El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, ha reconocido este jueves que las reivindicaciones de los jueces españoles, que han anunciado una huelga para el próximo día 18 de febrero, requieren “soluciones estructurales” que “conviene empezar a estudiar”, a la vez que ha mostrado “total disposición” para participar en el diálogo cuando el Ministerio de Justicia invite a las Comunidades Autónomas a participar.
Así se expresó este jueves en rueda de prensa, preguntado por la posición del Ejecutivo regional en el conflicto que han abierto los jueces. Al respecto reconoció que existe “un problema estructural”. “Cualquier solución que se quiera plantear en el marco de las reivindicaciones de magistrados y jueces requiere soluciones estructurales que conviene empezar a estudiar”, dijo.
“Nosotros hubiéramos deseado que no se produjera una huelga con efectos inmediatos, entendemos que la vía del diálogo es la vía para llegar a acuerdos”, declaró Ruano, quien desde el Gobierno canario muestra “al Ministerio de Justicia la disposición absoluta” para incorporarse al diálogo “en cuanto reclame la presencia de las Comunidades Autónomas que tienen competencias en algunos aspectos de la tabla reivindicativa”.
“Las Comunidades Autónomas no hemos sido invitadas por el Ministerio a la mesa que tiene establecida con las asociaciones judiciales, y creo que ha habido por parte del Ministerio algunas manifestaciones que pueden haber resultado inconvenientes para el proceso de diálogo iniciado”, agregó.
Ruano no quiso augurar las consecuencias que el paro tendrá en Canarias, aunque si admitió que “la interrupción de cualquier servicio público no es nunca algo deseable”. “Hemos tenido huelgas de otros funcionarios y nunca es positivo que esto se produzca, pero no me pronuncio en si pueden o no porque es muy complicado”, apostilló.
No obstante, hizo referencia al hecho de que en estos momentos la tasa de resolución de conflictos en Canarias “es positiva”, en el sentido de que se resuelven más contenciosos de los que entran, aunque, eso sí, reconoció que la tasa de pendencia (asuntos pendientes del pasado) sigue siendo muy alta.
Asimismo, considera que en los últimos tres años ha habido un “avance importante” en cuanto a las dotaciones judiciales ya que se han creado en torno a unas 40 unidades judiciales nuevas.
Problema estructural
Teniendo en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas, afirmó que “hay soluciones desde el punto de vista material que pueden incorporarse perfectamente a cualquier tipo de plan”. Como ejemplo se refirió a la reivindicación sobre una nueva oficina judicial que, según Ruano, esto tiene que ver “con el cambio de modelo de la organización judicial”.
“En este momento cada juzgado es una oficina, con un juez, un secretario y una media de ocho funcionarios ?explicó- el modelo de la nueva oficina judicial tiende a unificar determinados servicios bajo la dependencia de un secretario judicial”.
En este sentido, indicó que este es un tema “muy complejo” teniendo en cuenta la diversidad de organismos que entran en juego, ya que están implicados el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Fiscal y las Comunidades Autónomas que tienen transferidas algunas competencias.