La entrada en vigor del real decreto ley que ampara a las trabajadoras del hogar no ha puesto fin a la precariedad de este colectivo “invisible”, eminentemente femenino y migrante, según ha denunciado este jueves Cáritas en Canarias.
Al recordar el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se conmemora cada 30 de marzo, la organización de la Iglesia católica ha reivindicado, junto a un grupo de empleadas domésticas, la necesidad de denunciar que el colectivo sigue siendo vulnerable, ya que cuenta con escasos medios para afrontar situaciones de injusticia que le siguen afectando.
En una lectura colectiva de un manifiesto, Cáritas ha recordado también que estas trabajadoras siguen invisibilizadas como personas migrantes “por una ley de extranjería que las aboca a trabajar en este sector, marcado por la economía sumergida”, lo que lleva a muchas internas a soportar “condiciones indignas”, como asumir, sin descansos ni acceso a un vaso de agua o a un plato de comida, jornadas eternas de trabajo, tal y como ha contado Leticia Guevara.
Esta hondureña llegó con 21 años como turista a Gran Canaria, hace 17 años, tiempo en el que ha tenido experiencias malas y buenas como empleada del hogar.
Al principio trabajó sin estar dada de alta en la Seguridad Social para empleadores que le negaban hasta un vaso de agua durante jornadas de trabajo que se prolongaban hasta diez horas.
Guevara, que en la actualidad es autónoma y trabaja vendiendo en mercadillos, alejada del sector doméstico, pide que “haya mejores empleos para las mujeres”, si bien reconoce que no toda su experiencia en Gran Canaria como empleada de hogar ha sido mala, ya que también ha ofrecido sus servicios a empleadores que han respetado todos sus derechos y, además, le han ayudado a regularizar su situación administrativa en España.
La técnica de empleo de Cáritas Diocesana de Canarias, Elizabeth Herrera, ha considerado que las recientes reformas laborales “han servido” a este colectivo de trabajadoras del hogar, aunque persisten los problemas que tienen muchas familias para poder hacer frente a los gastos que supone su contratación, a lo que se suma, a su juicio, la falta de concienciación y respeto hacia la labor que realizan.
Por ello, la entidad demanda que se implante “un sistema de apoyo que ayude a todas las familias, independientemente de sus ingresos económicos, a afrontar los costes que supone cumplir con la legislación actual”.
El servicio de orientación e intermediación laboral que esta organización presta a estas trabajadoras atendió el pasado año a 150, de las cuales 65 finalizaron su itinerario de inserción, lo que permitió que 21 consiguieran un empleo con contrato, un “logro sin precedentes”, según la ONG.
Además de una mayor supervisión por parte de la Administración, Cáritas reclama la regulación extraordinaria para personas extranjeras en España, “una mirada de género y una mayor formación y sensibilización” en el sector del empleo doméstico que mejore la realidad indigna que afecta a buena parte de sus trabajadoras.