Nueva Canarias (NC) ha culpado a la consejera de Bienestar Social del Gobierno autonómico, Inés Rojas, de ser la responsable de la pérdida de recursos que Canarias recibe del Ministerio de Sanidad para aplicar la Ley de la Dependencia y que supondrá “una merma de 1,6 millones de euros”, lo que implica una caída del 18,4% este año con respecto a 2010.
Para la formación esta caída de los recursos se debe a que en la distribución entre las distintas comunidades autónomas, el Estado “incentiva la aplicación de la Ley, el número de personas efectivamente acogidas, y penaliza la desidia y la negligencia”, según informó NC en nota de prensa.
“Rojas ha tenido la responsabilidad de esta área desde la pasada legislatura. Es la máxima responsable de que el Archipiélago esté a la cola en todos los parámetros de aplicación de la Ley como han demostrado los sucesivos informes estatales que se han hecho del nivel de desarrollo de la Ley de Dependencia por comunidades autónomas, tanto del IMSERSO como de los dictámenes del observatorio de la Dependencia elaborados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales”, apuntilló.
Por ello, Nueva Canarias ha afirmado que el Ministerio de Sanidad “castiga la negligencia y la ineficacia” del Gobierno regional para desarrollar la norma y se remite a los datos oficiales del IMSERSO, de 1 de julio de 2011.
En estos, añade, se observa que “mientras el total de beneficiarios (individuos que reciben una prestación) en el Estado es de 715.857 personas, lo que supone un porcentaje sobre el total de la población del 1,52%, en Canarias los dependientes que reciben alguna prestación son 9.716, el 0,46% de la población canaria”.
Al respecto, los nacionalistas señalan que Canarias es la comunidad con el porcentaje “más bajo de beneficiarios”, a lo que sumó que el archipiélago también se encuentra a la “cola en el número de dependientes que tienen reconocido el derecho a recibir una prestación (dictamen) en relación a la población: 29.009 canarios, el 1,37%, frente a 1.429.627 personas en el Estado, el 3,04%”.
En este sentido, recordó que si se tiene en cuenta que hay 29.009 dependientes canarios a los que se les ha reconocido su derecho a tener alguna prestación y sólo la reciben 9.716, “quiere decir que hay 19.393 personas que esperan por el Gobierno de Canarias para poder recibir la atención a la que tienen derecho”.
Añadió que los canarios son los que “más esperan” también para el reconocimiento de sus derechos, ya que también están “a la cola en el tiempo que se tarda en resolver los expedientes”.
Para el partido “se trata de un problema de mala gestión” del Ejecutivo canario, por lo que asegura “no vale que la consejera del ramo diga que los dependientes atendidos en Canarias no contabilizan en las estadísticas porque parte de ellos son atendidos por los cabildos”.
“La consejera reconoce con esas declaraciones el fracaso de la aplicación de esta Ley, ya que es su obligación lograr que las personas dependientes atendidas sean reconocidas como titulares de este nuevo derecho y para ello hace falta que sean evaluados según el procedimiento establecido”, apostilló.
Finalmente, apuntó que una gestión “más diligente y acorde con la distribución competencial” de Canarias hubiera consistido en “transferir la aplicación de la Ley a los cabildos, que ya tienen un estructura profesional para estos servicios, en lugar de duplicar y crear un nuevo departamento” en el Ejecutivo autonómico lo que provoca “más gasto”.