MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha afirmado en el Congreso que el próximo mes de octubre presentará ante el Consejo Territorial del ramo la primera evaluación de la aplicación y desarrollo del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) y después planteará reformas en el Parlamento.
En respuesta a una interpelación del portavoz de CiU en materia de asuntos sociales, Carles Campuzano, Pajín ha explicado que la Comisión Delegada para la evaluación de la ley, que se ha reunido esta semana, se citará de nuevo en septiembre para “cerrar” el análisis a fin de que pueda presentarse en el Consejo Territorial de octubre. La ley obliga a realizar la evaluación a los tres primeros años de la norma, aprobada en 2007, por lo que acumula ya un año de retraso.
Pajín ha señalado que en la actualidad, el Ministerio se encuentra “a la espera” de que todas las comunidades autónomas contesten a un “cuestionario exahustivo” sobre la aplicación de la ley que se les remitió y, mientras, mantiene reuniones con los agentes sociales y las asociaciones de mayores y discapacitados para recoger sus percepciones sobre el funcionamiento y la sostenibilidad del SAAD.
Asimismo, ha indicado que se está realizando una encuesta telefónica con una muestra de 2.500 beneficiarios de la Ley de Dependencia “para conocer su grado de satisfacción y opinión sobre garantías y calidad del sistema”. “Están contando con todas las partes y agentes implicados en el proceso para que sirva como reflexión y ayude a tomar decisiones”, ha señalado.
En este sentido, Pajín ha avanzado que “entre septiembre y octubre” el Gobierno convocará a las “fuerzas políticas” para analizar “la aplicación, el desarrollo progresivo, la sostenibilidad y la eficiencia del sistema” para “que las Cámaras mantengan el protagonismo que tuvieron cuando se elaboró la ley”. “Espero que apoyen las iniciativas que propongamos encaminadas a seguir desarrollando el sistema”, ha añadido.
Pajín respondía así a la interpelación de Campuzano, quien ha pedido una revisión de la Ley de Dependencia con el doble objetivo de mejorar la calidad y eficiencia de la asistencia y generar empleo. Según ha dicho, es necesario “repensar la política de dependencia, lo que va a exigir un amplio acuerdo político” en el que, a su juicio, ya debería ir trabajando el Ejecutivo.
“En un momento en que buena parte de las comunidades autónomas están de cambio de Gobierno es cuando el Ejecutivo debería deliberarlo, porque creo que todos coincidimos en que las previsiones del Libro Blanco no se han producido”, ha apuntado Campuzano, para poner de relieve que el gasto público de la dependencia ha sido un 60% mayor del previsto mientras “las previsiones de generación de empleo tampoco se han producido”.
A juicio del portavoz de CiU, para “reformular y repensar la legislación y hacerla viable” hará falta “financiación ligada al coste real de los servicios por parte del Estado”, plantear las prestaciones económicas “como medida de apoyo y no como alternativa al servicio” y promover “transparencia en la utilización de los Servicios Sociales”, entre otras medidas.