Los peritos médicos que han declarado este jueves en el juicio abierto contra los dos responsables de la residencia La Trinidad, de Las Palmas de Gran Canaria, por someter presuntamente a condiciones “infrahumanas” a 18 ancianos han manifestado que no hay indicios claros de maltrato a los mayores.
“Ninguno de los médicos que atendieron a los residentes detectaron maltrato por acción o por omisión”, ha manifestado la forense Eva Bajo a preguntas de la defensa, en la segunda sesión de la vista, que tiene lugar en el Juzgado de lo Penal número 1.
No obstante, ha explicado que en los informes médicos que ha elaborado de los residentes no consta que a los mismos se les hubieran efectuado controles diarios de las constantes vitales, como la tensión o la glucemia, en el caso de los diabéticos.
“Eso no quiere decir que no se hicieran”, tan sólo que no han quedado registrado en los informes, ha precisado.
De hecho, la perito se ha mostrado sorprendida porque algunos de los informes médicos presentados por la residencia estaban firmados por una diplomada en Enfermería y no por un médico.
La forense ha testificado que algunos de los residentes, que habían entrado antes del cierre, no habían sido controlados médicamente en la residencia, aunque ha reconocido que existían documentos médicos de otras instituciones sanitarias.
En cualquier caso, ha explicado que en los informes médicos de los ancianos no se ha detectado ningún indicio claro de maltrato, pero tampoco se ha podido saber si con otras atenciones hubiesen estado mejor.
En base a la historia clínica, “no hay datos médicos de que se haya descuidado a los residentes”, ha comentado la perito, quien ha afirmado que algunos de los residentes había emitido críticas sobre la comida al ser preguntados por ella, y así lo había hecho constar en los informes.
La médico ha explicado que nunca había visitado “La Trinidad” y que sólo ha hecho las valoraciones médicas sobre el estado de los residentes.
Según los informes del especialista sanitario de la residencia de San Lorenzo, en Telde (Gran Canaria), donde fueron reubicados algunos de los ancianos tras el cierre de La Trinidad, denunciada de forma pública por el programa nacional Diario D de Mercedes Milá, muchos de ellos presentaban en el momento de su ingreso un “estado aceptable, un poco desaliñado, y con escasa higiene”.
Aún así, Bajo ha indicado que varios de los ancianos tenían un cuadro de demencia senil severa, por lo que en algunos casos la interacción con ellos había sido imposible y, en otros, incluso los residentes ni se acordaban de haber estado en La Trinidad.
Junto a la médico forense han testificado este jueves dos de los cuatro peritos citados por el juzgado que lleva el caso.
Esos dos peritos, que habían trabajado como médicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) en el centro médico de “San José”, han reconocido ante la jueza que habían tratado a algunos de los ancianos de la residencia La Trinidad y que, en alguna ocasión, habían tenido que acudir al lugar, sin que notaran anomalía alguna.
Una de las peritos sí ha manifestado que hasta 2009 la relación médica con el personal de la residencia “era fluida”, pero que luego la persona de contacto ya no estaba y las gestiones se habían realizado con una ATS que tan sólo acudía al centro algunos días a la semana.
Es más, ha recordado que ella había atendido a varios de los mayores residentes hasta abril de 2010 y que, en los últimos tiempos, era menor la información que se le ofrecía desde la residencia sobre los pacientes, ya que tan sólo acudía a por la recetas electrónicas “el señor del pelo blanco” (en referencia al acusado Álvaro Calahorro), que no informaba de la situación de los pacientes.
La perito ha defendido también que en aspecto médico se controlaba las analíticas y la medicación de los ancianos, y que los análisis que se les habían realizado “estaban bien”.
Tras las declaraciones de los tres especialistas, la jueza ha suspendido el juicio hasta el próximo martes 14 de octubre.
Los dos hermanos acusados, Jesús María y Álvaro Calahorro, se enfrentan a penas de prisión de entre cuatro años y medio y cinco años por someter presuntamente a 18 ancianos a condiciones infrahumanas. En el caso de Álvaro Calahorro, también se le juzga por supuestamente abusar sexualmente de una residente.