Las ONG recurren a la financiación privada ante la falta de ayudas del Gobierno canario
- La asociación tinerfeña Nahia, especializada en la inserción social y laboral de jóvenes entre 16 y 18 años, podrá “llegar a final de año” gracias a fondos privados y no del Ejecutivo autonómico, que dejó en la anterior legislatura a 134 asociaciones sin las subvenciones con cargo al IRPF solidario
El 5 de diciembre de 2018 un total de 182 ONG solicitaron las ayudas para proyectos sociales derivadas de la X solidaria del IRPF. Pocos meses después, 134 de estas entidades vieron peligrar su futuro cuando el anterior Gobierno de Canarias desestimó sus solicitudes. Contar con, al menos, un 25% de financiación propia era uno de los criterios premiados por la Consejería de Políticas Sociales. Tres meses después de que las organizaciones afectadas se reunieran con la exconsejera Cristina Valido (CC) para buscar soluciones, los fondos privados vuelven a ser la única opción para esquivar el cierre definitivo.
Laura Sosa, presidenta de la asociación tinerfeña Nahia, especializada en la inserción social y laboral de jóvenes entre 16 y 18 años, explica que la ONG presentó un proyecto a dos entidades privadas y que gracias a los fondos que recibirán a través de esta vía podrán “llegar a final de año” y no cerrar sus puertas por el momento. “Además, la difusión mediática ha permitido que la gente conozca de primera mano cuál es nuestro trabajo”, añade. Las historias de Kevin y Mariama pusieron rostro a su labor. Él huía de una familia desestructurada y ella de la violencia machista. Pero, después de que a los 18 años el sistema los desamparara por quedar fuera del servicio de asistencia de menores, pudieron recomponer las piezas de su futuro gracias a la asociación Nahia. Las administraciones públicas no se lo pusieron fácil. Kevin confesó a este medio que cuando pedía información sobre la obtención de ayudas llegaron incluso a responderle: “No me das lástima, eres un joven más que se ha quedado en paro”.
Una de las soluciones propuestas por Valido en el encuentro que mantuvo el 20 de mayo con ocho asociaciones de Tenerife y tres de Gran Canaria, entre ellas Nahia, fue adelantar al mes de junio la convocatoria anual que lanza Políticas Sociales para ofrecer ayudas a las ONG de Canarias. Pero no ha sido así. “A pesar de que haya habido cambios de Gobierno, debería haberse previsto”, valora Sosa.
La Fundación Canaria Óliver Mayor contra la Fibrosis Quística también ha tenido que buscar vías alternativas para sobrevivir. A través de un mensaje difundido en redes sociales la organización lanzó una peña benéfica para que familiares, pacientes y amigos se afiliaran y poder así colaborar con la ONG.
Eludir responsabilidades
Los proyectos dedicados a combatir la violencia contra las mujeres fueron otros de los grandes afectados por la distribución desigual de las subvenciones. Ninguno de los programas aprobados en la primera resolución del 3 de mayo pertenecía a esta área. Sin embargo, la segunda relación de iniciativas aprobadas anunciada en el BOC el 16 de julio, aprueba algunas propuestas como la atención integral a personas en situación de prostitución impulsada por Médicos del Mundo.
Otro de los acuerdos pactados entre las asociaciones y la Consejería fue delegar en las propias organizaciones el diseño de los criterios a seguir en la evaluación de los proyectos que concurren a la obtención de esta subvención. Las ONG comenzaron a trabajar en ellos poco tiempo después de su reunión con Valido, y prevén presentárselos a la actual consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Podemos).
En la convocatoria de 2018, el requisito de la cofinanciación justificó la purga de más del 70% de las ONG que quedaron fuera de la convocatoria, ya que la puntuación obtenida era inferior a la mínima establecida. Aquellos proyectos financiados en un 50% con fondos propios eran premiados con hasta tres puntos. Canarias fue la única comunidad autónoma que implantó esta cifra. De esta forma, un 40% de los 6.957.307,88 euros con los que el Ejecutivo autonómico contaba para este fin fue repartido entre Cáritas y Cruz Roja. “Las grandes perjudicadas son las entidades locales y regionales”, aseguró a este periódico una de las dirigentes de la asociación ARSM Anchieta, dedicada a la atención de colectivos vulnerables, ante la publicación de las entidades beneficiarias en el Boletín Oficial.
El Gobierno regional confesó que “el resultado del IRPF 2018 en Canarias podría ser más justo”. Sin embargo, en distintas ocasiones se escudó en los criterios de baremación impuestos por el Estado, a pesar de que el Tribunal Constitucional dictara en 2017 una sentencia que distribuye competencias entre el Estado y las comunidades autónomas para la concesión de las subvenciones “con cargo al 0,7% del IRPF dentro de su ámbito territorial”.
