El juego de trileros que permitió construir el 'mamotreto' de Santa Brígida

La pesadilla del centro comercial de Santa Brígida se acerca a su fin después de que el pasado mes de diciembre el Ayuntamiento haya recuperado el edificio, y el espacio donde está levantado, gracias a que la UTE que lo gestionaba no recurriera la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria en la que se fallaba a favor de la administración en el último pleito entre ambas entidades. La noticia fue recibida con alegría por el grupo de gobierno que, tras el desembolso en los últimos años de 20 millones de euros, por fin podrá darle uso al que se conoce como mamotreto en el centro de la Villa. Esto será el futuro, pero el pasado y el presente se traduce en que, de no haber sido por esta obra, Santa Brígida tendría una trama urbana homogénea, con una zona peatonal en la calle Nueva y una plaza con locales sociales y aparcamientos en los terrenos del antiguo campo de fútbol. Además, la calle Presbítero Blas Marrero tendría continuidad hasta la portada del mercadillo del pueblo. Sin embargo, todo esto se malogró y la realidad muestra que en pleno corazón de la villa hoy hay un esqueleto de centro comercial desde hace más de una década, un enorme mamotreto de hormigón que no solo asfixia el casco, sino que también ha ocupado una arteria que habría permitido oxigenar el tráfico del centro, privatizándola para un uso comercial que no estaba previsto inicialmente. ¿Cómo se permitió esto?, pues gracias a un juego de trileros con distintas modificaciones de proyectos que permitió levantar un edificio que estaba fuera de las Normas Subsidiarias (NNSS) que ordenaban el municipio.

Retrocediendo hasta la década de los 90, en las Normas Subsidiarias del municipio se recogía que en la enorme parcela del campo de fútbol, de más de 15.000 metros cuadrados, se debía construir un edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública y locales consistoriales. Y con esa idea en 1996 se aprobó el concurso para la realización de un anteproyecto para este equipamiento cívico. Un año después, en 1997, se quiso enriquecer la propuesta mediante la inclusión de locales comerciales, un parque urbano y unos multicines, para lo que el ganador del concurso, el arquitecto Waldo González-Sosa, tuvo que modificar el proyecto añadiéndole estos nuevos contenidos. Con esta alteración ya se abría la puerta para que el caramelo de tener un espacio comercial en el centro del municipio con mayor PIB de Canarias se hiciera realidad, lo que se cumplió gracias a la modificación de las NNSS en un pleno celebrado en el año 2001. En él se dio cobertura urbanística al anteproyecto con la recalificación del uso social a uso comercial de la parcela destinada a contener el edificio de dos plantas sobre la rasante de la plaza pública.

La realidad del inicio del milenio mostraba una parcela de uso comercial en superficie y de uso social bajo rasante, donde irían los multicines, explotación comercial donde la haya, a pesar de que fueron calificados con uso social-dotacional, término inexistente en las NNSS. Por tanto, en 2001 se recogía que los 15.000 metros cuadrados se iban a repartir de la siguiente manera: 7.018 metros cuadrados, que son los que lindan con el colegio público, destinados al parque urbano; 2.490,60 metros cuadrados en dos alturas para espacio comercial y 4.660 metros cuadrados de la parcela de uso social que se iban a destinar para la plaza pública, en las proximidades de la calle Nueva.

En 2002 se convocó el concurso público al que nadie se presentó porque las empresas no veían rentable la construcción de los multicines. Con esta situación, el Consistorio optó por abrir un negociado sin publicidad para que las distintas sociedades presentaran sus propuestas, las cuales debían ajustarse el anteproyecto diseñado por Waldo González-Sosa. Al final, la obra fue adjudicada en la mesa de contratación por 9,8 millones de euros a la UTE Santa Brígida, constituida por FCC, Saramema, Cura Riviera y EYSTA, quien en marzo de ese año presentó la plica (oferta) para la redacción del contrato en la que se incluía una unidad de alimentación (supermercado) de no menos de 900 metros cuadrados, así como la disposición de superficie comercial en la planta semisótano, lo que no estaba permitido en las NNSS. Sin embargo, una vez adjudicada la obra, la UTE desarrollaría una minuciosa estrategia de pequeñas y graduales transformaciones en los sucesivos anteproyectos y proyectos hasta llegar al proyecto final de implantación que realmente pretendía y que poco tenía que ver con el anteproyecto de Waldo González-Sosa Beltrá: un centro comercial sin multicines y cuyo motor económico fuera un supermercado de 2.200 metros cuadrados.

Multicines obligatorios que aparecen y desaparecen

Multicines obligatorios que aparecen y desaparecen En la plica, que incluía un proyecto realizado por el arquitecto José Bernárdez, la UTE Santa Brígida justifica su amplia experiencia en la construcción de aparcamientos, parques y jardines, pero a la hora de explicar los multicines, comenta en un escueto párrafo que “suponiendo que finalmente sea realizable la ejecución de la sala de multicines, se aportará debidamente la experiencia en explotaciones de este tipo”, una frase que dejaba prever las intenciones de no realizarlos a pesar de que eran de obligada ejecución. Más adelante señalaba que “un grupo experto” les había manifestado sus “dudas acerca del interés de esta implantación [por los multicines] desde el punto de vista de la rentabilidad” y que era necesario incorporar “un equipamiento lúdico-comercial” para que “esa instalación merezca la atención de las cadenas especializadas”. De esta manera argumentaban por qué era necesario construir un supermercado y hablaban continuamente de forma ambigua sobre los cines. Una vez que la UTE se asegura la concesión mediante su aprobación en el Pleno del 5 de junio de 2002, las referencias sobre los multicines desaparecen progresivamente de los sucesivos proyectos.

Posteriormente, en 2002, Bernárdez es reemplazado y la UTE contrata al estudio Aguirre y Asociados, que presenta en un proyecto previo los multicines sobre la plaza pública, quebrantando así el modelo planteado por el anteproyecto de González-Sosa en el que debía basarse y abriendo la puerta a la ocupación de la totalidad de la planta semisótano con una sala de 2.200 metros cuadrados destinados a uso comercial. En 2003 se realiza otra modificación del proyecto básico, en la que solo se hacía alusión a los “aparcamientos, locales comerciales y una plaza pública”, y que en la planta semisótano se iba a situar “el supermercado y los locales comerciales”. Ni rastro de los multicines ni del parque urbano, aunque el presupuesto de ejecución no se había reducido y se mantenía en los 9,8 millones de euros. De estos casi 10 millones de euros, 1,8 eran destinados solo para la construcción de las salas, pero por ninguna parte del proyecto se desglosa elementos que se debieran reflejar como el precio de las butacas o la sala de proyección, por ejemplo.

Lo que se deduce de esto es que la empresa desde el principio no quería dotar al centro comercial de estas instalaciones. Entre las pruebas contundentes, aparte de el dosier entregado a los posibles clientes, también está que en el estudio económico de la concesión no se hace mención a ellos (ni los ingresos, ni los gastos, ni por tanto los beneficios de la explotación de las salas), que los 1,8 millones de euros destinados para la ejecución de los mismos no se encuentran incluidos en el presupuesto de ejecución material, o la ausencia de un proyecto parcial en el proyecto de ejecución, con el detalle de cómo serían dichas salas. Realmente con estas numerosas dudas lo que la UTE logró fue diseñar un centro comercial a su antojo.

La privatización de una calle del pueblo

La privatización de una calle del puebloLa construcción de la superficie comercial de alimentación es el meollo de toda esta trama. Como ha quedado claro, la UTE no tenía interés en construir los multicines por no ser rentables. Sin embargo, fueron el caballo de Troya que permitió dotar a lo que en un inicio iba a ser un centro social de un supermercado que no tenía cobertura urbanística y que tuvo como efecto colateral el robo a los satauteños de la prolongación de la calle Presbítero Blas Marrero. Para llegar a esta conclusión hay que repasar una serie de antecedentes que así lo demuestran.

En la actualidad, 1.200 metros cuadrados del edificio abandonado están rebasando los límites de la parcela comercial inicial, lo que ha provocado el desplazamiento de la prolongación de la calle en 5,20 metros con respecto a la matriz de Presbítero Blas Marrero, que estaba previsto en las NNSS que se uniera con la entrada del mercadillo poniendo relación entre el casco y el Paseo del Guiniguada, cosa que ahora no hace a pesar de que en 1996 el pórtico del mercado se alineó con la calle en previsión de su futura conexión. Esta ocupación vial ha sido clave para impedir la peatonalización de la calle Nueva, que iba a dotar al casco urbano de una trama de la que ahora no goza, dejando espacio sin tráfico frente al Ayuntamiento y usando de desahogo del pueblo la vía que se iba a hacer. Con el desplazamiento de la calle también se ha ocupado espacio libre de la otra parcela en la que estaba previsto el parque urbano y en la que la UTE colocó las rampas de acceso a los aparcamientos del mamotreto, para lo que tampoco tenía permiso.

En esta ocupación es clave el papel que juega el arquitecto municipal de por entonces, José María Lupiola, y los miembros de la Mesa de Contratación, quienes habrían, presuntamente, mantenido oculto dos años que el proyecto iba a provocar el desplazamiento de la calle. En el año 2005 la UTE propuso que se legalizara la ocupación en una Modificación Puntual, pero esto fue denegado por la COTMAC en noviembre de 2008 alegando “falta de justificación del cambio de alineación teniendo en cuenta que la prolongación, según las NNSS, es poner en relación el casco histórico con la carretera, disminuyendo el tráfico de la calle José Antonio Primo de Rivera [hoy calle Nueva]”. Dos años antes, en 2003, en el Acta de Replanteo de Alineaciones y Rasantes, aprobada en pleno de junio, se intentó ocultar la existencia del desplazamiento del eje de la vía de nueva creación. Como demuestra la fotografía siguiente, se puede ver que la prolongación de la calle está oculta bajo el plano de la planta -2 del edificio.

En septiembre de 2005 el argumento esgrimido por Lupiola para justificar la desviación es que había medido la superficie de 7.018 metros cuadrados de la parcela del parque desde el muro del Colegio Juan del Río Ayala y en paralelo a la calle Nueva, que se había tomado como referencia para trazar las alineaciones, y que, como esa superficie estaba mal en la Modificación Puntual de 2001, se produjo el desfase en la alineación de la vía pública. En una correcta medición desde el muro del centro educativo hasta la calle desviada actualmente la superficie real es de 6.247 metros cuadrados y no 7.018 como debiera. Aparte, no hay que dejar pasar por alto que la referencia en el replanteo de alineaciones y rasantes debió ser el eje de la calle en vez del muro de la escuela. Además, en un informe técnico de agosto de ese año ya se había plasmado que en la plica de la UTE se evidenciaba “un desplazamiento en la embocadura con la alineación en continuación de la calle”.

En la Mesa de Contratación, celebrada en marzo de 2002 y que contó con la presencia del alcalde, Carmelo Vega; el concejal de Urbanismo, Carlos Sánchez; el concejal de Servicios Sociales, Antonio Ojeda; el concejal de la oposición Antonio Cabrera; el secretario general, Marcelino López; el interventor accidental, Santiago Hernández; así como el funcionario Pascual Suárez y el propio Lupiola, ninguno de los presentes opuso reparos a esta invasión de la calle. En el acta de ese día se recoge que el arquitecto redactor del proyecto, José Bernárdez, expuso “los aspectos técnicos y detalles del proyecto contenidos en la memoria y planos”. En estos ya se mostraba la desviación de la vía, pero en las actas no se recoge que ninguno de los presentes protestase por ello. Esa primera sesión concluyó con la petición de los informes técnicos de los servicios municipales de Urbanismo antes de celebrar la segunda sesión. Este informe concluye fallando “favorablemente” a la obra sin hacer mención alguna a la ocupación y pasando por alto que la construcción de un supermercado bajo rasante era ilegal.

En el pleno en el que se da luz verde a la construcción, celebrado en junio de 2002, el concejal Carlos Sánchez (PP) expuso que “la serie de equipamientos que se consideran con esta obra son la creación de una calle que unirá Presbítero Blas Marrero con la calle 18 de julio [hoy Paseo del Guiniguada], según mandato de las Normas Subsidiarias; como saben, con las normas se convierte en ley una vez están aprobadas, y es otro de los objetivos que nosotros cumplimos con la aprobación de este proyecto”. Por tanto, la exposición del encargado del área de Urbanismo daba a entender que se iba a conectar correctamente el casco con el mercadillo y de hecho insiste en que “tal como aparecen en las Normas, pues digamos que se conecta la calle, y así lo hacen en el proyecto y es también costo de la propia empresa”. Estas palabras de Sánchez chocan de frente con lo sucedido en marzo de 2003, cuando el político presentó a los miembros de su partido una infografía del centro comercial en la que claramente se ve la falta de alineación.

Tras este pleno, la UTE cambia de arquitectos y presenta un nuevo proyecto firmado por el estudio Aguirre y Asociados. En el primer plano que presentan, el desplazamiento de la vía está subsanado, pero en marzo de 2003 el proyecto de ejecución recoge la ocupación. A pesar de ello, en los informes técnicos conducentes y posteriores al visado del proyecto de ejecución el arquitecto municipal Lupiola informó positivamente que el proyecto se ajustaba a las ordenanzas y al Pliego de Condiciones. Precisamente, tal como denunció en los juzgados el concejal del PSOE Antonio Ramírez, mientras que el grupo de gobierno tuvo acceso a los planos finales del proyecto, la oposición solo tenía acceso a los informes técnicos de Lupiola de marzo y abril de 2003. Todo parece indicar que los miembros de la oposición solo pudieron consultar planos en los que se mostraba la calle alineada. De hecho, este concejal denunció también ante la Fiscalía las irregularidades que vio en todo el proyecto y no resaltó en su escrito la ocupación, aunque sí que la arquitecta municipal “no le ha dado tiempo a comprobar si el proyecto que está visado es el que se aprobó en su momento en la Comisión”.

Todas estas irregularidades fueron parcialmente reflejadas por la arquitecta municipal Ángeles Ley, quien en junio de 2003 redactó un dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo en el que, con un cuidado lenguaje, reflejó que en los informes preceptivos del expediente “no se ha comprobado que el documento visado sea copia fiel del ejemplar empleado en los informes a los que hace mención en los antecedentes” y que “en todo caso, el proyecto deberá ajustarse a las condiciones contempladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas objeto del concurso base de adjudicación”.

Este periódico contactó con el arquitecto municipal de entonces, José María Lupiola, hoy jubilado, para que aportara su versión en este reportaje. Sin embargo, ha emplazado su versión a 2020, cuando hayan pasado los diez años de la responsabilidad civil.