El Gobierno canario da dos años más de vida a ambulancias a punto de caducar

Ambulancia de transporte sanitario no urgente en las proximidades del Hospital Doctor Negrín

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

La flota actual de ambulancias del Servicio Canario de Salud (SCS) podrá circular dos años más a pesar de que en torno a 300 de sus 577 vehículos tienen el certificado técnico-sanitario, imprescindible para poder operar, a punto de caducar. El Gobierno regional, a través de las consejerías de Sanidad y de Transportes que lideran, respectivamente, José Manuel Baltar y Pablo Rodríguez, ha elaborado un proyecto de decreto, aún pendiente de aprobación, que alarga la vida útil de las ambulancias a los doce años. Para ello modifica otro decreto, de octubre 2012, que fijaba la antigüedad máxima en diez.

Se trata de la segunda vez que el Ejecutivo adopta una decisión de este tipo, ya que el concurso de transporte sanitario terrestre publicado en 2008, formalizado en 2009, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2012 y vencido, prórrogas incluidas, en 2015, establecía un máximo de ocho años de vida útil para los vehículos, plazo que se habría cumplido en 2017.

El Ejecutivo regional justifica la necesidad de aprobar este decreto para garantizar la prestación del servicio en el “periodo transitorio” entre “el antiguo y el nuevo concurso” y la renovación del parque móvil a las nuevas características exigidas, “sin que ello suponga la merma del servicio público”.

La empresa pública Gestión de Servicios para la Seguridad y la Salud de Canarias (GSC), encargada del transporte sanitario en Canarias, publicó las bases del nuevo concurso de ambulancias el 28 de enero, cuatro años después de la fecha en la que -como mínimo- debió hacerlo y nueve meses después de la anunciada por Sanidad. Los pliegos han sido recurridos por una de las principales empresas del sector, Aeromédica Canarias, que entiende que el presupuesto de licitación no cubre los gastos del servicio.

Los consejeros de Sanidad y Transportes defienden además que esta decisión solo afecta a “un aspecto técnico” del vehículo, pero no a aspectos sanitarios. De ahí que se consideren legitimados para adoptar una medida que enmarcan dentro de sus competencias en materia de transporte.

Las empresas que mantienen el contrato de 2008 en precario se arriesgaban a elevadas sanciones en caso de que los vehículos continuaran circulando con el certificado vencido o a otro tipo de consecuencias punibles en el supuesto de que se negaran a cubrir este servicio esencial. La tercera vía, la elegida por el Gobierno de Canarias, la ampliación de la vida útil de la flota hasta los doce años, supone un hecho inédito en España.

El responsable de sector de transporte sanitario del sindicato UGT, Iván Amador, advierte de que los vehículos que ahora podrán circular dos años más se encuentran en muy mal estado, lo que repercute en la calidad del servicio. El representante de los trabajadores afirma que era una decisión “esperada” que demuestra que el Gobierno de Canarias “carece de proyecto sanitario”. Amador señala que el incremento presupuestario para este servicio con respecto a las cuentas de 2018 es de tan solo el 3%, una cantidad que, según sus cálculos, ya se supera con el incremento salarial del 0,5% previsto para los entre 1.500 y 1.600 trabajadores del sector.

Además subraya que, al no haberse licitado hasta ahora el servicio ni haberse publicado las bases de la convocatoria, las empresas no han podido desembolsar las cantidades necesaria para la compra de unidades y su carrozado, tarea para la que “no se tarda ni uno, ni dos, ni tres meses”.

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