La jueza Victoria Rosell se ha mostrado contundente al afirmar que la Justicia estará a la altura a la hora de defender los derechos de la ciudadanía, siempre que ostente la confianza de quien la demanda. Algo que no se consigue si “compadrea demasiado con el poder político y económico”.
La magistrada, exdiputada de Podemos y exportavoz de Jueces para la democracia participó la tarde este martes en la ponencia La Justicia en un estado social y democrático de derecho, celebrada en el Club La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria.
Rosell explicó que la función esencial de la Justicia en un estado social y democrático de derecho tiene que centrarse en defender los derechos fundamentales. Aunque tradicionalmente, esto ha conllevado a juzgar a quienes infringían las leyes, en la actualidad destaca la novedad de que “está llamada más que nunca a controlar los excesos de los otros dos poderes”. Es decir, el Ejecutivo y el Legislativo.
Sobre éste último, explica que en los últimos años se han aprobado “claramente leyes injustas, que podrían contrariar los derechos fundamentales”. Es el caso, argumenta, de la denominada Ley Mordaza aprobada por el Gobierno de Partido Popular (PP) y las devoluciones en caliente. Una práctica que define como “ilegal” pese a estar en la Ley, puesto que “echar a inmigrantes por la valla de Ceuta sin identificarlos y sin saber si son víctimas de trata, menores o abrirles un expediente y ponerles un abogado” es incompatible con respetar los derechos de estas personas.
Asimismo, hizo hincapié en que hay democracias que no soportan su propio derecho, especialmente en materia de refugiados, de violencia de género, o laboral. “Es tan bueno, que en realidad el propio Estado lo está incumpliendo”, lamentó.
Convivencia corrupta
La jueza puso el punto de mira en que una sociedad conviva con altas dosis de ilegalidad, a través de la corrupción política y cuestionó los motivos por los que un estado constitucional y democrático ha fallado.
“Ha fallado todo lo que tiene que ver con el partido político y el sistema de partidos, hasta el punto de que el poder judicial que, tradicionalmente por esencia, ha sido conservador, ha llegado a quedar como progresista de cara a la ciudadanía, cuando ha parado desahucios o anulado cláusulas abusivas o preferentes”, sostuvo.
Tal es la naturalidad de esta convivencia corrupta que, cuando el aparato político reacciona, lo hace contra los denunciantes, los testigos, los policías e, incluso, los jueces y fiscales, lamentó.
A su juicio, estos hechos muestran la necesidad de una rehabilitación institucional, tanto política, como ética. Además de estipular un control jurisdiccional, uno que nazca de las propias administraciones públicas y otro que emane de los propios ciudadanos.
El principal problema que se encuentran los jueces a la hora de combatir la corrupción se centra en la falta de medios ya que, según ironizó, “la Justicia va persiguiendo en un carro de caballos un ferrari de corrupción”.
Entre las situaciones que no ayudan a combatir la corrupción, señaló las filtraciones. En ese sentido, rememoró una inspección sorpresa en una administración pública, cuyos responsables ya habían sido avisados cuando llegaron las fuerzas de seguridad; al igual que lo había sido un investigado que dejó de hablar por teléfono justo cuando se ordenó intervenir sus llamadas.