El fracaso del sistema de sanciones y la irresponsabilidad personal, claves para entender la fiesta ilegal carnavalera de Santa Cruz de Tenerife

No es la primera vez que el local de la calle Clavel, en Santa Cruz de Tenerife, donde se produjo la fiesta carnavalera este viernes, recibe una sanción por saltarse la normativa para frenar los contagios de COVID-19. De hecho, el Ayuntamiento de la localidad asegura en una nota que este bar “tiene ya varias actas en curso”.Tampoco es una sorpresa que escenas como las que se pudieron ver, gracias al vídeo que se hizo viral y del que se ha hecho eco este medio, pudieran darse: los expertos del Consejo de Gobierno alertaban sobre la probable proliferación de celebraciones que incumplirían las restricciones establecidas en la isla. Precisamente por este motivo, se decidió imponer una serie de medidas extraordinarias de cara a la fiesta más antigua y más esperada por los isleños.

Al ritmo de la famosa canción de Celia Cruz, La vida es un Carnaval, un nutrido grupo de personas disfrazadas bailaba despreocupado este viernes en la céntrica calle, muchos sin mascarillas y sin mantener la distancia de seguridad. El Ayuntamiento informó que la Policía Local se personó en el lugar tras recibir una llamada de alerta de un vecino. Los agentes lograron disolver la concentración y levantar algunas actas entre los presentes y al local, cuyo expediente “podría derivar en el cierre del mismo”, subrayaban en el comunicado. También Dirección General de Salud Pública anunció este sábado, a través de sus redes sociales, que ya se ha abierto diligencias informativas previas ante los incumplimientos de la normativa para frenar los contagios.

El Gobierno de Canarias apuntó que el procedimiento por esta Dirección General puede conllevar multas tipificadas como graves o muy graves. Además, aseguró que Salud Pública estará vigilante “para atajar otros comportamientos imprudentes que se puedan producir durante los próximos días en el Archipiélago”.

Pero, si el local ya ha recibido varias sanciones, ¿cómo es posible que sigan sucediendo escenas como la de este viernes en el mismo lugar?

Para el portavoz de Unidas Podemos en Santa Cruz, Ramón Trujillo, la respuesta es sencilla. “Por un lado, hay que tener claro que los adultos son los auténticos responsables de este incumplimiento; por otro, el sistema de sanciones de Santa Cruz de Tenerife no está produciendo el efecto disuasorio que se había previsto y esto es debido a la incompetencia ante la ejecución de las multas interpuestas por la Policía Local”, critica.

Recientemente la líder socialista en el Ayuntamiento capitalino, Patricia Hernández, desvelaba en sus redes sociales que “solo se habían tramitado tres multas por incumplimientos de la normativa COVID de las 8.000 impuestas por la Policía Local, lo que viene a representar el 0,035%”. Esas tres multas, según la respuesta de la Consejería de Hacienda y Recursos Humanos, Patrimonio y Acción Social a una pregunta del concejal socialista Florentino Guzmán, fueron resueltas en dos fechas, el 29 de diciembre de 2020 y el 11 de enero de 2021, con una recaudación máxima de 220 euros. Ante este panorama, es evidente la sensación de impunidad ante la normativa.

Asimismo, Ramón Trujillo señala a este medio que “el Grupo de Gobierno de Coalición Canaria, con José Manuel Bermúdez al frente, se gastó 2,3 millones de euros en un Carnaval a sabiendas de que hablar de celebración induce a un sector de la población a la fiesta”.

Para evitar otra situación así, el Ayuntamiento ha vuelto a afirmar que va a ser inflexible con los incumplimientos, y quiso dejar constancia, a través del comunicado, de que se trata de una minoría entre las miles de personas que supieron recordar el Carnaval de manera responsable y sin transgredir ninguna norma sanitaria vigente.

No hay que llorar, que la vida es un Carnaval, y las penas se van cantando, decía Celia Cruz en su canción. Solo de los ciudadanos dependerá que las penas sean menos y que podamos disfrutar del Carnaval y de la nueva normalidad lo antes posible.

Medidas extraordinarias

Entre el 12 y el 22 de febrero, el Gobierno ha impuesto que las reuniones sociales para las islas que se encuentran en nivel 1 y 2 de alerta, no podrán superar las seis personas, excepto convivientes, mientras que en nivel 3, se podrán reunir hasta cuatro personas, y en nivel 4, solo dos.

En la hostelería, las islas que se encuentren en nivel 1 y 2 podrán compartir en los comedores interiores con un máximo de seis personas por mesa; cuatro, en las que se encuentran en nivel 3, y solo dos comensales para el nivel 4. Asimismo, queda prohibido el consumo en barra y de pie en todas las islas.

El aforo en el transporte es del 50% en todo el Archipiélago entre las fechas antes señaladas y quedan prohibidas las fiestas populares y verbenas.

Además, el Gobierno ha pedido a todos los municipios que refuercen todos los controles para evitar las fiestas clandestinas.