Ana y Juan (nombres ficticios) están confinados en casa por ser positivos en COVID-19. Su hijo está en buen estado de salud, pero mantienen las máximas cautelas ante la posibilidad de que se contagie cuando finalicen sus días de alta y quedar en la incertidumbre de quién cuidará de él. Las dificultades de conciliación se han convertido en uno de los problemas que ha vuelto a evidenciar la pandemia, un rol que siguen supliendo las mujeres (en el Archipiélago el 78% de los contratos parciales los ocupan ellas, por ejemplo). Canarias ha registrado en solo unos días (desde que se puso en funcionamiento el nuevo sistema) más de 11.413 incapacidades temporales a personas que están pasando la enfermedad. Se trata de todo un reto en una comunidad donde la dependencia del turismo le obliga a vivir en la incertidumbre laboral ya que la pandemia condiciona las reservas y donde pese a los mejores datos de paro cosechados en los últimos meses, la tasa de temporalidad sigue siendo del 29%, un aspecto que se pretende paliar con la nueva reforma laboral.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que de los 11.413 expedientes tramitados, 10.254 se corresponden con personas positivas menores de 45 años con sintomatología leve y el resto, 1.159, personas que han sido contacto estrecho y tienen que realizar cuarentena por no estar vacunadas, no tener la pauta de vacunación completa, no haber pasado la enfermedad en los últimos 180 días o bien pacientes inmunodeprimidos que han sido contactos estrechos con casos positivos. A esta cifra se le suma que según datos de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, el 10% del personal público se encuentra de baja laboral. Se trata de unos 1.200 pertenecientes a distintos sectores de la Administración, además de unos 2.000 sanitarios y 1.657 docentes (según datos de este jueves). En el sector privado ni las patronales, ni la Consejería de Empleo o los sindicatos disponen de momento de datos oficiales y tampoco de cuántos contratos de sustitución se han acordado. No obstante, desde CCOO apuntan que hay delegaciones que están informando de que se encuentran trabajando con un 50% de la plantilla.
Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de CCOO en Canarias, señala que el mes de diciembre y principio de enero llegó a ser muy angustioso ya que las personas contagiadas o que habían sido contacto estrecho en plena época de fiestas navideñas se encontraban con un teléfono de atención muy colapsado, por lo que vivían en la incógnita de qué debían hacer, si guardar cuarentena o presentarse en el puesto de trabajo. “Nos llamaron muchísimos trabajadores desesperados preguntándonos: ¿qué hago? Había mucha incertidumbre y miedo por el nivel de precariedad que hay en Canarias”, destaca. Explica que los trabajadores y trabajadoras de empresas más pequeñas o relacionadas con las fiestas navideñas se vieron en una situación de incertidumbre mayor ya que no querían generar un contratiempo en su empresa. “Nosotros les decíamos que ante todo está la salud pública”, subraya.
Desde la pasada semana celebra que se hayan agilizado los protocolos para dar altas y bajas y destaca que las respuestas en el número de atención 900-112-061 han mejorado en este sentido. Afirma que el protocolo ha cambiado para poder descongestionar de esa carga burocrática a la atención primaria, que “ha pasado un mes muy complicado”. En este sentido, recuerda que la pandemia está afectando mucho a la salud mental de la población en general, a los trabajadores y trabajadoras y en especial al personal sanitario.
Por su parte, el protocolo en los colegios también ha cambiado, aunque la máxima sigue siendo la presencialidad. Según el documento de Salud Pública se recalca que los centros “son seguros” y se añade que la población infantil tiene menor riesgo de padecer de forma más grave la COVID-19. “Es importante también tener en cuenta el impacto sobre la conciliación familiar y laboral así como el riesgo para potenciales cuidadores vulnerables puede tener el cuidado de los niños pequeños en situación de cierre de aulas o colegios”, justifica. Así, se deberá guardar aislamiento solo si los contagios en el aula superan los cuatro y el menor no se encuentra vacunado (situación en la mayor parte de los menores de 12, que cuentan aún con una sola pauta). Para los contactos estrechos en el ámbito familiar el protocolo es el mismo que en las personas adultas, debiendo guardar cuarentena los no vacunados o personas de riesgo. Los contagios entre menores vuelven a poner de manifiesto la falta de políticas de conciliación.
Una vuelta al trabajo segura
Carmen Marrero señala que desde el sindicato estarán muy vigilantes con que la vuelta a los centros de trabajo sea segura. Destaca que se debe garantizar que los empleados que padecen la enfermedad se encuentren totalmente recuperados a los siete días, ya que hay casos en los que esto no sucede. En estas situaciones ve fundamental que el afectado pueda volver a llamar al teléfono COVID-19, que haya posibilidad de que lo cogan para notificar que después de esos días tiene síntomas y lo valoren para ver si es mejor que le den el alta o no. “Pretendemos que se reincorporen todos los trabajadores y trabajadoras en las mejores condiciones”, subraya.
Por otro lado, apunta la necesidad de que se revisen los protocolos COVID “que todos los centros de trabajo tenían en vigor y que como la situación fue mejorando se fueron relajando muchísimos de esos aspectos”. Así mismo, aboga por volver a activar determinadas medidas, que se mantenga la distancia, la protección con mascarillas, la higiene y que en determinados momentos se pueda teletrabajar y evitar organizar el trabajo de manera que no coincidan muchas personas en un momento determinado, además de tener en cuenta desde los servicios de prevención de riesgos laborales a los trabajadores que tienen patologías previas, que son especialmente sensibles frente a la COVID.