La Fundación César Manrique entregará a Podemos un dictamen jurídico para recurrir la Ley del Suelo al Constitucional

Presentación de la plataforma 'Por un territorio sostenible' en Lanzarote.

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

El recurso que Unidos Podemos presentará ante el Tribunal Constitucional contra la Ley del Suelo promovida por el Gobierno de Fernando Clavijo, en vigor desde el pasado 1 de septiembre, incorporará un dictamen jurídico encargado por la Fundación César Manrique y elaborado por Marcos Vaquer Caballería, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.

Las conclusiones del informe serán entregadas por la Fundación César Manrique a la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, que aglutina a movimientos sociales que se oponen a la nueva norma por su carácter “especulativo”. Unidos Podemos ya ha anunciado que servirá de vehículo para llevar esta oposición al Constitucional, ya que cuenta con más de 50 diputados en el Congreso, el número necesario para poder iniciar el trámite ante el alto tribunal.

El dictamen ve visos de inconstitucionalidad en la Ley del Suelo que afectan a dos grandes cuestiones controvertidas: la clasificación y el régimen jurídico del suelo rústico, y las potestades de ordenación urbanística.

En el apartado de la clasificación y el régimen jurídico del suelo rústico, el dictamen identifica motivos de inconstitucionalidad en tres contenidos relevantes de la Ley: el régimen de los asentamientos rurales, la ampliación de usos ordinarios del suelo rústico y el requisito de la integración en la malla urbana para la clasificación del suelo como rústico.

En relación a las potestades de ordenación urbanística, el informe cuestiona “cómo se tratan en la Ley del Suelo las relaciones internormativas entre distintos entes territoriales cuya autonomía está garantizada por la Constitución”.

También denuncia los contenidos de la Ley referidos a la nulidad radical de los planes que excedan del mínimo contenido necesario, que constituye, a juicio del profesor Marcos Vaquer, “una fuente potencialmente inagotable de recursos contencioso-administrativos”.

Por último, en este apartado, se estudian los instrumentos extraordinarios de ordenación, en particular los proyectos de interés insular o autonómico, que, por la “indeterminación de los supuestos legitimadores, por saltar por encima del sistema ordinario de planificación y romper la autonomía municipal”, se consideran inconstitucionales, al igual que el hecho de que estos proyectos “se alineen, en algún artículo, con las ordenaciones sin efectos significativos sobre el medio ambiente […] a los efectos de someterlos a evaluación simplificada”.

Marcos Vaquer Caballería es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de seis monografías y de más de cincuenta artículos en revistas científicas y capítulos en libros colectivos. Ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades extranjeras, como las de Nueva York (EE.UU.), Pavía y Sassari (Italia), Paris Ouest (Francia), Externado (Colombia), Andina Simón Bolívar (Ecuador) o Alberto Hurtado y Católica de Valparaíso (Chile).

Vaquer ha desempeñado los cargos de subsecretario de Vivienda y presidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo SEPES (2008-2010), director general de Urbanismo y Política de Suelo del Ministerio de Vivienda (2004-2008) y miembro del bureau del Comité de Vivienda y Gestión de Suelo de UNECE en Naciones Unidas (2006-2008). También ha participado como experto en varios proyectos de asistencia técnica internacional de la Unión Europea en Iberoamérica (Ecuador: 2014, Paraguay: 1995, 1998) y coordinó entre 2006 y 2008 el punto focal español del consorcio URBANNET, una red europea para el fomento de la investigación sobre sostenibilidad urbana.

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