El ‘mamotreto’ de Santa Brígida ocupó una calle para un supermercado sin licencia

La construcción del centro comercial de Santa Brígida, conocido popularmente como mamotreto, está caracterizada por una serie de claroscuros que permitieron levantar un gran bloque de hormigón en pleno corazón de la Villa. Con las Normas Subsidiarias (NNSS) en la mano, el edificio jamás debió existir puesto que no se permitía dotación comercial bajo rasante, pero, sin embargo, los planos muestran que la ocupación de la calle Presbítero Blas Marrero se debía al interés de la UTE Santa Brígida por construir un supermercado que ni siquiera estaba en el proyecto.

En los planos de ejecución del año 2003 que presenta la UTE, aparecen dibujados dos camiones que ocupan la calle, lo que demuestra que la intención era destinarla a vía de servicio del supermercado. Uno de los camiones aparece estacionado en el muelle de carga y el otro en paralelo al edifico a lo largo de la vía pública. Este segundo camión evidencia que la acera tiene que tener los 3,20 metros de ancho para poder encajar el ancho del camión, que está grafiado a escala. De hecho, esta acera es la zona de descarga para abastecimiento de los locales comerciales de la planta semisótano. Por otro lado, el camión estacionado en el muelle de carga invade la vía de nueva creación, por lo que no tiene sentido que la calle que iba a ser para desahogar el tráfico del casco antiguo esté varias horas ocupada por la cabina del camión. Esto indica que el motivo de la desviación era el convertir la prolongación de Presbítero Blas Marrero en una vía de servicio para el centro comercial, privatizando a Santa Brígida de esta calle.

Cuatro años más tarde, en 2009, un informe técnico-jurídico firmado por la arquitecta municipal Ángeles Ley y por el técnico de administración adscrito a Urbanismo Juan Manuel Trujillo expone que “en la propuesta de la 1ª Modificación” [que tuvo lugar a principios de la década] la calle se trata de tal manera “que se convierte en una vía de servicio de un edificio, incluso dándole un tratamiento menor ya que la plantea con un forjado ”cubierta“ y ocupada bajo rasante por un aparcamiento. Este tratamiento entra en contradicción con el interés municipal”.

Mientras, en el Plan General de Ordenación Supletorio provisional del municipio, elaborado en mayo de 2014, la prolongación de la calle Presbítero Blas Marrero desaparece del planeamiento, sin motivarse ni justificarse este hecho en la Memoria del Plan. Se incorpora el vial a la parcela, desapareciendo finalmente su función original como vía pública para el desahogo del tráfico y conexión peatonal con el Mercadillo y Parque Guiniguada, mientras que la calle junto al colegio aumenta ahora su sección en diez metros. Aunque la explicación que se da para la creación de esta nueva vía junto al centro educativo se justifica en una reclamación del AMPA para que los niños puedan salir con seguridad del centro hacia el lado del parque urbano, todo hace indicar que la misma se usará de desahogo para el tráfico del centro urbano, función inicial de la prolongación expropiada al pueblo.

Es patente cómo desde la concepción del primer proyecto en 2002 se pasaron por alto los desajustes e incompatibilidades que los sucesivos proyectos iban incorporando con respecto a lo establecido por el anteproyecto de González-Sosa Beltrá. De hecho, el arquitecto Lupiola justifica en sus distintos informes los desajustes dando por favorables todos y cada uno de los informes técnicos desde el 2002 hasta 2005. En definitiva, para encajar una superficie alimentaria de 2.200 metros cuadrados, con 1.500 metros cuadrados de área de ventas, fue necesario la ocupación de la vía, con el consiguiente desplazamiento del edificio en 3,20 metros sobre el dominio público y 3,20 metros de acera para el atraque de camiones de gran calado. No había en todo el edificio otra forma de disponer de una superficie tan extensa en una sola planta que tuviera acceso directo a una vía de servicio para la carga y descarga de mercancías.

El Mercadona que no se podía construir

Toda la maquinación apunta a que el fin era levantar un Mercadona donde debían ir los multicines, pero desde el principio la empresa valenciana no podía abrir en Santa Brígida. En junio de 2005 la compañía solicitó ante la Consejería de Comercio del Gobierno canario la licencia comercial específica para una superficie de 1.496,55 metros cuadrados que estaría en el centro comercial por un periodo de 35 años. Dos meses después, en agosto de ese año, la Dirección General de Comercio le respondía a la empresa que no se admitía a trámite la solicitud porque “no hay superficie disponible para el establecimiento que se pretende implantar”.

Esto se debió a que al tener el municipio unos 20.000 habitantes se considera un gran establecimiento aquellos que estén entre los 750 y 1.500 metros cuadrados y el Gobierno canario entendía que ya en la zona norte de la isla no cabía otra gran superficie. En septiembre de ese año la consejería archiva la solicitud de licencia promovida por la empresa valenciana.  A pesar de ello, Mercadona solicitó en 2006 al Ayuntamiento la licencia de actividad clasificada. Los funcionarios y políticos de la Corporación, haciendo caso omiso de las advertencias de los concejales de la oposición y de otras empresas del sector, continuaron con los trámites, a pesar de que eran conocedores de la inadmisión a trámite de la licencia comercial específica, hasta llevarlos al extremo de publicar en la prensa la apertura de un periodo de alegaciones públicas porque Mercadona se encontraba tramitando la licencia municipal.

Finalmente, la Dirección General de Comercio, advirtiendo que el Ayuntamiento se encontraba tramitando la licencia municipal sin la preceptiva licencia comercial específica, solicita que se le envíe el expediente. Tras esto el por entonces alcalde, Antonio Díaz, se ve en la obligación de resolver que la solicitud sea inadmitida por la Corporación. Este punto es muy importante a la hora de analizar la sentencia de diciembre de 2014, con las obras ya paralizadas, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenaba al Ayuntamiento a pagar unos 13 millones de euros por la imposibilidad de explotar comercialmente el centro comercial. Teniendo en cuenta que el supermercado en ningún momento se podía abrir, y como recogía en ese fallo el voto particular de la jueza Inmaculada Rodríguez, a la UTE le tocó un “billete de lotería premiado” porque se hicieran o no las obras iba a obtener los mismos beneficios.

La paralización de las obras de manera definitiva en 2011 ha provocado que se haya tenido un efecto negativo en la realidad de la concepción urbanística del casco, que ha pasado de pretender hacer una gran superficie diáfana, en la que iba a estar todo interconectado, a un espacio gris, con un gran mastodonte en pleno pulmón del centro que ha asfixiado durante la última década a Santa Brígida.