El desmantelamiento de una presunta red delictiva en el campo de la seguridad privada, con la detención de nueve vigilantes jurados que actuaban con titulaciones falsas en Tenerife, ha llevado al Gobierno de Canarias a rescindir unilateralmente el contrato de servicios con la empresa ganadora del concurso de vigilancia de los centros de acogida de menores del Archipiélago, Dialse, cuya vacante ha sido cubierta, sin mediar concurso ni procedimiento negociado alguno, por Securitas.
Según ha podido saber CANARIAS AHORA, la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, tras conocer la actuación policial a escala nacional en la que han sido detenidos nueve vigilantes de un centro de menores tinerfeño, decidió entregar a Securitas el servicio contratado a Dialse sin pedir al menos tres ofertas a empresas del sector.
Securitas no obtuvo la segunda posición en la puntuación del concurso que ganara Dialse, cuyos impagos a Hacienda y a la Seguridad Social también han sido determinantes para perder el contrato, aparte de las titulaciones falsas de nueve de sus vigilantes.
La empresa peninsular se hace cargo, en principio durante los próximos tres meses hasta la convocatoria de un nuevo concurso, de un servicio cuyo facturación oscila entre los 150.000 y los 200.000 euros mensuales.
Los centros de menores cuya responsabilidad recae en el Gobierno de Canarias están ubicados en Tenerife (La Esperanza, Hierba Buena y Tabares) y Gran Canaria (La Montañeta y Gáldar).