Mogán permite a un familiar de la alcaldesa explotar un local comercial en un suelo de uso público
El Ayuntamiento de Mogán, gobernado por Onalia Bueno (Ciuca) y Pino González (PSOE), permite que un familiar de la alcaldesa explote un local comercial ubicado en una parcela de la Avenida de Las Artes (Playa de Mogán) que debe tener, según la normativa vigente, un uso socio-cultural y, además, ocupa parte de otra parcela de uso verde o espacio libre. La licencia municipal de obras para construir un edificio de ocho viviendas y tres locales la otorgó el consistorio en 2006, cuando gobernaba Francisco González (PP) y Bueno era la teniente de alcalde, a una entidad privada sin seguir el procedimiento legal, lo que implica, a juicio del arquitecto Joaquin Rodriguez, un presunto delito de falsedad en documento público, pues la parcela se inscribió en el registro de la propiedad mediante un informe del secretario municipal en ese momento en el que se manifestaba el cambio del uso de la parcela, cuando dicha modificación nunca fue llevada a cabo.
Rodriguez, que ejerció como arquitecto municipal durante 18 años en el Ayuntamiento de Ingenio y ha estado investigando durante varios años esta situación, considera que el consistorio moganero también incurre en un presunto delito de malversación de caudales públicos. En un acuerdo de la Junta de Gobierno del 30 de octubre de 2006 se le entregó a la empresa Mensana S.L. la parcela, valorada en más de 600.000 euros, a cambio de un solar de su propiedad en el que el consistorio quería construir una plaza; en ese convenio exigían al interesado el compromiso de acondicionar la parcela por un importe de 112.954 euros así como abonar 9.570 euros en concepto de saldo resultante a favor del Ayuntamiento de Mogán. Sin embargo, fue la institución pública la que ejecutó la obra, y lo hizo con fondos del Fondo Estatal de Inversión Local 2008, el llamado Plan Zapatero.
Rodriguez acudió a denunciar a la Fiscalía lo que el Ministerio Público denominó un “supuesto delito en la ordenación del territorio”, que archivó el caso al considerar que “los hechos denunciados no constituirán, per se, hecho delictivo alguno”. A pesar de la insistencia del denunciante, que provocó la reapertura del caso, el resultado fue sido idéntico. La última vía que ha tomado Rodríguez ha sido la de acudir al Juzgado Instrucción Número 1 de San Bartolomé de Tirajana en mayo del año pasado, donde espera que dé “trámite y depure posibles responsabilidades” para restablecer “la legalidad urbanística de la parcela, recuperando el uso público para el que fueron destinadas y consta en el planeamiento urbanístico en vigor”.
Persecución del Ayuntamiento de Mogán
Rodriguez asegura que ha sufrido una persecución por parte del Ayuntamiento de Mogán desde que presentó la primera denuncia, que comunicó al consistorio además de a la Fiscalía. Dice que el consistorio le ha obligado “constantemente a presentar reclamaciones, recursos y solicitudes de devolución de importes indebidamente cobrados, por incumplimientos reiterados de los procedimientos administrativos, saltándose toda la legislación”. Todo ello lo achaca a que “familiares de línea directa a la alcaldesa tienen intereses en el edificio ilegal que es motivo fundamental de la denuncia”.
El arquitecto comenzó su investigación cuando en 2014 el familiar de Onalia Bueno le denunció ante el Ayuntamiento de Mogán porque Rodríguez, que es propietario de un inmueble contiguo, instaló una pérgola. El propietario del local comercial afirmó que eso estaba “prohibido según las ordenanzas municipales” y además “perjudica gravemente la imagen del local que pone en explotación, causa grave perjuicio económico ya que impide que los viandantes y visitantes puedan apreciar los artículos de alta calidad expuestos en los escaparates”.
Sin embargo, no es hasta mayo de 2016 cuando Rodríguez recibe del Ayuntamiento de Mogán el inicio del expediente para proceder a declarar la extensión de la autorización municipal de ocupación de espacio público argumentando el incumplimiento de la normativa vigente: “No permisividad del anclaje de ninguno de los elementos de la terraza del pavimento”.
El arquitecto, tras una labor documental en la que fotografió a prácticamente todos los locales de Playa de Mogán, reconoce en ese mismo mes mediante escrito al consistorio que “estos incumplimientos” los puede entender, “lo que no es comprensible” es que esos criterios solo se les apliquen a él, pues en ese caso el Ayuntamiento de Mogán estaría ejecutando “criterios distinto de la ley”, lo que considera un trato “desigual, discriminatorio y de persecución respecto a los otros negocios”. Después de demostrar que “en torno al 95%” de los locales de la zona de Playa de Mogán no cumplía con la normativa, Rodríguez afirma que “dejaron de darle la lata”. Pero aún así continuó la investigación y tras años de litigios en diferentes administraciones esperar que “se restaure la legalidad urbanística”.
