El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado como imputado en el caso SGAE al compositor canario Caco Senante por haber cobrado de manera irregular 30.000 euros de la sociedad de autores por unos trabajos que supuestamente hizo para Canarias pero de los cuales consta muy poca información.
En un auto, el juez cita a Senante, miembro del Consejo de Dirección de la SGAE desde julio de 2007, por un delito de apropiación indebida el próximo 23 de septiembre, el mismo día en que también tomará declaración como testigos al ex secretario general de la SGAE Francisco Galindo Villoria, al exdirector de Socios Juan Nebreda Nicolás y al exdirector de Gestión José Manuel Macarro Arrojo.
Ruz explica en el escrito que la imputación responde a que, según informes de la Guardia Civil, el cantante pudo haber cobrado de la SGAE “de modo presuntamente irregular” en el periodo de tiempo de octubre de 2010 a junio de 2011 un total de 30.354 euros en nueve pagos.
Este dinero lo recibió emitiendo facturas a la SGAE a través de la empresa Algo Distinto SL por prestar servicios a la Comunidad Autónoma de Canarias, aunque según los informes “no hay constancia de que se formalizase en documento alguno” su contratación, ni tampoco las labores que tenía que realizar y las cantidades que iba a percibir.
De esta contratación, detalla el juez, no consta ninguna referencia en las actas del Consejo de Dirección de la SGAE, y además hubo un “escaso seguimiento” respecto de los trabajos que realizó y fue también “escasa” la información que el cantante presentó a la Sociedad General de Autores y Editores.
Con esta citación, el juez Ruz da un impulso a este caso contra la excúpula de la SGAE, iniciado en junio de 2011 con la detención de Eduardo Bautista, entonces presidente del Consejo de Dirección de la entidad, y en el que figuran como imputados el cantante José Ramón Márquez, Ramoncín, y el exdirector de la SDAE -filial digital de la SGAE- José Luis Rodríguez Neri, presunto cabecilla de la supuesta trama de desvío de dinero de este organismo.
En el escrito, el juez da además de plazo hasta el próximo 30 de septiembre a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Universidad Autónoma de Madrid para que presenten los informes que tienen pendientes, uno de ellos sobre las contrataciones entre la SGAE y varias empresas.
Entre las empresas figura Portal Latino SL, que supuestamente usó Ramoncín para poner en marcha un programa de televisión cuya realización la Guardia Civil no ha podido justificar con contrato alguno y que sospecha que nunca se hizo.
Otro de los informes que deben presentar es acerca del desarrollo de cinco proyectos informáticos gestionados por la SGAE (Proyecto Teseo, Proyecto Monitor, eLOS, SGS y Web SGAE) y de los proyectos informáticos vinculados a Portal Latino SL.
Las investigaciones realizadas en esta causa han constatado, según el juez, la existencia de un entramado de empresas creado por Neri que “se habrían venido beneficiando de una exclusiva contratación con algunas de las entidades del Grupo SGAE”, como la SDAE, Portal Latino o la propia SGAE, “constituyendo casi en forma exclusiva su principal fuente de ingresos”.
El supuesto desvío de fondos, según Ruz, se llevó a cabo mediante una trama empresarial “parasitaria” de la entidad “ideada” por Neri, aunque “autorizada, consentida y también impulsada” por Bautista, a quienes imputó un delito de apropiación indebida, otro de administración fraudulenta y un tercero societario.