La ausencia de grúas en los helicópteros del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) que entraron en servicio el pasado 12 de noviembre en Canarias obligaron a los rescatadores que acudieron la pasada semana a auxiliar a un hombre de 72 años y nacionalidad alemana en el municipio palmero de Puntallana a saltar al mar desde el aparato sin mecanismo de enganche, un procedimiento que, según fuentes especializadas en el sector, no se realiza desde hace años, pone en riesgo la seguridad de los trabajadores y dificulta y demora los trabajos.
De hecho, los dos rescatadores tuvieron que ser finalmente recogidos junto al afectado por la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Canopus. “Se trata de un procedimiento no escrito, una actuación improvisada para salir al paso, que no asegura el rescate”, ha explicado a este periódico un piloto con una dilatada trayectoria en la prestación del servicio en la isla de El Hierro. “Sólo he realizado una actuación de esas características cuando empecé, en entrenamientos, pero en situaciones reales nunca, eso sólo se ve en Hollywood. Tenemos que estar enganchados al cable de la grúa, no podemos estar sueltos en el mar”, añade un rescatador que también acumula años de experiencia en el Archipiélago. Ambos prefieren no revelar sus identidades por las tensiones que se viven en las Islas desde que se produjo el cambio de adjudicataria.
Desde ese 12 de noviembre se han registrado otras incidencias que, en opinión de profesionales del sector, revelan las carencias de la nueva contrata, la UTE Eural- Hispánica de Aviación, y cuestionan la idoneidad de los nuevos aparatos para realizar las operaciones de rescate con la debida celeridad y seguridad. En intervenciones realizadas en el municipio gomero de Vallehermoso y en el lanzaroteño de Teguise, los heridos han tenido que ser trasladados hacia lugares donde los helicópteros podían aterrizar, una circunstancia que ha retrasado la atención médica a los afectados.
La prestación del servicio de atención de emergencias, protección civil y vigilancia con helicópteros en la comunidad canaria estaba en manos desde el año 2000 de Inaer Canarias, que cuenta con pilotos, copilotos y mecánicos en plantilla y que subcontrataba a los rescatadores y los operarios de grúa a través de la empresa Foresma.
Sin embargo, Inaer Canarias no se presentó al último concurso convocado por el Gobierno de Canarias por estar en desacuerdo con la cuantía del mismo (33,63 millones de euros). Con el convencimiento de que ninguna otra empresa con base de operaciones en España podía optar al contrato, la empresa confiaba en que el concurso quedara desierto y el Ejecutivo se viera forzado a prorrogar la adjudicación con una revisión al alza del precio. Pero hubo una licitadora, Eural-Hispánica de Aviación, a quien el Gobierno terminó adjudicándoselo a pesar de los recursos presentados por la anterior contrata.
El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) denunció desde el inicio del servicio (programado para el 11 de noviembre pero efectivo el 12 tras la supervisión de todo el material) que los nuevos helicópteros no reunían los requisitos necesarios para poder operar en el Archipiélago. Entonces alertaron de que tres de los cinco aparatos trasladados a las bases de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, La Palma y El Hierro no disponían de grúas, un elemento que, según los pilotos, se utiliza en el 100% de las intervenciones en el mar y en el 95% de las actuaciones en tierra.
Lo cierto es que sólo uno de ellos, el de Tenerife, tiene operativa la grúa, ya que el de Gran Canaria tampoco dispone de las certificaciones. “No es que no tengan grúa, es que no tienen capacidad para instalarlas. Son helicópteros de incendios, se han presentado sin medios y el Gobierno de Canarias ha hecho la vista gorda”, afirma el comandante de El Hierro, que insiste en la falta de seguridad de los aparatos y que considera “inconcebible” que tampoco dispongan de flotadores.
La contrata se escuda en que la legislación no obliga a tenerlos para intervenciones que se produzcan a diez minutos de la costa a velocidad de crucero. “No es lo mismo Murcia, que tiene 120 kilómetros de costa, que Canarias, que tiene 1.500 kilómetors y donde el 75% del tiempo de vuelo se realiza sobre el agua”, explica el piloto. “Son muy recomendables, los rescatadores están saliendo al paso como pueden, pero se están arriesgando más de lo que deberían”, tercia un trabajador de Gran Canaria.
Manifiesto y firmas en Change.org
Un grupo de profesionales del rescate con helicóptero en Canarias ha elaborado un manifiesto para advertir de la “grave situación” en la que se encuentra el servicio desde que se adjudicó a una empresa que, a su juicio, “engañó” al Gobierno regional para obtener el contrato, ya que no contaba con todas las autorizaciones de Aviación Civil para poder operar. Con ello, ha mermado “la calidad, eficiencia y rapidez de los rescates”.
El documento expone los supuestos incumplimientos del pliego de prescripciones técnicas, entre ellos las carencias descritas en el material de rescate y seguridad, y expresa dudas con respecto a la capacitación de los profesionales para realizar las tareas, dudas que “ya están en manos de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) para su inspección”.
Por otra parte, más de 800 personas habían firmado hasta este lunes por la noche una petición registrada por un usuario de la plataforma Change.org y dirigida al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, con la finalidad de que haga cumplir el pliego de prescripciones técnicas y “restituya inmediatamente el servicio en las condiciones que se venía desempeñando hasta el pasado 11 de noviembre”.
Cinco rescatadores sin funciones
De los 21 rescatadores que trabajaban con la anterior contrata en el Archipiélago, 16 presentaron su baja voluntaria para poder incorporarse a la nueva adjudicataria, que les había prometido la subrogación a partir de noviembre. Los otros cinco, uno de Gran Canaria, dos de La Palma y dos de El Hierro, permanecen en Inaer Canarias sin funciones y sin saber qué ocurrirá con su situación laboral a partir del 1 de diciembre.
Los trabajadores del GES denunciaron haber sufrido presiones y los vaivenes de informaciones contradictorias durante este proceso de cambio. “Unos nos decían que teníamos que irnos para hacer los cursos, otros que nos quedáramos porque se iba a prorrogar el contrato, era una situación muy delicada. Los trabajadores firmaron la baja sin tener garantizado por escrito que se respetarían sus derechos, sólo de viva voz. Ahora dicen que la empresa nueva no va a respetar la antigüedad. Y mientras, los que decidieron no marcharse, no saben qué va a pasar con ellos”, relata uno de los trabajadores.