“Estamos trabajando en un nuevo decreto que reducirá los plazos en los que se valora el grado de dependencia y que, por tanto, significará la simplificación administrativa en materia de dependencia”, anunció la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en la rueda de prensa posterior a la celebración este lunes de la reunión de trabajo con el Diputado del Común, Rafael Yanes, en Santa Cruz de Tenerife.
Delgado afirmó que “es urgente abordar la aprobación de un nuevo decreto de procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia más acorde a los tiempos actuales que permita que cumplamos con los plazos que establece la ley de dependencia”.
Además, comunicó que la Consejería reforzará el personal, “especialmente en las áreas de discapacidad y dependencia y discapacidad, para resolver los problemas estructurales de las plantillas”.
También trasladó al Diputado del Común la disposición de su departamento a mantener “una relación estrecha, fluida y leal”, para que “a partir de ahora todas estas situaciones se resuelvan de forma más adecuada por dos razones: porque estamos trabajando para que la burocracia no sea un obstáculo al que se enfrente la ciudadanía cuando acude a las administraciones públicas de Canarias y porque mi equipo siempre estará disponible para escuchar y resolver cualquier queja que se presente”.
El Diputado del Común, Rafael Yanes, calificó la reunión con la responsable de Bienestar Social como de “intensa y muy productiva”. En este sentido, indicó que casi el 40 por ciento de las quejas presentadas por la ciudadanía en la institución corresponden al área de Bienestar Social.
“Las materias de esta Consejería concentran el núcleo duro de nuestra preocupación, sin olvidar los otros dos pilares del sistema de Bienestar Social, Educación y Sanidad”, explicó Yanes, quien aclaró que “son materias que inciden directamente en la calidad de vida de las personas más vulnerables de la población”.
De hecho, las áreas de dependencia, discapacidad y mayores, son donde se detectan mayores problemas que se han de afrontar con urgencia, mientras que, en las áreas de igualdad, servicios sociales y menores existe una colaboración más directa con la consejería.
Canarias pasó en los últimos cinco años de tener una lista de espera en dependencia de casi 9.000 personas a 5.549. Según el XXII dictamen de la Asociación de Gerentes y Directores en Servicios Sociales, esta comunidad ha incorporado cuatro veces más beneficiarios al sistema que la media estatal y empieza a salir del vagón de cola en el que llevaba sumida desde la aprobación de esta norma por el Gobierno de Zapatero en 2007. El último informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (de 31 de julio) detalla que en las Islas hay 38.957 personas con el derecho a la dependencia reconocido y de ellas, 32.796 disponen de Programa de Atención Individualizada (PIA) y prestación de acuerdo a la ley.