño. Primero, con contratos mes a mes. En la pandemia consiguió uno de ocho. El día en que se acababa, sobre las cuatro de la tarde, la llamaron para ofrecerle la renovación. De nuevo de un mes. “En marzo no sé qué va a pasar. Mi esposo es mileurista y con su sueldo solo no podemos vivir”, apunta. “El año pasado, cuando recibíamos los aplausos, pensábamos que sería el de nuestro reconocimiento verdadero, el de las condiciones laborales. ¿De qué sirven tantas palabras de agradecimiento si después no te dan un contrato estable para puestos que necesitas? ¿Por qué hacen contratos de este tipo? ¿Por qué no aumentan las plazas?”, se cuestiona. 

A Miguel López, de la promoción de 2019, no le renovaron el contrato. Durante la pandemia ejerció en las urgencias de La Candelaria. “La presión asistencial ha sido brutal. Ya no solo por la zona COVID. Ha habido que suspender quirófanos, nos hemos quedado sin camillas, las ambulancias se han quedado bloqueadas porque no se pueden ir, no hay espacio físico ni suficiente personal”, subraya. Supo que no seguía el 1 de febrero. “De la noche a la mañana dejan de hacer falta cuatro promociones de enfermeros. Me enteré porque no me llamaron. Si no lo hacen, es que no eres afortunado. Tienes que vivir pegado al teléfono, eres un esclavo del móvil”. Aparte de su turno en este servicio, el enfermero estaba en el grupo de vacunación contra la COVID-19. Antes había trabajado para el Cabildo de Tenerife y un periodo en la isla de El Hierro. López ostenta otra categoría profesional. Desde 2009 es también auxiliar de Enfermería, lo que le ha permitido continuar trabajando, aunque con un sueldo y unas funciones inferiores a su formación. Dice que en su vida laboral acumula 185 contratos. 

Marta Cabrera ejerció en La Candelaria durante dos meses de la pandemia. A principios del año pasado decidió regresar a la isla junto a su marido, también enfermero, tras un periplo de diez años en Londres, ciudad a la que emigró tras acabar la carrera en 2010, en plena crisis. “El desarrollo profesional allí fue brutal. Puedes trabajar para una unidad concreta, te financian montón de cursos, te especializas, tienes un contrato permanente desde un principio... Tengo ocho años de experiencia en la UVI, un máster y era supervisora de una unidad”. Cuando volvió a trabajar a Tenerife, “nadie tuvo absolutamente nada de esto en cuenta”. Cabrera señala que una persona formada en un ámbito determinado “puede aportar muchísimo”. “No tiene sentido que te tengan de un lado para otro continuamente y que pongan a gente que no tiene experiencia en servicios que son cruciales para el cuidado de un enfermo. A mí me mandas a Traumatología y no sé cómo tratar a un paciente. No por ser enfermera lo sé todo”, explica la profesional, que también es matrona, especialidad en la que trabaja en la actualidad en Atención Primaria. De su breve paso por La Candelaria, recuerda que tenía que hacer “cola por la mañana” para que le asignaran un servicio. “A veces llegabas y te decían que había suficientes enfermeros y te mandaban para tu casa. A mí me pasó cuatro veces”. 

“Esta situación genera muchísima inestabilidad, no te permite conciliar. Tengo compañeros con treinta y pico años que no pueden pedir una hipoteca porque tienen contratos temporales, de días, de meses o, en el mejor de los casos, de un año. Nunca sabes cuándo vas a trabajar, no puedes hacer planes. Vives alrededor de tu trabajo, con el teléfono todo el día en la mano, pendien